Los derechos son principios o normas que reconocen y protegen la dignidad y libertad de las personas. En una sociedad democrática, el poder público debe velar por establecer y proteger estos derechos a través de leyes y políticas públicas. Sin una estructura de poder que respalde los derechos, estos se ven condenados a quedar solo en el papel, sin una protección efectiva. Por eso, la distribución del poder en una sociedad afecta el acceso y la garantía de derechos.
En sistemas desiguales, ciertos grupos pueden tener más poder y, por ende, tener un mejor acceso a sus derechos, mientras que otros pueden ser marginados o sus derechos pueden ser ignorados. Tanto la definición como el ejercicio de los derechos se encuentran, entonces, vinculados al poder. Tener derechos significa que los individuos tienen el poder de exigir o reclamar ciertos beneficios, protecciones o libertades. Sin embargo, la capacidad de ejercer estos derechos puede depender de factores como el acceso a recursos, educación, y la situación política. Los movimientos sociales y políticos pueden influir en cómo se reconocen y se implementan los derechos. Las personas y grupos que buscan cambios en la política o en la legislación presionan, a través de la acción colectiva de partidos políticos, asociaciones de intereses y movimientos sociales, al sistema político para cambiar la distribución del poder y avanzar hacia un reconocimiento y una protección de derechos más equitativos. Esto implica por lo general una lucha por el poder de influir en las decisiones que afectan los derechos.
En el contexto de los derechos humanos, el poder puede ser usado para abusar o para proteger. Los gobiernos y otras entidades con poder pueden violar los derechos humanos si no están limitados y controlados por sistemas de rendición de cuentas. Por otro lado, el poder puede ser usado para promover y defender los derechos humanos, como cuando las instituciones internacionales presionan a gobiernos para que respeten estos derechos. En resumen, los derechos y el poder están entrelazados en la medida en que el poder puede establecer, proteger, violar, o promover los derechos. La forma en que se maneja y distribuye el poder en una sociedad influye profundamente en la efectividad con la que se reconocen y se aplican los derechos.
Para Hannah Arendt, la acción política es el motor de toda garantía de derechos, partiendo por las distintas formas de libertad individual. Desde una concepción republicana más que liberal de la libertad, sostiene que es a través de la ley y la forma en la que ésta se ejecuta en la sociedad que existe la posibilidad de proteger los derechos humanos. Para Arendt, la ciudadanía democrática, es decir, la capacidad de participar como iguales en las decisiones de una comunidad política con capacidad de autodeterminación, constituye la única garantía de protección de los derechos humanos. De allí deriva que el derecho de ciudadanía sea en sí mismo un derecho fundamental: el “derecho a tener derechos”. El énfasis está en ir más allá de la mera pertenencia a una comunidad, o membresía; se debe garantizar el derecho político a formar parte de la toma de decisiones, es decir, el derecho a “actuar en la pluralidad y emitir juicios” al interior de una comunidad política.
Participar de la vida común desde una posición de igual ciudadanía implica un esquema de igualdad de condiciones para las tres dimensiones básicas que determinan la decisión política democrática: la representación, la participación y la deliberación pública. En estas tres dimensiones, las mujeres han sido históricamente excluidas o relegadas por sociedades patriarcales a un papel subordinado. La teoría democrática identifica, en efecto, al género como una fuente relevante de desigualdad en la deliberación pública, así como un elemento clave para evaluar la calidad de democracia.