La violencia digital contra las mujeres es una de las expresiones más normalizadas de la desigualdad de género en la era de la digitalización. Reconocerla como una forma específica de violencia y de desigualdad estructural es una condición indispensable para avanzar en su prevención, sanción y erradicación, y para garantizar entornos digitales seguros para mujeres, niñas y adolescentes.
La Décimoquinta Encuesta Percepciones de las Mujeres sobre sus Condiciones de Vida y el País (2025) realizada por Corporación Humanas en conjunto con el Observatorio de Género y Equidad y la consultora Tú Influyes, muestra que un 63% de las mujeres considera que las redes sociales son actualmente un espacio de acoso y hostigamiento. Esta percepción aumenta entre las mujeres más jóvenes, lo que explica que, en materia de agenda legislativa se otorgue prioridad a iniciativas como el proyecto de la ley sobre violencia digital. Esta preocupación se inscribe, además, en un contexto más amplio de inseguridad en los espacios públicos. El mismo estudio revela que un 77% de las mujeres se ha sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques.
En este escenario de creciente violencia en línea , en julio del 2025 la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado aprobó de manera unánime la idea de legislar el proyecto de ley que sanciona la violencia digital en Chile. Durante su tramitación, se recibieron audiencias, entre otras, de la Defensoría de la Niñez, Corporación Humanas y la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (REDPERIOFEM), organizaciones que expusieron cómo estas formas de violencia en entornos virtuales afectan de manera estructural a mujeres, niñas, así como su impacto en personas LGBTIQ+. En dichas instancias se planteó la necesidad de una definición amplia de violencia digital y con un enfoque integral que combine prevención, sanción, reparación, y educación digital con perspectiva de género, considerando un contexto tecnológico en permanente transformación.
Este debate nacional dialoga directamente con los avances regionales impulsados en el sistema interamericano de derechos humanos. En el marco de la XXII Reunión del Comité de Expertas del MESECVI se presentó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres por Razones de Género, que propone un marco normativo común para los Estados de la región frente a una violencia que se expande en el ecosistema digital.
Durante este espacio, mujeres provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe se reunieron para reflexionar en torno a una pregunta clave: ¿qué compromisos se esperan de los Estados para asegurar la implementación efectiva de esta Ley modelo? Las voces compartieron experiencias, urgencias y desafíos comunes, subrayando la necesidad de voluntad política real, fortalecimiento institucional y una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Además, se convocó a los Estados a actuar con decisión, recordando la importancia de garantizar los derechos humanos también en el entorno digital, libre de cualquier forma de violencia.
La ley modelo define la violencia digital como toda acción o conducta basada en el género que cause daño físico, sexual y/o psicológico. “La violencia que viven las niñas y adolescentes se puede, de alguna manera, reparar a través de medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, pero también es fundamental cerrar las brechas digitales”, dijo Mónica Maureira, vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará.
Este enfoque integral resulta especialmente relevante en un contexto donde la expansión de las tecnologías digitales ha amplificado prácticas violentas que afectan la integridad, la autonomía y los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. La Ley Modelo se plantea, además, como una guía para la alfabetización digital con perspectiva de género, orientada a la prevención y a la construcción de entornos digitales seguros.
Bajo este escenario, avanzar hacia una legislación más robusta en materia de violencia digital no solo constituye un desafío, sino también una oportunidad histórica para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en los espacios virtuales. La voluntad efectiva de las instituciones, junto con la participación colectiva de las mujeres, puede abrir paso a entornos digitales concebidos como espacios de encuentro, libertad y expresión, y no de agresión. Fortalecer la educación digital con perspectiva de género e implementar herramientas eficaces de prevención y reparación permitirá que mujeres, niñas y adolescentes habiten el entorno digital de forma segura y con dignidad, avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.
*Por Sasha Ortega Inostroza