Escribo estas líneas el 18 de septiembre, fiesta de la independencia. Año a año esta fecha abre un espacio singular: el de la expansión, el encuentro y la liberación transitoria de las ataduras cotidianas. Por unos días, algo que normalmente permanece comprimido bajo el peso de la rutina y la urgencia, y sometido los mecanismos de poder que día a día estructuran día a día la sociedad, encuentra por fin un lugar donde soltarse.
Este año, ese espacio tiene un sabor particular, porque lo vivimos bajo un gobierno que está intentando restringir precisamente lo que la independencia debería garantizar: la energía colectiva, la aspiración de cambio, la justicia y la esperanza en un futuro que sea nuestro y compartido.
En columnas anteriores nos hemos referido al sentido del proyecto de Kast: una propuesta de desarrollo económico sin límites, sustentada en el mérito individual y la competencia sin fronteras, que, como parte de una corriente global de ultraderecha, intenta debilitar el orden multilateral construido desde la Segunda Guerra Mundial. Ese orden —imperfecto, siempre en disputa— fue construido para que hubiera normas compartidas de resolución pacífica de conflictos y para que nadie se quedara atrás. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son su expresión más reciente. El proyecto de Kast les es estructuralmente contrario.
Estas propuestas chocan con lo que la ciudadanía democrática ha construido con esfuerzo y en confrontación con las distintas expresiones del poder: nuevas maneras de interpretar la realidad, instituciones que reconocen derechos, políticas públicas que se abren a las experiencias y necesidades de los grupos más excluidos.
Chocan también con los cambios reales que han experimentado los vínculos personales y sociales en las últimas décadas: mayor horizontalidad, mayor respeto a las diferencias, mayor conciencia de que las desigualdades no son naturales, sino producidas y, por tanto, transformables. La propuesta jerárquica, autoritaria y punitiva del gobierno para mantener el orden no solo es regresiva: está desconectada de la sociedad que pretende gobernar.
Y la realidad está pasando la cuenta. Los intentos del gobierno de avanzar sin contrapesos se han topado con la misma institucionalidad que quiere debilitar: los alcaldes que llegaron a La Moneda con un ataúd, las comisiones reguladoras que pusieron límites, la opinión pública que se ha vuelto en su contra, y, sobre todo, el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales varias iniciativas del gobierno.
Las instituciones, por imperfectas que sean, siguen siendo el terreno donde la democracia se defiende.
Las propuestas del gobierno se están enfrentando también al juicio de la realidad económica cotidiana. El bencinazo encareció la vida, comprimió el ingreso disponible de los hogares y presionó los precios. El frenazo económico redujo la generación de empleo en un momento en que los cambios tecnológicos ya estaban disminuyendo la demanda de trabajo.
Las mujeres y jóvenes son los más afectados: el desempleo femenino llegó al 10,5% y el juvenil supera el 25%. La reducción del gasto fiscal no solo empeora la calidad de los servicios: intensifica la jornada de trabajo de las mujeres, que absorben en sus hogares lo que el Estado ya no provee, y contribuye al desempleo al eliminar programas y equipos especializados.
Algunas autoridades—como la ministra de Salud— han alzado la voz alertando sobre los efectos negativos del recorte en las condiciones de vida de la población.
Todo esto ha producido una baja sostenida en la aprobación del gobierno y un aumento del desaliento ciudadano. Pero también, bajo la fuerza de los hechos, ha obligado al gobierno a retroceder en algunas de sus posiciones más extremas y a reconocer que el Estado no puede reducirse a sus funciones punitivas y represivas: también tiene responsabilidades en el empleo, en el bienestar y en la cohesión social.
Estamos, entonces, en un momento de confrontación en múltiples ámbitos: en el debate público y los medios, en las instituciones que cristalizan demandas de igualdad, en los ministerios cuyos propios funcionarios/as dan voces de alerta. Y también en la ciudadanía.
Aunque prima un estado de pesimismo y desaliento —que es, a su manera, también una forma de rechazo—, algo está ocurriendo en los espacios donde nos reunimos, debatimos y tejemos redes.
En el campo feminista en particular: organizaciones de base, mujeres campesinas, profesionales, políticas, universitarias, organizaciones ambientales, nos estamos encontrando, reconociendo nuestras diferencias y construyendo desde ellas vínculos de libertad y esperanza.
No para llegar a un acuerdo total ni para hablar con una sola voz, sino para ejercer juntas nuestro derecho a pensar el futuro y a disputar, frente a todo aquello que se le oponga, el mundo en que queremos vivir.
*Por Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer