A solo días del plebiscito de este 17 de diciembre, desde Nada Sin Nosotras alertamos que con la propuesta constitucional la Ley de Responsabilidad Parental (o ley «Papito Corazón»), podría ser declarada inconstitucional. 

La Ley de Responsabilidad Parental, vigente desde mayo de este año, permite que, en caso de no tener fondos en cuentas bancarias u otros instrumentos financieros, se retengan los fondos de pensiones (AFP) de quienes adeuden pensiones alimenticias, para así saldar esa deuda con sus hijas e hijos. Esto, entre otras medidas que buscan que se cumpla con el pago de la pensión alimenticia. 

En la propuesta constitucional, el artículo 16 n°28 en su letra b) señala que en ningún caso (las cotizaciones previsionales) podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Con esta norma se podría declarar inconstitucional la ley “papito corazón” y así impedir la retención de los fondos de pensiones de deudores y su transferencia por orden judicial a quien tiene la custodia de los hijos/as. Niños y niñas cuyos padres no están al día con su deuda de pensión alimenticia podrían continuar en esta situación. 

1. Paridad

2. Cuidados

3. Derechos sexuales y reproductivos

4. Vida libre de violencia de género

5. Derechos laborales

6. Igualdad y no discriminación – Transversalización del enfoque de género

7. Derechos Humanos

Te invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter donde publicaremos más información en estos últimos días antes del plebiscito constitucional.

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó nuestra agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas, creemos que con la propuesta constitucional se perdió la oportunidad de garantizarla. 

El texto no hace referencia específica a la violencia de género que viven mujeres y niñas en el ámbito público y privado, no explicita el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia ni mandata al Estado a realizar todas las acciones necesarias para garantizar ese derecho, erradicando las violencias hacia mujeres y niñas. Se perdió la oportunidad de incluir la obligación del Estado para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y proteger, brindar atención integral y reparación a las víctimas. 

Además de ello, cuando asegura el acceso a la justicia, el texto explicita que para la “asesoría y defensa jurídica gratuitas” se dará preferencia a ciertos delitos entre los que no está la violencia de género, lo que implica que no estará garantizada la representación jurídica. Esto aun cuando las cifras y testimonios dan cuenta de que la violencia de género sigue en aumento y cruza la experiencia de vida de mujeres y niñas.

Solo como ejemplo, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, disponibles en la web del Centro de Estudios y Análisis del Delito (https://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/) las denuncias de violencia intrafamiliar entre el 2018 y el 2022 aumentaron en un 39% y las denuncias de violencia sexual se incrementaron en un 57%. Por otro lado, según la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada en 2019-2020, 2 de cada 5 mujeres declaró haber vivido una o más situaciones de violencia a lo largo de su vida, ejercida por su pareja, ex pareja o algún familiar.

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó la agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto a los derechos laborales, se perdió la oportunidad de asegurar un trabajo digno para todas las personas. Aquí te explicamos por qué.

En primer lugar, la propuesta asegura (en el artículo 26) el derecho al trabajo decente, pero lo incluye solo en el marco de una relación laboral formal, lo que deja fuera y no asegura los derechos de las y los trabajadores informales o quienes trabajan sin un contrato (como trabajadoras/es a honorarios). Cabe mencionar que, según el último Boletín de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (trimestre julio-septiembre de 2023), la tasa de ocupación informal alcanzó un 26.7% del mercado laboral y esta situación afecta en mayor medida a las mujeres. Por otro lado, según la última Casen (del año 2022) un 12,6% de las y los trabajadores dependientes trabajan sin contrato.

Sobre la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, la propuesta indica “(…) se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad con la ley.” Esta disposición no se adecua a los estándares internacionales en la materia, específicamente a lo que mandata la OIT respecto a la obligación de los Estados de garantizar «la igualdad salarial entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor» pues prohibe la discriminación sólo cuando se trata del  mismo empleador y cuando existe “discriminación arbitraria», lo que podría llevar a justificar ciertas conductas discriminatorias que serían justificadas y obviar diferentes expresiones de discriminación directa e indirecta en el acceso, permanencia, ascenso y trato en el ámbito laboral.

Finalmente, algunos organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han señalado como preocupante la forma en que se establece el derecho a huelga en la propuesta constitucional. Esto, porque solo la permite en el marco de la negociación colectiva, la cual se da cada dos o tres años aproximadamente.

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó nuestra agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto a la paridad, creemos que se perdió la oportunidad de garantizar que las mujeres participen de forma igualitaria a los hombres en todos los espacios de toma de decisiones. 

En el artículo 2 de la propuesta constitucional se señala que “la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. No reconoce la paridad como principio, solo hace referencia a la necesidad de favorecer el acceso equilibrado de mujeres y hombres en las candidaturas de cargos de elección popular. 

Esto tiene dos problemas: por un lado, solo hace referencia a las candidaturas, lo que mantiene el sistema de cuotas electorales y no asegura que las mujeres integren estos espacios como lo hace la paridad de salida, que obliga a hacer las correcciones para que los órganos finalmente sean integrados de forma paritaria. Por otro lado, solo habla de los cargos de elección popular, dejando de lado espacios del Poder Ejecutivo (como Ministerios), del Poder Judicial (quienes integran las Cortes y tribunales) y ni siquiera hace mención al sector privado (como las empresas).  

Como plataforma Nada Sin Nosotras ingresamos una iniciativa popular de norma donde la paridad se definía como principio de nuestra democracia. Al establecerlo como tal, todas las políticas públicas debían apuntar a la igualdad entre hombres y mujeres. Además, establecía como deber del Estado el acceso igualitario en los espacios de toma de decisión. Lamentablemente, la norma no fue incluida en el texto. 

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras les compartimos nuestra revisión del abordaje en el texto propuesto de nuestra agenda feminista y de derechos humanos. Consideramos que se perdió la oportunidad de establecer que en nuestro país el Estado, como administrador de las aspiraciones comunes, buscará asegurar la igualdad real entre todas las personas.

Si bien en el artículo 16 de la propuesta constitucional se establece la igualdad ante la ley, ello no es suficiente para asegurar la igualdad real: los mismos resultados para todos y todas. Sabemos que las políticas públicas se crean bajo la idea de la universalidad, pero que esa noción no considera las condiciones y necesidades diferentes de las mujeres, mucho menos de otros grupos discriminados. 

Al no incorporar un enfoque de género, el texto no se hace cargo de que cualquier acción del Estado, ya sea de legislación, políticas o programas, tiene impactos distintos en hombres y mujeres y muchas veces perpetúan discriminaciones estructurales que afectan a las mujeres. En la Constitución se pudo haber mandatado al Estado a realizar las correcciones e implementar las medidas necesarias para que el resultado de su gestión tenga los mismos resultados para toda la sociedad.

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó nuestra agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos podemos decir que estos no se aseguran de ninguna forma. 

• Interrupción voluntaria del embarazo y objeción de conciencia

Mucho se ha comentado sobre el riesgo que corre la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales con esta propuesta constitucional. Esto es por dos razones: por un lado, el artículo 16 señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y que la ley “protege la vida de quien está por nacer”. Al cambiar el vocablo “del que” (como está escrito en la Constitución actual) por “quien”, se intenta atribuir el estatus de persona a la vida que es previa al nacimiento, por lo que se le podría aplicar a esta la misma protección de quienes ya nacieron. Esto desconoce los estándares internacionales en la materia y abre la puerta a interpretaciones que podrían significar retrocesos en la ley de aborto en tres causales. 

Por otro lado, la propuesta constitucional pone al mismo nivel la objeción de conciencia con otros derechos fundamentales y no especifica si tiene carácter individual o institucional. Hay que recordar que la objeción de conciencia es, en palabras simples, un permiso que da la ley para no cumplir la ley, por lo que debe ser algo absolutamente excepcional y personal (ya que una institución no tiene conciencia). Además, dada la experiencia, la norma de objeción de conciencia podría ser utilizada como argumento para negarse a realizar otras prestaciones de salud como la entrega de anticonceptivos, esterilización quirúrgica y anticoncepción de emergencia, entre otras.

• Interés superior del niño y rol de la familia

El artículo 12 de la propuesta “reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible”, lo que trae diferentes dimensiones problemáticas. En primer lugar, al reconocer como niño a “todo ser humano menor de dieciocho años” puede poner en peligro la ley de aborto en tres causales, dado que serviría para aplicar a la vida en gestación la protección que en derecho corresponde solo a las personas, y se suma a lo comentado en el punto anterior sobre el cambio a la protección de la vida de “quien” está por nacer.

En segundo lugar, la prioridad de la familia en determinar el interés superior de las niñas y niños implica que estos podrían restringir, limitar o derechamente prohibir el acceso de sus hijas e hijos a educación en sexualidad, prestaciones de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, entre otros, si estiman que aquello va en línea con el bienestar de sus hijas e hijos. La propuesta asume que lo determinado por la familia siempre estará alineado con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sin embargo la evidencia nos indica que este no siempre es el caso, por ejemplo, en materia de abuso sexual infantil. 

• Educación sexual integral

Sobre educación sexual integral, el artículo 16 en su numeral 13. a) señala que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, lo que puede permitir que las familias y comunidades educativas se opongan en un futuro a la incorporación de ciertos contenidos relevantes como la educación sexual integral. Sumado a esto, el numeral 23. b) habla del derecho preferente y el deber de los padres y tutores legales para educar a sus hijos y elegir el tipo de educación, lo que si bien en principio aparece como razonable, preocupa en la medida que puede constituir un riesgo al habilitar la omisión u oposición a incorporar determinados contenidos a criterio exclusivo de los padres y tutores.

Además, en el artículo relacionado a la libertad de enseñanza preocupa especialmente el que, en pos de “una diversidad educativa”, los contenidos mínimos fijados por el Estado para la educación parvularia, básica y mínima sólo comprenderán la mitad de las horas lectivas de la jornada escolar. También señala que los contenidos propuestos por cada establecimiento tendrán requisitos mínimos que “estarán referidos únicamente a conocimientos esenciales y compatibles con la pluralidad de proyectos educativos”. Todo lo anterior es preocupante porque, por un lado, al reducir los contenidos fijados por el Estado a la mitad de las horas lectivas, podría dejarse de lado la educación sexual integral u otros tópicos fundamentales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y, por otro lado, el que los requisitos mínimos estén sujetos a la “compatibilidad con la pluralidad de proyectos educativos” podría ser utilizado para eximirse de la incorporación de las temáticas mencionadas.

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó nuestra agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto a los derechos humanos, específicamente los contemplados en los tratados internacionales que Chile ha ratificado, se perdió la oportunidad de darles jerarquía constitucional.

¿A qué nos referimos con esto? A que si bien la propuesta reconoce los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile, no les otorga jerarquía constitucional, lo que en palabras simples significa que si la Constitución señala algo y los tratados otra cosa, valdrá más lo que dice la Constitución. Esto es especialmente preocupante, considerando que además el texto consagra de manera insuficiente algunos derechos como la salud, educación, trabajo decente, etc. 

Por otro lado, el texto no le da autonomía al Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo clave para velar por el cumplimiento de los deberes del Estado en materia de respeto, garantía y promoción de los mismos. 

A solo semanas del plebiscito donde la ciudadanía decidirá si está a favor o en contra de la propuesta constitucional, desde Nada Sin Nosotras hacemos un análisis de cómo se abordó nuestra agenda feminista y de derechos humanos en el texto. En cuanto a las labores de cuidado podemos decir que se perdió la oportunidad de establecer que el Estado y el sector privado también son responsables de los cuidados, no solo las familias y las mujeres. 

El artículo 13 de la propuesta señala que “la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado”. 

Si bien se reconoce el valor del cuidado, no se reconoce como derecho, lo que no permite que se consagre de manera universal para todas las personas. Al hablar de promover (a diferencia de la obligación de proteger o garantizar los cuidados), no obliga al Estado a crear una política pública concreta, con servicios, infraestructura, financiamiento y medidas de protección social.

Por otro lado, el artículo 37 señala que “la familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza”. Esto mantiene los cuidados como responsabilidad exclusiva de la familia y, en especial, de las mujeres, al asociarlo con la maternidad y la crianza. Esto conserva la distribución desigual de las tareas de cuidados, lo que tiene como resultado una alta carga de trabajo para las mujeres en comparación a los hombres, perjudicando sus posibilidades de desarrollar sus propios proyectos de vida. Además, al focalizar el apoyo estatal exclusivamente en la maternidad y crianza se deja de lado otro tipo de cuidados como el de personas adultas mayores, en situación de discapacidad o con enfermedades graves. 

Recordemos que durante el mes de participación ciudadana establecido para este proceso constitucional, Comunidad Mujer, el núcleo constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y Yo Cuido presentaron una Iniciativa Popular de Norma que hablaba del derecho al cuidado, siendo una de las primeras en reunir diez mil firmas y ser presentada ante el Consejo. 

Esta propuesta establecía en su primer numeral que el Estado reconoce el valor y la función social de los cuidados y promueve la corresponsabilidad social desde las familias, las comunidades y el Estado. Además, incluía implementar un sistema integral de cuidados y la obligación de garantizar los derechos de las personas que cuidan, entre otras cosas. Esta iniciativa no fue aprobada y no quedó en el texto constitucional. 

En ese sentido, si bien es un avance que se hable de cuidados en la propuesta constitucional, se perpetúa el modelo existente que no contribuye a reconocer, redistribuir, reducir y recompensar el trabajo de cuidados.

Con una mirada desde la juventud sobre el proceso constitucional, los activistas se refirieron a la tramitación y recibimiento de las IPNs por parte del Consejo Constitucional, aunque solo la iniciativa “Chile por los Animales” logró inspirar una norma de la propuesta. Por el contrario, la IPN “Derechos sexuales y reproductivos” no pasó de la primera fase con su discusión en particular.

Desde la Fundación Derecho y Defensa Animal, Escrig, valoró la inclusión a la propuesta de la IPN presentada: “La norma resulta muy positiva, porque consagra el deber del Estado de promover una educación basada en la empatía con los animales, porque al final del día, la legislación y la cultura tienen que trabajar en su conjunto”. A pesar de la recepción positiva de la IPN, el representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal, reparó en que la propuesta consagra cosas que no están a favor de los animales, como el deber del Estado en proteger los deportes criollos, que incluye por ejemplo, al rodeo y a las carreras de perros.

Por su parte, De La Sotta, consideró que “querer evadir constantemente la composición sexual de ciertos derechos es un retroceso cultural al cual muchas personas le temen con lo que está pasando en esta propuesta de nueva Constitución”. Y agregó: “Gran parte del rechazo del proceso pasado no se debe a este tipo de temas (…) no podemos olvidar que hay un grave conflicto de representatividad y de reconocimiento de la diversidad en el Chile actual” .

Escucha el resto de las intervenciones en Spotify como La Informante  y en el canal de Youtube.

Este programa llega gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.