Mayo 2022.- La campaña #LaTengoClara de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, abre la instancia para informarse de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución.  ¿Es verdad que la nueva Constitución quiere que el espacio público sea seguro para todas las personas?, ¿el borrador de la nueva Constitución habla del derecho a vivienda?, ¿busca una vejez digna para las personas?, son algunas de las interrogantes que la campaña busca responder. 

“La Constitución es la base del nuevo edificio que queremos construir cómo sociedad, los cambios culturales no se dan solo. El objetivo es obtener una pluralidad de voces: mujeres, personas mayores, jóvenes, pueblos originarios, personas con discapacidad, entre otros”, comentó Mariela Infante, directora de Corporación Humanas. 

 La campaña está dirigida a la mayor cantidad de personas que participarán en este proceso plebiscitario, en especial a las mujeres quienes, a través de la nueva Constitución, se le garantizarán derechos como una vida libre de violencia, paridad en órganos del Estado, derecho a decisión autónoma sobre su cuerpo, derecho a los cuidados, entre otros.

“El proceso constitucional es una de las experiencias sociales y políticas más democráticas en la historia del país, que concertó la voluntad -y compromiso de la mayoría de la ciudadanía- en torno a demandas por igualdad de género y de clase, por el reconocimiento de la democracia como voluntad soberana de los pueblos y por un Estado que proteja y no abuse de las personas. Por ello es importante participar informadas e informados en este nuevo proceso, obtener todas las herramientas posibles para el nuevo cambio social que tendremos”, señaló Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer. 

De igual modo, Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, comentó que “cómo defensoras de derechos humanos trabajaremos incansablemente por la defensa de la nueva Constitución porque en ella están escritos nuestros sueños por construir una vida mejor, ha sido un duro camino el que hemos recorrido como sociedad y como movimientos sociales para dignificar la vida, para construir justicia social e igualdad, el siguiente paso es el apruebo de salida”, enfatizó.

#LaTengoClara estará disponible por cuatro semanas consecutivas por las redes sociales de las organizaciones pertenecientes a la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, que componen alrededor de cuarenta, entre ellas Corporación Humanas, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Observatorio de Género y Equidad, Centro de Estudios de la Mujer, Cooperativa Desbordadas, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Observatorio contra el Acoso Chile, Migra Chile, Colectiva Luanda y Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile.

Organizaciones que vienen trabajando históricamente por los derechos de las mujeres y también los derechos sociales para cambios materiales sustantivos en la vida de las personas.  En esta oportunidad unidas en una sola voz que promueven un voto informado y una participación consciente para lograr  una nueva Constitución.

Considero especialmente importante hacerlo en un contexto de tanta celeridad política, incertidumbre y confusión favorecida por el escaso tiempo acordado para realizar esta tarea y atizada desde distintos flancos, por fuerzas políticas que resisten un cambio sustantivo que permita transitar hacia una nueva etapa histórica en el país.

Los cambios, aun los más esperados, como en el caso de una nueva Constitución, suscitan dudas, temores y críticas, momentos de avance junto a momentos de estancamiento.  Estos sentimientos son propios de procesos de cambios sustantivos exigidos por la complejidad y gravedad de los problemas sociales. Este clima es aprovechado por la Estrategia del Rechazo, cuyos promotores, usando cuantiosos recursos financieros, avivan la desconfianza a través de noticias falsas difundidas reiteradamente en distintos medios de comunicación y plataformas sociales.

La revuelta social desnudó el hecho de que Chile no es un país justo y homogéneo, al contrario, presenta altos índices de desigualdad, coexisten una variedad de culturas y estilos de vida. Durante la protesta, hombres y mujeres de distintas edades y sectores sociales, jóvenes y adolescentes, integrantes de pueblos indígenas y de colectivos de la diversidad y disidencia sexual hicieron pública su insatisfacción y malestar frente a las consecuencias de las desigualdades presentes en la vida cotidiana (salud, pensiones, salarios, vivienda, inseguridad, medioambiente, entre otras) y en las relaciones asimétricas que establecen entre sí grupos y colectivos, y las regiones o territorialidad. Denunciaron el acaparamiento de los recursos y el menosprecio a puntos de vista y el ejercicio de sus derechos. Los grupos dominantes no otorgan igual valor, ni el mismo derecho a otros sectores de la sociedad para expresar sus formas de entender la realidad, sus aspiraciones, anhelos y sus estilos de vida.

El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder.

La ausencia de infraestructura física e institucional, tal como caminos, transportes, seguridad, servicios sanitarios, centros de salud, escuelas, áreas verdes en los lugares donde residen mayoritariamente quienes habitan el país, naturaliza la idea que unas vidas valen más que otras y por eso deben ser protegidas, sostenidas y valoradas.

La Convención está integrada por mujeres y hombres, personas de todas las regiones e integrantes de pueblos indígenas.  En sus territorios han participado en debates y movilizaciones públicas. El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder. Convencionales procedentes de regiones han sido grandes promotores de la descentralización y el reconocimiento de Estados regionales. La mayoría de las y los convencionales electos coincidieron en la necesidad de garantizar la transparencia e impulsar la participación ciudadana a través de audiencias abiertas a la ciudadanía y organizaciones, la habilitación de la plataforma de lobby, visitas a regiones, encuentros territoriales semanales, jornadas de encuentro y cabildos. Por otro lado, se llamó a la ciudadanía a participar en la elaboración de normas constitucionales de iniciativas populares que debían alcanzar las 15 mil firmas para que fueran debatidas en las distintas comisiones y luego pasarán al pleno de la Convención. Muchas de ellas fueron producidas en los espacios de interacción de las organizaciones sociales y con convencionales, ampliando de esta manera la deliberación hacia los espacios ciudadanos.

El proceso de debatir sobre este nuevo pacto social que nos una sobre la base de la justicia y democracia ha sido desafiante porque las delegadas y delegados elegidos para la misión han tenido la tarea de construir un diseño institucional, y ya no de denunciar los déficits de la antigua constitución. Para esa tarea, sus visiones se enriquecieron y mejoraron a través de la escucha de las exposiciones de centenares de organizaciones sociales, políticas y técnicas; a través del diálogo que transcurrió entre comisiones y plenos; y seguirá ahora puliéndose en la Comisión de Armonización y dibujando su aterrizaje en la Comisión de Disposiciones transitorias. Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de Derechos, un fuerte catálogo de derechos fundamentales, la valoración e integración jurídica del derecho internacional de los Derechos Humanos, la noción de un Estado que cuida a la ciudadanía de los abusos del mercado y que condena la corrupción. El análisis de las normas aprobadas en el pleno de la Convención se orienta en el sentido de los consensos presentes desde la revuelta y anticipan entonces su capacidad de responder a los anhelos de la ciudadanía de una sociedad más justa, solidaria que busca mejorar la calidad de vida de los sectores en situaciones de desventaja.

Por Virginia Guzmán, sudirectora del Centro de Estudios de la Mujer e integrante de Nada Sin Nosotras 

Columna publicada en El Mostrador