El borrador de la nueva Constitución define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, situando como centro y motor de la actividad estatal el respeto y garantía de los derechos de todas las personas, y establece como una obligación del Estado respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos, integrando a la Constitución los derechos establecidos en tratados internacionales vigentes, reconociéndose rango constitucional.
Estas disposiciones, que se traducen en avances concretos para la vida de las personas que habitamos el país fueron gestadas gracias a una Convención Constitucional integrada de manera paritaria, con una importante participación de mujeres feministas quienes, fuertemente articuladas entre sí, y con el constante apoyo y colaboración de las organizaciones feministas y de mujeres que estuvieron presentes a lo largo del proceso, lograron además la incorporación de normas que contribuirán de manera sustantiva a mejorar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
La paridad en la integración de la Convención fue una innovación en nuestro sistema, y hoy se consagra como un principio fundamental del borrador de la nueva Constitución que mandata a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva y paridad, debiendo los órganos del Estado incorporar enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Nuestra democracia se define como paritaria, redistribuyendo así el poder entre mujeres y hombres, de modo que ellas se incorporan a la vida pública en igualdad de condiciones, superando así una barrera histórica que nos mantenía aún relegadas a la esfera de lo privado.
A esto se suma el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas y todos, la igualdad de género en la conducción de las relaciones internacionales del país, y el enfoque de género en el ejercicio de la función pública. Estas disposiciones se encuentran contenidas además en un texto redactado con un lenguaje inclusivo que reconoce a las mujeres en cuanto sujetas políticas, de manera expresa.
Esta redistribución del poder no es posible sin el reconocimiento de las labores de cuidado y trabajo no remunerado realizado dentro del hogar, que históricamente ha sido y es asumido de manera desproporcionada por las mujeres. El borrador reconoce las labores de cuidado y el derecho a cuidar, a ser cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo, mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados que “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados“, o el mandato al Sistema de Seguridad Social, que “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados“.
Hemos observado el que hasta ahora ha sido el proceso político más participativo de nuestra historia. La Convención está integrada por convencionales provenientes de distintas esferas sociales y grupos de interés: medioambientalistas, feministas, académicas y académicos, científicas y científicos y artistas confluyeron en un debate democrático que alcanzó amplios acuerdos para la incorporación de normas que recogen las demandas sociales que escuchamos hace décadas en las calles, pero hasta ahora habían sido desatendidas en los espacios de discusión política institucional.
La naturaleza participativa del proceso ha trascendido la conformación de la Convención. Se tradujo, además, en la implementación de una serie de mecanismos que permitieron dar cabida e incorporar en el debate a una amplia diversidad de grupos sociales. Entre otros, se recibieron cientos de audiencias públicas donde organizaciones de la sociedad civil expusieron ante las comisiones provisorias y temáticas las necesidades de los grupos a los que representan, y se presentaron iniciativas populares de norma constitucional cuyos contenidos forman parte del borrador de la nueva Constitución.
Como fruto de este proceso contamos hoy con un borrador de texto constitucional que reconoce derechos, y mandata al Estado a garantizarlos, que hasta hoy no han sido consagrados en nuestro sistema jurídico, y que al materializarse contribuirán a mejorar de manera significativa la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
Durante décadas, los movimientos de mujeres y feministas se han manifestado para visibilizar la violencia de género, exigiendo su erradicación. Gracias a iniciativas de norma populares y de convencionales constituyentes, el borrador de la nueva constitución reconoce expresamente el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para su prevención, investigación y sanción, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Además, materializando el principio de igualdad sustantiva, el Estado “tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra“
Como complemento de esta norma, el borrador contempla como inhabilidad para optar a cargos públicos o de elección popular, las condenas por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, apuntando a la erradicación de la violencia por vías diversas.
La Constitución de 1980 establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, excluyendo vínculos distintos de los familiares, y sin otorgar una definición de este concepto, lo que ha tenido consecuencias discriminatorias. El borrador de la nueva Constitución pone a las personas como centro de la actividad del Estado, que además reconoce y protege a las familias en su más extensa diversidad “no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos“, debiendo garantizarles una vida digna.
Finalmente, una de las principales luchas de los movimientos feministas y de mujeres de nuestro país ha sido el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que han sido materializados en el borrador de la nueva Constitución. El borrador de la nueva Constitución contiene una norma que fusiona las iniciativas populares de norma, y las iniciativas presentadas por las convencionales constituyentes, y que reconoce y garantiza estos derechos a todas las personas, fundando su ejercicio en la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, incluido el derecho a interrumpir el embarazo, entregando a la ley la regulación de su ejercicio.
A estas normas se suman otras, como el derecho a la identidad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas mayores, entre muchas normas diversas que reconocen y garantizan derechos a grupos históricamente vulnerados y que contribuyen, en el marco de este Estado social de derecho, a mejorar nuestras condiciones de vida, construyendo una sociedad más justa para todas, todes y todos.