En un fallo histórico, la Corte IDH declaró que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado. La decisión obliga a los Estados a garantizar políticas públicas y servicios de salud sexual y reproductiva que hagan efectivo este derecho.
El 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva 31, en la que por primera vez reconoció que el cuidado es un derecho humano autónomo. Este pronunciamiento establece que todas las personas tienen derecho a cuidar, a recibir cuidado y a practicar el autocuidado, sentando un precedente histórico en materia de derechos humanos.
La Corte enfatizó que este derecho está directamente vinculado con la salud sexual y reproductiva, lo que implica que los Estados deben garantizar acceso a información y servicios de calidad que permitan tomar decisiones libres e informadas sobre aspectos fundamentales de la vida, como el embarazo, el parto y la maternidad.
El tribunal subrayó que la carga desigual del cuidado —realizada en gran parte por mujeres— profundiza las desigualdades de género y limita la autonomía reproductiva. Además, destacó la necesidad de enfrentar los estereotipos y adoptar políticas públicas con enfoque interseccional que promuevan la distribución equitativa del cuidado, incluyendo licencias de paternidad equiparables, flexibilidad laboral, redes comunitarias de apoyo y reconocimiento del valor económico del cuidado.
Organizaciones feministas y de derechos humanos que impulsaron este pronunciamiento, como el Centro de Derechos Reproductivos e Ipas Latinoamérica y el Caribe, valoraron la decisión como un avance histórico hacia la igualdad de género y la justicia social.
La Opinión Consultiva 31 constituye un hito para América Latina y el Caribe, al reafirmar que el cuidado no es solo una responsabilidad familiar o individual, sino una responsabilidad colectiva que involucra a Estados, comunidades, empresas y sociedad civil.
Con este fallo, la Corte IDH coloca el cuidado en el centro de la agenda de derechos humanos y marca un paso decisivo hacia sociedades más justas e igualitarias, donde vivir, decidir y cuidar en libertad sean una realidad para todas las personas.
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