Elisa Alcaíno es socióloga de la Universidad Católica de Chile, y tiene un diplomado en Mujeres y Justicia Penal de la Universidad de Chile. Además, desde el año 2020, es presidenta de la Fundación Red de Acción Carcelaria. Comenzó su trabajo desde la primera vez que fue a la cárcel, donde la impactó mucho el abandono al que estaban expuestas estas mujeres. Muchas de ellas con trayectorias marcadas por la violencia, pobreza y exclusión social, invisibilizadas, sin apoyo y sin redes. Inicialmente, el trabajo de RAC respondía a necesidades concretas e inmediatas, pero han ampliado su labor para visibilizar el impacto del encarcelamiento, las vulneraciones de derechos y la ineficiencia del sistema.
¿Cómo llegaste a trabajar con las mujeres privadas de libertad?
Mi acercamiento a la cárcel comenzó con una inquietud por entender cómo las desigualdades sociales afectan a las mujeres en el sistema penal. Tuve la suerte de conocer a la hermana Nelly León, quien trabaja en la cárcel de San Joaquín, y ver de cerca su trabajo. Todo esto me impulsó a comprometerme en la búsqueda de soluciones y en visibilizar este problema, lo que se materializó durante la pandemia del COVID-19 con la creación de la Red de Acción Carcelaria. Las restricciones de visitas y encomiendas agudizaron la crisis carcelaria y dejaron a miles de mujeres en un estado de abandono extremo, sin acceso a productos básicos como agua, jabón o toallas higiénicas. Vi una profunda negligencia por parte del Estado: condiciones indignas de habitabilidad, falta de programas de reinserción social efectivos y vulneraciones sistemáticas de derechos básicos.
¿Qué datos de la realidad de estas mujeres fueron los que más te impresionaron y te motivaron a hacer algo?
Hay una estrecha vinculación entre la pobreza, desigualdad social y la cárcel. En muchos casos, la cárcel refleja el abandono del Estado en múltiples dimensiones. Basta con analizar quiénes están ahí: la mayoría de las mujeres privadas de libertad son madres y cumplen condenas por delitos no violentos (muchas veces relacionados a labores de cuidado). El 62% reporta haber sufrido maltrato infantil, el 71% ha sido víctima de violencia de pareja, y solo el 15% estaba empleada antes de ingresar a la cárcel. Además, muchas crecieron en barrios inseguros, tuvieron bajos niveles de escolaridad, dificultades para ingresar al mercado laboral y presentan consumo problemático de drogas. La cárcel no hace más que profundizar estas desigualdades. Las condiciones carcelarias son indignas: hacinamiento extremo, jornadas excesivas de encierro, falta de luz natural, mala ventilación, servicios higiénicos precarios y tratos denigrantes.
De ese escenario que has visto, me imagino que hay una deuda importante con ellas. ¿Qué debemos hacer, o cómo la sociedad puede orientar los esfuerzos para saldarla?
Existe una deuda significativa con estas mujeres, que requiere de soluciones integrales y en múltiples niveles. Debemos abordar las causas estructurales que las llevan al sistema penal: pobreza, marginalidad y violencia de género. Esto implica garantizar redes de apoyo efectivas y aumentar la presencia del Estado en comunidades vulnerables. Y para quienes ya están en el sistema penal, es urgente asegurar condiciones de detención dignas que respeten sus derechos fundamentales. Por último, es fundamental cambiar nuestra percepción como sociedad. No podemos actuar desde un ánimo vengativo. Y aquí existe una deuda importante por parte del mundo político, que no ha relevado la importancia de estos temas y que sigue sosteniendo que mientras más personas haya en la cárcel, la población estará cada vez más segura, siendo que la evidencia indica que esto no necesariamente es así. Las mujeres eventualmente volverán a sus comunidades, y si no reciben ningún tipo de intervención ni posibilidades concretas de reinserción, sólo perpetuamos su exclusión y marginalidad.
¿Qué te depara el futuro? ¿Seguirás con tus esfuerzos en RAC, tal vez otro proyecto?
Mi compromiso con la fundación sigue firme, porque aún queda mucho por hacer. Se ha casi duplicado la población penal femenina, hay un abuso de la prisión preventiva y estamos enfrentando tiempos complejos. Hemos visto cómo las agendas regresivas en materia de derechos están ganando terreno, y el discurso sobre la reinserción social casi ha desaparecido del debate público.
Aunque siempre estoy abierta a participar de nuevos proyectos, por ahora mi foco está en fortalecer y expandir el trabajo de RAC, mejorar nuestra gestión y generar cada vez más espacios para visibilizar estos temas.
*Por María José Vargas, periodista de Corporación Humanas