Entre los días 18 y 20 de agosto se desarrolló en Montevideo la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo a 13 años de la Primera Conferencia que dio origen al “Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo” (2013). Es Consenso busca la integración -con igualdad- de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible y devino una verdadera carta de navegación para los países de América Latina y El Caribe. Pero en estos 13 años, la relación entre la población y el desarrollo ha experimentado cambios significativos.
Así lo reveló el documento base de la Conferencia, elaborado por CELADE/CEPAL, “Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe. Retos y opciones para la política pública”[1]. Se analizan allí los cambios demográficos a nivel regional y de los países, los impactos socioeconómicos del cambio demográfico, y se propone políticas públicas para la integración de la población en el desarrollo sostenible en un contexto de cambios demográficos acelerados.
Sin duda, estamos en tiempos de crisis, es decir, de cambios profundos, rápidos, con consecuencias importantes en muchos planos, en que se han roto ciertos equilibrios y en que urge tomar decisiones.
Se superponen varias crisis: una crisis demográfica por la acelerada baja de la fecundidad, que también es una “crisis de los cuidados”, en que faltan mujeres como sostenedoras de la vida, y una crisis económica, por la reducción de la fuerza de trabajo para el crecimiento económico y el desarrollo. Se habla de una crisis del “contrato intergeneracional”[2], entendido como el acuerdo social sobre la distribución de recursos entre generaciones, en que una generación sostiene a la que le sigue. Ello pone en jaque la sustentabilidad del modelo de desarrollo capitalista vigente.
Nada de lo que se señala es nuevo, está todo concatenado y se viene generando desde hace décadas, con una transición demográfica acelerada y profunda, mayor que en otras regiones del mundo, con cambios en la fecundidad, la mortalidad y la estructura por edades, que está redefiniendo las condiciones para el desarrollo, la planificación y la educación, para la sustentabilidad de los sistemas de protección social, salud y cuidados.
Como nudo aparece el rol/la decisión de las mujeres, las reproductoras de la especie, que han adquirido una mayor autonomía reproductiva y empoderamiento que se expresa en tener menos hijos, en postergar la maternidad, en decidir cuándo y con quien tener hijos. Con mayores niveles educativos y mayor participación en el mercado laboral, con proyectos de vida propios y con mayor participación en la definición de políticas públicas que las afectan, han adoptado, mayoritariamente, el modelo de baja natalidad impulsado por políticas públicas desde hace décadas: a través del tamaño de las viviendas sociales, de los textos escolares, de las imágenes en los medios de comunicación, por mencionar las más visibles, instalado cuando se buscaba una reducción de la fecundidad.
El fondo del problema -de la crisis- refiere a la sustentabilidad de un sistema económico que se basa en el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, que ha sido incapaz de asegurar la reproducción social que requiere trabajo doméstico, cuidado de las personas dependientes y las llamadas “responsabilidades familiares”. Han aumentado la esperanza de vida al nacer y el envejecimiento de la población, pero al mismo tiempo, la economía necesita la mano de obra femenina. Es decir, hay una tensión creciente entre los proyectos y necesidades de las mujeres y las necesidades del sistema económico actual. Se reclama a la hora del diseño de políticas públicas ciertas “responsabilidades” a las mujeres, puesto que se reivindica el “derecho de la sociedad a la reproducción”[3].
Pero ante la baja de la fecundidad -bajo el nivel de reemplazo, en Chile desde el año 2000-, no cabe la simplificación. Lo simple es culpar a las mujeres por no tener más hijos; culpar al feminismo por promover y validar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, por promover los derechos sexuales y reproductivos, la elección de maneras de vivir y construir familia, el asumir en solitario la jefatura de hogares y la crianza.
Por el contrario, la investigación social revela que muchas mujeres no tienen la autonomía reproductiva que quisieran para decidir tener hijos o no tener, y cuando tenerlos. En efecto, las estadísticas entregan promedios y esos promedios ocultan una gran variedad de situaciones, de condiciones, de proyectos y deseos.
Frente a esta baja de la fecundidad se ha acuñado el concepto de “infertilidad estructural”[4] para aludir a las configuraciones económicas, políticas y culturales de una sociedad que obstaculizan o directamente impiden tener hijos. Las restricciones económicas, el desempleo y la precariedad laboral de las mujeres, las restricciones en el acceso a vivienda y tipo de vivienda, el insuficiente cuidado infantil, la organización del trabajo basado en los roles tradicionales de género y la distribución desigual de los cuidados, especialmente en condiciones de precariedad laboral o desprotección social, y también la inseguridad de la situación política y social están en la base de esa infertilidad estructural. A ello se suman limitaciones de salud, como son la infertilidad o una condición de salud frágil.
Por otra parte, en contextos de incertidumbre o estancamiento, las personas tienden a postergar o descartar proyectos de maternidad o paternidad, considerando que los recursos no son suficientes para ello. Es decir, las aspiraciones reproductivas de las propias mujeres quedan condicionadas por incertidumbres estructurales y personales. Al mismo tiempo, muchos hombres optan por no tener hijos, como lo revela el aumento de las vasectomías en Chile, de casi 800% entre 2013 y 2023[5], incluso en hombres sin hijos.
Aparecen, asimismo, otros factores culturales intervinientes, como la llamada “maternidad intensiva”, un modelo y mandato de ejercicio de la maternidad cada vez más demandante para las mujeres, los cambios en el significado de la maternidad en los proyectos de vida, y la inseguridad en las relaciones de pareja, considerando la prevalencia de la violencia de pareja que viven una de cada tres mujeres a lo largo de su vida y el frecuente abandono paterno sin atención a las obligaciones de mantención de sus hijos e hijas.
Ello ha sido conceptualizado como parte del “debilitamiento del tercero confiable”[6], referido a las instituciones, a las relaciones y estructuras sociales que antes respaldaban la familia y por lo tanto, las decisiones reproductivas: desconfianza hacia el Estado y sus organismos, ausencia de una pareja estable y pérdida de redes de apoyo. De este modo, la maternidad y las decisiones reproductivas se convierten en un cálculo individual de los riesgos asociados a ello, en que los únicos factores controlables por las personas son el trabajo y la propia capacidad personal. Se transforman los imaginarios asociados a la parentalidad: esta deja de ser vista como una etapa natural u obligatoria y pasa a ser una elección sujeta a la incertidumbre de las trayectorias individuales.
Chile es un buen ejemplo de cómo ésta es una crisis provocada por los mecanismos propios de producción y reproducción de una sociedad patriarcal capitalista que, entre la sostenibilidad de la vida humana y el beneficio económico, ha optado por el beneficio económico. En que las personas no son el objetivo social prioritario, no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la producción. Los intereses político sociales no están puestos en lograr una mayor calidad de vida, el buen vivir, sino en el crecimiento de la producción y la obtención de beneficios. El sostenimiento de la vida humana está desplazado al ámbito doméstico, como responsabilidad femenina gratuita, lo que constituye una forma de violencia estructural hacia las mujeres. Las personas deben resolver su subsistencia y calidad de vida en el ámbito privado, pero respondiendo a las condiciones que impone la organización del trabajo capitalista (horarios, jornadas, desplazamientos, etc.). El mercado laboral exige trabajadores libres de cuidados, que no tengan responsabilidades ni necesidades, y las mujeres cuando concurren al mercado laboral lo hacen con una carga de horas “no libres”, una doble jornada de trabajo y un mayor desgaste. Se sostiene este modelo económico por la cadena invisible de trabajos de cuidado, la “mano invisible de la vida cotidiana”[7].
A la fecha, no existen en el mundo occidental políticas que hayan mostrado eficacia en cuanto al aumento de la fecundidad, aun cuando las hay que podrían favorecer las decisiones reproductivas de las mujeres, cuyas trayectorias laborales se ven fuertemente afectadas, junto con sus remuneraciones, al tener un primer hijo o hija. Es el caso de contar con sala cuna universal -para trabajadoras y trabajadoras- con corresponsabilidad y estándares pedagógicos de alto nivel.
Si el problema de fondo es la crisis de los cuidados, en que hay escasez de cuidadoras en una sociedad que envejece y cuyas necesidades de salud se incrementan, un avance efectivo sería construir una “economía basada en los cuidados”, es decir, en que la economía no fuera reductible a los mercados, sino que la economía tuviera como meta sostener la vida, asumiendo que el género funciona como elemento organizador del sistema económico[8]. Es el momento de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y los cuidados, superando el mercado como eje organizador de la vida en común.
Un avance en ese sentido se dio en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en la Ciudad de México el año pasado que propuso avanzar hacia una “sociedad del cuidado” [9], donde los países de la región aprobaron el “Compromiso de Tlatelolco: Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”[10], comprometiendo promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
Se acuerda allí, reconocer el derecho humano al cuidado[11], que incluye el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una obligación del Estado y una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, los hombres y las mujeres, las familias, las comunidades y el sector privado.
De no avanzar en esa dirección, cumpliendo el “Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo”, ratificado en agosto pasado y el “Compromiso de Tlatelolco” de 2025, la crisis de fecundidad se agravará y junto con ello, el modelo de desarrollo vigente no será sostenible.
*Por Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública (LC/CRPD.6/3). Santiago de Chile: CEPAL.
[2] Herrera, Soledad (2025) Desigualdad Social y Contrato Intergeneracional. Implicancias de Futuro para Chile. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo.
[3] Laboratorio de Gobierno. Ministerio de Hacienda (2025) Análisis de las condicionantes y los desafíos de la natalidad en Chile. Santiago: Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad.
[4] Yopo Díaz, Martina (2025) Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad. Santiago: FCE.
[5] Entre 2013 y 2023 el número de procedimientos pasó de 768 a 7.580, lo que representa un incremento del 887%. Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud
[6] Ayala, Almendra; Palacios, Rosario; Mascareño, Aldo y Gamarra, César (2025) “Cuando la autonomía personal limita el número ideal de hijos. Un análisis en base a la Encuesta CEP”. En Puntos de Referencia. Humanidades y Ciencias Sociales N° 742, Agosto 2025
[7] Carrasco, Cristina (2003) La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? En León T., Magdalena (comp.) Mujeres y Trabajo: cambios impostergables. Veraz Comunicação, Porto Alegre, Brasil, enero de 2003. http://168.96.200.17/ar/libros/genero/mujtra.html
[8] Pérez Orozco, Amaia (2006) “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico” Revista de Economía Crítica, no 5. Marzo de 2006, pp 7-37 ISSN: 1696-0866
[9] Naciones Unidas (2025) La sociedad del cuidado. Gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género (LC/CRM.16/3) Santiago de Chile: ONU
[10] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2025). Compromiso de Tlatelolco: Una Década de Acción para el Logro de la Igualdad Sustantiva de Género y la Sociedad del Cuidado (LC/CRM.16/7/-*) Santiago de Chile: CEPAL
[11] La Opinión consultiva 31 de 2025, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado, en sus tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.