La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/25, el primer pronunciamiento regional que protege a quienes enfrentan afectaciones sociales, económicas y emocionales por tener familiares encarcelados, con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El 19 de agosto de 2025, la CIDH aprobó la Resolución No. 2/25 sobre los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las personas privadas de libertad. El documento subraya que quienes tienen familiares encarcelados —en su mayoría niñas, niños y adolescentes— sufren graves impactos sociales, económicos y emocionales, como la ruptura de lazos de protección, obstáculos para mantener contacto adecuado, pérdida de cuidados, discriminación y estigmatización.
Se trata del primer pronunciamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre esta materia, lo que marca un precedente en la región. La Resolución orienta a los Estados a revisar sus políticas penitenciarias para garantizar derechos como:
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Mantener y proteger los vínculos familiares.
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Incorporar la perspectiva de las familias en programas penitenciarios.
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Asegurar que las personas privadas de libertad estén recluidas en lugares cercanos a sus familias.
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Garantizar acceso a la información para los familiares.
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Prevenir y sancionar la violencia contra quienes integran estas familias.
La CIDH destacó la importancia de proteger de manera prioritaria a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y mujeres, frente a las consecuencias de la privación de libertad de un familiar.