El actual proceso constitucional, que culminará en el mes de diciembre de 2023 con un plebiscito de salida, cuenta con varias etapas, órganos y funciones.
Su reglamento, contempla tres organismos: la Comisión Experta, que desarrolló un anteproyecto de texto constitucional; el Consejo Constitucional, que aprobará el texto propuesto, pudiendo modificarlo previamente y el Comité Técnico de Admisibilidad, que actuará como árbitro cuando se produzcan requerimientos sobre las indicaciones que infrinjan las normas o los principios establecidos.
Junto con estos tres órganos, se establece en el artículo 153 de la Constitución Política el funcionamiento de una entidad técnica interinstitucional -la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana- cuyo mandato es desarrollar la participación ciudadana a través de distintos mecanismos: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma, Diálogos Ciudadanos y Consulta Ciudadana.
Este mandato de participación en todo lo relativo al diseño, coordinación, implementación y sistematización está a cargo de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con universidades acreditadas y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Toda esta regulación jurídica, de un tema tan relevante como es el de darnos un nuevo marco constitucional, se enfrenta a una dura realidad: un bajo conocimiento del proceso actual, el avance de discursos y prácticas autoritarias lejanas a un “momento constitucional virtuoso”; el retroceso en la creencia que el espacio público es esencialmente deliberativo y de construcción de ideas y proyectos, un individualismo exacerbado, desconfianza en las instituciones y una percepción de inseguridad ciudadana. Estos elementos son el caldo de cultivo perfecto para que la participación no esté en la prioridad número uno de la ciudadanía.
Los procesos históricos dan cuenta que, sin una ciudadanía activa, incidente, deliberando, proponiendo, exigiendo, reivindicando y manifestándose los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y estructurales se estancan. De ahí la relevancia que la ciudadanía se involucre en el proceso constitucional a través de las distintas instancias de participación que se han dado a conocer por la Secretaría para la Participación, toda vez que en los procesos constitucionales pasados las organizaciones de la sociedad civil fueron claves para las instancias participativas, tanto desde un ámbito institucional como también desde la arista civil.
Las mujeres sabemos lo que significa no acceder de manera paritaria a los puestos de poder, la ausencia de autonomía sobre nuestros cuerpos, estar de manera mayoritaria a cargo de las tareas de cuidado, el vivir cotidianamente múltiples y renovadas experiencias de violencia y sabemos cómo las luchas se han transformado en reconocimientos que nos permiten avanzar en derechos.
Participar para que en la nueva Constitución se incluyan los valores y derechos mínimos que deben estar presente en una sociedad, es hacer sentido de la capacidad que tenemos como ciudadanía de influir en una agenda colectiva que nos favorezca y que a la vez entregue las condiciones sociales necesarias para concretar los propios proyectos de vida.
Hacer uso de las acciones político-participativas directas, en cualquier lugar y espacio es una forma de poner límites concretos al aislamiento y fragmentación que estamos viviendo y de profundizar los espacios democráticos, es mostrar con acciones concretas que es posible trascender la idea de una ciudadanía pasiva, que vota cada cierto tiempo; para ser parte de una ciudadanía crítica, que practica la oposición y la resistencia a un modelo injusto y opresivo, que debe ser redefinido.
*Columna de Paula Salvo, abogada de Corporación Humanas. Publicada en La Neta.