La ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE) fue promulgada en agosto de 2017, luego de años de lucha de movimientos de mujeres y feministas. “No estaríamos hablando de esto sin su persistencia en torno a un derecho tan mínimo como resguardar tu vida, tu integridad física, sexual y psíquica en casos de riesgo vital, inviabilidad y violación“, comenta la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.
Pero a 5 años, aún se encuentran distintas barreras que obstaculizan su implementación. Estas tienen que ver principalmente con el estigma que aun rodea al aborto, así como también la falta de información sobre los derechos que tienen las usuarias, falta de capacitación para los equipos médicos que participan de la intervención y la objeción de conciencia. Este último tema ha sido monitoreado año a año por Corporación Humanas y en este Panel Feminista presentaron el estudio de este año.
“De los 68 hospitales públicos habilitados para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, un 43% de los obstetras ha objetado en, al menos, la causal violación (…) Son obstetras que, desempeñándose en hospitales públicos, no están dispuestos a atender a una niña o mujer embarazada producto de una violación”, comenta Camila Maturana. Agrega que, si bien ha disminuido la objeción de conciencia a lo largo de los años, ha sido en un porcentaje muy mínimo.
Si bien la objeción de conciencia no es la principal barrera de acceso a la Ley IVE, es un problema el que esté regulada de manera muy amplia. “Nadie desconoce la libertad de conciencia, pero es un derecho que no es absoluto y que admite restricciones en función de los derechos de la otra persona. Tiene que haber una regulación que admita el respeto de la libertad de conciencia y del acceso a la salud sexual y reproductiva”, explica la abogada.
En ese sentido, para Camila Maturana, es necesario que se revise la normativa en torno a este tema. “Hay que poner resguardos a este carácter amplio de la objeción donde cualquier objeta porque si“, nos dice. La objeción debiese ser un estatuto especial usado de manera excepcional, que no impida el acceso a la ley, ni que la solución frente a un equipo objetor de conciencia sea trasladar a la paciente o sobrecargar al equipo no objetor.
Finalmente, Camila Maturana indica que es necesario que el Ministerio de Salud lleve a cabo una revisión de estas normas, que realice un diagnóstico de cómo se ha implementado la ley IVE y, a partir de esto, pueda realizar las modificaciones necesarias para asegurar este derecho básico a mujeres, niñas, adolescentes y todas las personas gestantes.