Lo que ocurre en Chile no es un fenómeno aislado, pero tampoco es idéntico a lo que ocurre en otros países. El gobierno de Kast opera los mismos mecanismos que la literatura comparada identifica en las derechas radicales contemporáneas, pero lo hace sobre un terreno específico: una institucionalidad democrática reconstruida en cuatro décadas, una arquitectura de género levantada programa a programa y una sociedad civil que incluye al campo feminista como actor estratégico con genealogía y horizonte propios.
I. Un fenómeno global con cara chilena
La derecha radical que hoy gobierna Chile no improvisa. Donde llega al poder, opera con un repertorio conocido: concentra decisiones en el Ejecutivo, recorta el Estado social, reorienta las políticas públicas y lanza una batalla cultural para desacreditar los derechos conquistados en décadas anteriores. El caso chileno confirma ese patrón, pero tiene algo propio: Kast no llega a un Estado débil ni a una sociedad desorganizada. Llega después de cuatro décadas de reconstrucción democrática, sobre una institucionalidad de género construida programa a programa desde los noventa y frente a una ciudadanía que ha aprendido a identificar y sancionar los retrocesos. Eso lo obliga a actuar con más silencio. Pero también lo expone más rápido a la resistencia.
II. Cómo se deshace lo construido: despacio y en silencio
Los cambios son la suma de pequeñas modificaciones que, tomadas por separado, parecen ajustes técnicos o decisiones de presupuesto. Cambiar «derechos sexuales y reproductivos» por «sexualidad, maternidad y corresponsabilidad». Eliminar el etiquetado presupuestario que permitía ver cuánto se gasta en mujeres. Desvincular los equipos especializados del Plan Nacional de Búsqueda. Cerrar el Programa Mujeres Rurales, que existía desde 1992 y tenía una evaluación externa positiva. Ninguna de estas medidas elimina un derecho de manera frontal. Todas juntas desmantelan la arquitectura que lo sostenía.
Eso tiene una doble cara. Por un lado, hace más difícil ver lo que está pasando. Por otro, deja huellas concretas: una política que se cierra, una norma que se vacía, un equipo que desaparece. Y cada huella es un punto desde el cual nombrar el retroceso y exigir que se revierta.
III. Tratar igual a quienes son desiguales
Detrás de los recortes hay una idea de fondo: que los programas dirigidos a grupos específicos —mujeres rurales, jóvenes que dejaron la escuela, personas en situación de pobreza— son privilegios o sesgos ideológicos. Que, si todos somos ciudadanos iguales, no hace falta diseñar políticas para categorías particulares. Ese argumento suena neutro, pero tiene un efecto muy concreto: hace invisible la desigualdad. Un universalismo que no parte del reconocimiento de las diferencias no produce igualdad real: reproduce las brechas que ya existen, solo que sin nombrarlas.
Este principio choca de frente con el Chile de 2026: una sociedad que vivió el estallido de 2019, dos procesos constituyentes y décadas de movilización que ampliaron la conciencia de derechos en sectores muy amplios de la población.
IV. La resistencia: amplia, diversa y parte de algo más grande
Frente al desmantelamiento en curso, la respuesta no vino solo del campo feminista ni solo de la oposición parlamentaria. Vino de economistas que confrontaron los números con los propios instrumentos del gobierno. De municipios que sostuvieron servicios que el gobierno central recortaba. De universidades que produjeron diagnósticos que contradecían la narrativa oficial. De estudiantes que marcharon en octubre. De organizaciones de derechos humanos que documentaron cada retroceso.
El campo feminista es parte activa de ese campo social crítico, y no como actor secundario. Su respuesta al gobierno de Kast tiene cinco líneas simultáneas: hacer visible lo que el gobierno presenta como neutro; movilizar en las calles y en los territorios; producir conocimiento propio con datos desagregados y experiencias concretas; recuperar la memoria de lo que costó construir lo que hoy se intenta borrar; y ejercer control ciudadano desde organizaciones como la Corporación Humanas y el OGE, y espacios de articulación como Nada sin Nosotras. Esas cinco líneas no son reacción caso a caso: son una estrategia que disputa el terreno en todos los planos donde se juega el poder.
Lo que une al movimiento feminista con los sindicatos, los municipios, los y las estudiantes y las comunidades rurales e indígenas es una convicción compartida: que existen funciones del Estado que el mercado no puede reemplazar y que una democracia que renuncia a ellas deja de proteger a quienes más la necesitan. El feminismo aporta a esa resistencia algo que ningún otro actor tiene en la misma medida: noventa años de memoria organizativa, desde el MEMCH hasta el 8M, y la experiencia acumulada de haber construido institucionalidad de género cuando no existía y de haberla defendido cuando fue atacada.
V. Lo que queda por construir
La resistencia existe, es sistemática y tiene bases sólidas. Pero resistir no es lo mismo que proponer. La pregunta que este análisis deja abierta es si el campo social crítico —del cual el feminismo es parte central— logrará traducir esa resistencia en una alternativa política capaz de decir no solo lo que rechaza, sino lo que quiere construir.
*Por Virginia Guzmán, Subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
Plataforma Nada sin Nosotras