Con una destacada trayectoria, la abogada Alejandrina Tobar Vásquez se ha forjado su lugar en el ámbito de los derechos humanos, y más específicamente, el sistema penitenciario chileno.
Alejandrina es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, diplomada en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas por la Fundación Henry Dunant; y en Gestión Integral de las Políticas en Seguridad Ciudadana a Nivel Local en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
Alejandrina cuenta que, durante sus años de universidad, le llamó la atención la justicia social, junto con una “fuerte empatía por las otras personas”. “Cuando aprendí sobre la cárcel, me di cuenta de que ese era mi lugar, y le encontré sentido a lo que estaba estudiando, trabajar y jugársela por las personas más desplazadas y olvidadas de la sociedad”, contó ella.
En línea con sus estudios, Tobar es un referente en temas de derechos humanos. Así, el 15 de enero fue electa consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en representación de las organizaciones de la sociedad civil. Nombramiento que la abogada se toma con humildad y responsabilidad. “Es un honor ser depositaria de la confianza de organizaciones que llevan años trabajando en la construcción, defensa y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país”, señaló, “quiero honrar ese voto de confianza con trabajo y transparencia en el quehacer del Consejo, trabajar de forma contundente por mejorar y fortalecer nuestra institucionalidad garante de DD.HH.”
Además, Tobar trabajó en LEASUR ONG, desde 2017 a 2024, siendo la directora ejecutiva de la institución durante 2022 y 2023. Allí participó en incidencia, cabildos penitenciarios en la región Metropolitana y en iniciativas legislativas como el proyecto de Ley Sayén. Este proyecto busca modificar el Código Procesal Penal para que las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de tres años que se encuentran privadas de libertad cumplan sus condenas fuera de prisión.
“Claramente, la Ley Sayén no ha sido la prioridad, siguen siendo los y las últimas de la fila en distintos periodos legislativos, no es popular hablar de derechos para personas privadas de libertad”, dice Alejandrina, añadiendo que este tipo de iniciativas generan un resquemor a voces que buscar disminuir aún más los derechos de las personas privadas de libertad. “Esto hace de la cárcel un lugar cada vez más hostil e inhumano. Adicionalmente, hay un componente de género que incrementa esta postergación, se castiga social y moralmente a madres privadas de libertad”, explicó.
Respecto al clima actual tanto político como social, Tobar sostiene que hay que estar alertas, remarcando que “las mujeres nunca hemos tenido nada por sentado, todo ha sido resultado de la lucha constante a lo largo de nuestra historia. A diferencia de muchos otros movimientos, el feminismo aboga por la dignidad, democracia, igualdad, justicia social, para mejorar los derechos de todas las personas. Se puede hacerle frente al avance de la ultraderecha, precisamente porque son quienes ponen en riesgo los derechos para todas las personas”.
Finalmente, la abogada hace un llamado a no perder la convicción en torno a la defensa de los derechos humanos. “Trabajaré desde donde esté para colaborar en tener un mejor país, más justo, amable y digno para todas las personas que lo habitamos”, cerró.
*Por María José Vargas, periodista de Corporación Humanas