En nuestro compromiso por el voto informado, desde Nada Sin Nosotras, en conjunto con Corporación Humanas, te invitamos a revisar cómo  han sido establecidos en la propuesta de nueva Constitución los derechos fundamentales para las mujeres. En este brochure encontrarás los artículos de derechos de las mujeres y qué significan en un sentido práctico.

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Corporación Humanas lanza original campaña en apoyo al voto informado de cara al Plebiscito de Salida. Con especial énfasis en la generación de jóvenes que vota por primera vez.

“Es más rápido leer los artículos sobre Derechos Sexuales y reproductivos que lograr el delineado perfecto”. “Acompaña tu lectura del artículo 92 con los 3.30 minutos más icónicos de la cultura musical chilena: Corazones Rojos”. Estas son algunas de las singulares propuestas de la Corporación Humanas para promover el voto informado en la ciudadanía de cara al Plebiscito del 4 de septiembre. 

“Las mujeres hemos tenido un rol transcendental en el proceso constitucional. Las feministas hicieron posible la paridad de género en la Convención Constituyente y luego la incorporación sustantiva en la propuesta constitucional de una agenda de demandas históricas para concretar y hacer realidad la protección y el reconocimiento de nuestros derechos. En este etapa, promover el voto informado y la participación activa de las jóvenes en el plebiscito del 4 de septiembre, resulta fundamental para dar sostenibilidad a un escenario en que las mujeres se han constituido como un sujeto político visible, protagónico y con capacidad de decidir sobre el curso que tomarán las transformaciones exigidas por la ciudadanía”  afirmó Mariela Infante Erazo, Directora de Corporación Humanas.

VOY es una campaña por el voto informado organizada por la Corporación Humanas desde su plataforma Nada sin Nosotras y la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena. Su objetivo es informar con un lenguaje amistoso, coloquial y cercano e invitar a revisar el nuevo texto Constitucional, acompañado de un despliegue territorial con material informativo sobre las propuestas más relevantes para  mujeres y jóvenes, como es el derecho a vivir sin violencia o la Educación Superior. 

La idea es estimular de manera fresca a buscar información de primera fuente y quitarle el peso del tiempo que se ocupa en ello u otras cargas que alejan a las personas de involucrarse en esta decisión país. Así, a la hora de votar, las y los ciudadanos puedan tomar una decisión lo más informada posible. Me informo, me pongo vía, y al 4 de septiembre yo VOY, es una invitación y un guiño al público para “no perderse por nada”  este plebiscito. 

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Los resultados, recopilados en el estudio Nueva Constitución y Mujeres: “Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos”, terminaron siendo una radiografía a las expectativas y percepciones de las chilenas respecto al aporte que puede llegar a ser en sus vidas cotidianas la nueva Constitución, y develaron que un 53,8% de las 1.000 mujeres encuestadas, estima que la nueva carta tendrá un gran impacto en el avance de sus derechos. Un 33,5%, en cambio, cree que tendría un impacto menor y un 12,7% considera que no tendrá impacto alguno. A las mujeres que sí consideran que la nueva Constitución tendrá un impacto en sus derechos (tanto grande como menor), se les preguntó, a su vez, con qué tendencia política se identificaban y cuáles eran los derechos en los que creían que se iba a poder avanzar. Las respuestas revelaron que según lo que se espera, se iba a avanzar en igualdad salarial, maternidad voluntaria, derecho al cuidado y una vida libre de violencia, en ese orden y de manera transversal, independiente de la posición política.

Como explica la directora de Humanas, Mariela Infante, esas respuestas dejaron en evidencia que hay ciertos temas que se han instalado como relevantes y que tienen que ser recogidos en las agendas de los candidatos presidenciales y en la de los constituyentes. “Lo que vemos es que hay expectativas positivas y que un grupo no menor de mujeres, especialmente en el rango etario de 18 a 30 años, tiene fe que la nueva Constitución va a mejorar sus derechos. Y además, es interesante ver, si comparamos con nuestras encuestas anteriores, que el ámbito laboral y la igualdad salarial siempre aparecen como preocupaciones prioritarias”, explica Infante. “La interpretación que hacemos es que no se trata únicamente de la necesidad de generar recursos, sino que nuestra capacidad de entender que la autonomía económica nos permite a su vez ejercer otros derechos; nos protege en una situación de violencia doméstica, por ejemplo, porque podemos abandonar al agresor si es que contamos con participación laboral. Estamos en un país en el que los derechos sociales no están garantizados y dependen del nivel de ingreso de la persona, por lo tanto desde ahí que la igualdad salarial siempre aparece dentro de los primeros derechos a considerar”.

A esto se le suma que gran parte de las encuestadas, independiente de su postura política, está de acuerdo con que es el Estado el que debe garantizar y resguardar estos derechos. De hecho, frente a la pregunta “¿Qué tan de acuerdo estás con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a asegurar que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo por el mismo trabajo?”, un 76,5% respondió que estaba muy de acuerdo; cuando se preguntó si el Estado debe aplicar políticas públicas de prevención, atención y reparación de la violencia de género, un 72% respondió estar muy de acuerdo. A su vez, un 71,3% respondió estar muy de acuerdo con que el Estado debe asegurar el acceso a la educación sexual en escuelas, y un 67,8% que el Estado debería estar obligado a asegurar que todas las personas dependientes reciban los cuidados apropiados. Como explica Infante, esto da cuenta de que existe una visión compartida en las mujeres respecto a que se necesita una intervención pública para poder desarmar las desigualdades estructurales que vivimos. “Estas desigualdades están en las instituciones y en nuestras conductas cotidianas, por lo tanto ahí es el Estado el que tiene un rol importante que cumplir. Eso ya lo entendimos, al menos en lo discursivo”, explica. “En el eje izquierda hay mayor apoyo a que el Estado intervenga de manera permanente, pero en las mujeres que se identifican con la derecha también hay apoyo significativo, al menos para que intervenga de manera temporal, y eso hace algunos años atrás era impensado”.

De hecho, como explica la especialista, considerando que un 21,72% de la población votó rechazo en el Plebiscito nacional del 2020, es interesante ver que hay mujeres dentro de ese espectro que igual están esperanzadas con el proceso constitucional. “Hay mujeres que no querían un cambio en la Constitución, pero a pesar de eso, ahora piensan que sus vidas pueden mejorar. Quizás esa idea de polarización que tanto se quiere plantear desde los medios, no es tan así y lo corroboramos con las mujeres. Quizás como hemos sido ciudadanas de segunda categoría por tanto tiempo, independiente de nuestra visión política, estamos de acuerdo con que hay discriminación histórica y luego de un mayo feminista, podemos identificarla. Hay un movimiento social que impulsa esta constituyente diversa y, al menos en lo discursivo, hay ciertos acuerdos”.

Y es que hasta hace unos años era impensado hablar de un sistema nacional de cuidados; y plantear que los cuidados son una responsabilidad social, en la que debiesen estar involucrados tanto el Estado, sus instituciones, el sector privado y las familias extendidas (más allá de madre y padre) era, como explica la subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer, Virginia Guzmán, un discurso atribuido a la izquierda. “Pero lo que está pasando es que es un tema que ha sido abordado por distintas agendas; la de abogadas y economistas feministas, que plantean una economía que incluye tanto a productores y reproductores, que no se limite a lo mercantil, y la agenda medioambiental, entre otras. Es un tema que tiene la virtud de unir posturas”.

En especial luego de casi dos años de pandemia, en los que se develó la insostenibilidad de la actual organización social de los cuidados, que recae en mujeres y que intensifica las desigualdades económicas y de género. Porque hoy por hoy, si bien en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio de Desarrollo Social impulsó el programa Chile Cuida, que forma parte del Sistema de Protección Social del Estado y por el cual se busca acompañar y apoyar a las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras, no existe una ley que establezca que el cuidado es un derecho que se adquiere desde que nacemos hasta que morimos. Y Según la encuesta Casen realizada en 2017, un 19,4% de las mujeres chilenas mayores de 15 años se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres domésticos.

“El estudio evidencia el contraste entre lo que se está hablando a nivel de sociedad civil y lo que está pasando en la esfera política”, comenta Guzmán. “Estos son los temas importantes que los candidatos debiesen considerar. Detrás del tema de cuidados, y los aportes del cuidado a la economía y el PIB, está también la idea de la importancia de la calidad de los vínculos sociales. Cuando sacamos el cuidado de la esfera del trabajo y lo empezamos a ver como algo societal y también como la capacidad de generar vínculos sociales que permiten la creación y el desarrollo personal y colectivo, ahí adquiere la importancia política que tiene”.

A eso Infante le suma que los resultados de la encuesta marcan ciertas prioridades que los políticos –tanto los candidatos presidenciales como los convencionales constituyentes– deberían considerar. “Hay alertas, como que más de un 70% quiere que el Estado tenga que generar políticas de educación sexual preventiva; que la violencia contra las mujeres se aborde desde lo preventivo y no desde lo punitivo; o que los cuidados sean un derecho garantizado. Pero cuando revisamos los programas con los que se presentaron los convencionales electos, menos de un tercio habló de los cuidados. Estos son temas que hay que empezar a recoger”.

Artículo publicado en Revista Paula 

La violencia contra las mujeres ha adquirido creciente visibilidad en las últimas décadas y se han adoptado numerosos instrumentos internacionales y nacionales para su prevención, investigación y sanción, y para la protección, atención y reparación de las víctimas, tanto en el espacio público como privado. A efectos de garantizar la Convención Constitucional como un ambiente libre de discriminación y violencia de género, especialmente de violencia política contra mujeres se requiere definir medidas orientadas a la prevención de estos estos problemas y, en caso de ocurrir, procedimientos que permitan la protección de las afectadas y la sanción de los responsables.

En esa misma línea, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena elaboró una carta de compromisos para las, los y les constituyentes contra la violencia política de género. La violencia de género ha sido el principal mecanismo de disciplinamiento y control hacia las mujeres, obstaculizando el ejercicio de sus derechos, dificultando su participación en la vida política y excluyéndolas de la adopción de decisiones públicas. A nivel regional se ha reconocido que “la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia.

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DESCARGA EL COMPROMISO DE CONSTITUYENTES CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Los contenidos indispensables para el Reglamento de la Convención elaborados por la Articulación Territorial Elena Caffarena son los siguientes:

1. Declaración de principios y lineamientos que precedentes el reglamento.
2. Estructura orgánica
3. Comisiones de trabajo y normas de funcionamiento
4. Quórums, comisiones y comités en la Convención
5. Comité de ética
6. Comité de participación
7. Recursos para una participación efectiva en igualdad de condiciones.

Puedes descargar el Reglamento Feminista aquí y difundir ampliamente

El escrito que se presenta asume y se organiza según la propuesta conceptual de Nancy Fraser (2008) sobre Justicia de Género, en sus dimensiones Política (Representación), Cultural (Reconocimiento) y Económica (Distributiva).

La propuesta de Fraser sostiene la imbricación que existe entre Democracia y Justicia de Género. A continuación, se explicitan las premisas, que resumen las ideas sustantivas que sustentan este escrito y luego tres cuadros sobre las dimensiones que incluyen la Justicia de Género (Política o de representación, Cultural o de reconocimiento y Económica o distributiva) agrupados en tres ejes: (a) Situación actual; (b) Lineamientos de acción a desarrollar durante el proceso de elaboración de una nueva constitución que contribuyan a transformar la situación de injusticia actual, y (c) Diseño del horizonte societal deseado.

Descarga la  guía Justicia de Género: propuestas hacia el futuro

Además, encontrarán algunas reflexiones sobre estos temas y un kit de preguntas que pueden orientar el debate colectivo en torno a todos estos temas. Las invitamos desde ya a leerla, reflexionarla, criticarla, complementarla y compartirla con tus vecinos y vecinas, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, organizaciones y cabildos, con todos y todas con quienes quieras compartir y articular tus sueños constituyentes.

DESCARGA LA GUÍA CONSTITUYENTE

Invitamos desde ya a adherir a esta primera versión y a generar espacios de trabajo conjunto para avanzar hacia una segunda edición que exprese el debate colectivo de los próximos meses.

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