*Por Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer
En distintos países del mundo -y también en Chile- han ganado espacio discursos que presentan a las instituciones democráticas como estructuras ineficientes, alejadas de la ciudadanía o incapaces de responder a las demandas sociales. Bajo la promesa de “partir de cero”, estas narrativas buscan desacreditar los avances alcanzados en democracia y promover modelos políticos que concentran poder, reducen la participación y debilitan el rol del Estado.
La filósofa francesa Corine Pelluchon advierte que estos discursos encuentran terreno fértil en sociedades atravesadas por la incertidumbre, la competencia permanente y el temor al descenso social. En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, precarización y exposición constante a redes sociales, muchas personas experimentan sentimientos de inseguridad, reemplazabilidad y desconfianza en sus propias capacidades. Frente a ello, los discursos autoritarios ofrecen respuestas simples a problemas complejos, desplazando las causas estructurales del malestar y dirigiendo la frustración hacia supuestos “enemigos” sociales, como personas migrantes, diversidades sexuales o élites políticas y culturales.
En Chile, este fenómeno se ha expresado con fuerza en el debate público de los últimos años. La idea de una crisis total, alimentada por discursos que exageran o distorsionan problemas sociales complejos, ha instalado la percepción de que la solución pasa por menos regulación, menos políticas públicas y menos institucionalidad democrática. Seguridad, migración o crecimiento económico aparecen así desconectados de las profundas desigualdades sociales que atraviesan la vida cotidiana de las personas.
Sin embargo, detrás de estas propuestas no solo se disputa un modelo económico. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que queremos construir y el lugar que tendrán la igualdad, los derechos y la participación democrática en ese futuro común.
La recuperación de la democracia en 1990 implicó mucho más que el retorno de elecciones libres. También abrió un proceso de reconstrucción del vínculo entre el Estado y la ciudadanía, marcado por demandas de verdad, justicia, derechos humanos, redistribución y superación de profundas desigualdades sociales. En ese contexto, comenzaron a consolidarse instituciones, políticas públicas y mecanismos de participación orientados a ampliar derechos y fortalecer la vida democrática.
Durante las últimas décadas, además, la sociedad chilena ha experimentado transformaciones económicas, culturales y sociales que han cuestionado jerarquías históricas y ampliado las formas de entender la igualdad. Las relaciones entre mujeres y hombres, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los derechos de las diversidades sexuales y las discusiones sobre cuidados y trabajo doméstico forman parte de esos cambios.
En este proceso, los movimientos feministas y de mujeres han tenido un papel fundamental. No solo visibilizaron desigualdades históricas que permanecían naturalizadas, sino que también impulsaron transformaciones legales, políticas e institucionales que hoy forman parte de la vida democrática del país. La ampliación de derechos laborales, las leyes contra la violencia de género, las políticas de participación política de las mujeres o la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública son parte de ese recorrido.
Asimismo, el feminismo ha contribuido a instalar una idea clave para pensar la democracia contemporánea: las personas no viven de manera aislada ni compiten únicamente por recursos y reconocimiento individual. La vida social se sostiene sobre vínculos, redes de apoyo, cuidados e interdependencias que hacen posible la convivencia colectiva. Por eso, conceptos como cuidado, empatía, solidaridad y reconocimiento mutuo resultan centrales para fortalecer sociedades democráticas.
En este escenario, debilitar las instituciones públicas no es neutro. Las políticas públicas, los servicios del Estado y las institucionalidades construidas durante décadas cumplen un rol fundamental para enfrentar desigualdades y garantizar derechos. Cuando se reduce el papel del Estado o se desacredita la acción pública, los impactos no se distribuyen de manera igualitaria: afectan con mayor intensidad a quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de exclusión y vulnerabilidad, entre ellas muchas mujeres.
La institucionalidad de género es un ejemplo de ello. Su desarrollo no surgió únicamente desde el Estado, sino también gracias a la presión sostenida de organizaciones feministas, movimientos sociales, redes académicas y compromisos internacionales asumidos por Chile. Gracias a este proceso ha sido posible avanzar en políticas que reconocen las distintas experiencias de vida de hombres y mujeres, visibilizar desigualdades estructurales y promover medidas orientadas a una mayor equidad.
Fortalecer la democracia, entonces, no significa únicamente resguardar elecciones o instituciones formales. También implica construir sociedades más igualitarias, capaces de reconocer la diversidad de experiencias y garantizar condiciones de dignidad y participación para todas las personas.
En tiempos marcados por la incertidumbre, la desconfianza y el avance de discursos autoritarios, defender la democracia también es defender la igualdad, los derechos y la capacidad colectiva de construir un futuro común.