El nuevo documento “35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos” ofrece una mirada profunda sobre las transformaciones del movimiento feminista en Chile desde 1990 hasta hoy.
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Se conversó respecto a las dificultades que atraviesan las mujeres para participar en política, como la falta de recursos, el tener que hacerse cargo de las tareas de cuidado y crianza, la falta de visibilidad y apoyo de los partidos, entre otras.
El feminismo ha transformado la política, la cultura y las instituciones. Pero la vida de las mujeres sigue marcada por desigualdades estructurales. Estamos hablando poco públicamente, y eso también es un síntoma. Es tiempo de volver a escribir, de levantar nuestras voces y de disputar sentido en el espacio público. No hay democracia sin nosotras, pero tampoco sin nuestras palabras.
Cada dos meses, Guacolda Saavedra se reunía con la Agrupación de Mujeres Territorial de Curepto, en el centro cultural “La Casa de Todos”. Llegaban mujeres mayores de 50 años, muchas de sectores rurales. Guacolda las lideraba con la experiencia de quién dedicó su vida por los derechos de las mujeres.
En México, los Estados de América Latina y el Caribe aprobaron el Compromiso de Tlatelolco, que reconoce el derecho al cuidado como derecho humano y coloca la igualdad de género en el corazón del desarrollo hacia 2035.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/25, el primer pronunciamiento regional que protege a quienes enfrentan afectaciones sociales, económicas y emocionales por tener familiares encarcelados, con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La perspectiva de género no es un adorno: es un enfoque que debe cruzar todo el trabajo legislativo, evaluando el impacto real y diferenciado que tienen las leyes en las personas, sin discriminación por género o responsabilidades familiares.
En un fallo histórico, la Corte IDH declaró que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado. La decisión obliga a los Estados a garantizar políticas públicas y servicios de salud sexual y reproductiva que hagan efectivo este derecho.
“El sistema actual de tres causales no cubre la realidad de miles de mujeres, niñas y personas gestantes en Chile. No podemos seguir postergando una ley que proteja la salud, la dignidad y los derechos de quienes deciden interrumpir un embarazo”, afirman las organizaciones.
24 agrupaciones entregaron carta al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que proyectos que afectan a mujeres y niñas sean derivados desde el inicio a comisiones especializadas, como la de Mujeres y Equidad de Género.

