paridad – Nada sin nosotras

Editorial: Nueva Constitución, avances en derechos humanos de las mujeres

Admin — Wed, 01 Jun 2022 12:53:40 +0000

El borrador de la nueva Constitución define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, situando como centro y motor de la actividad estatal el respeto y garantía de los derechos de todas las personas, y establece como una obligación del Estado respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos, integrando a la Constitución los derechos establecidos en tratados internacionales vigentes, reconociéndose rango constitucional.

Estas disposiciones, que se traducen en avances concretos para la vida de las personas que habitamos el país fueron gestadas gracias a una Convención Constitucional integrada de manera paritaria, con una importante participación de mujeres feministas quienes, fuertemente articuladas entre sí, y con el constante apoyo y colaboración de las organizaciones feministas y de mujeres que estuvieron presentes a lo largo del proceso, lograron además la incorporación de normas que contribuirán de manera sustantiva a mejorar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

La paridad en la integración de la Convención fue una innovación en nuestro sistema, y hoy se consagra como un principio fundamental del borrador de la nueva Constitución que mandata a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva y paridad, debiendo los órganos del Estado incorporar enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Nuestra democracia se define como paritaria, redistribuyendo así el poder entre mujeres y hombres, de modo que ellas se incorporan a la vida pública en igualdad de condiciones, superando así una barrera histórica que nos mantenía aún relegadas a la esfera de lo privado.

A esto se suma el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas y todos, la igualdad de género en la conducción de las relaciones internacionales del país, y el enfoque de género en el ejercicio de la función pública. Estas disposiciones se encuentran contenidas además en un texto redactado con un lenguaje inclusivo que reconoce a las mujeres en cuanto sujetas políticas, de manera expresa.

Esta redistribución del poder no es posible sin el reconocimiento de las labores de cuidado y trabajo no remunerado realizado dentro del hogar, que históricamente ha sido y es asumido de manera desproporcionada por las mujeres. El borrador reconoce las labores de cuidado y el derecho a cuidar, a ser cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo, mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados que “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados“, o el mandato al Sistema de Seguridad Social, que “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados“.

Hemos observado el que hasta ahora ha sido el proceso político más participativo de nuestra historia. La Convención está integrada por convencionales provenientes de distintas esferas sociales y grupos de interés: medioambientalistas, feministas, académicas y académicos, científicas y científicos y artistas confluyeron en un debate democrático que alcanzó amplios acuerdos para la incorporación de normas que recogen las demandas sociales que escuchamos hace décadas en las calles, pero hasta ahora habían sido desatendidas en los espacios de discusión política institucional.

La naturaleza participativa del proceso ha trascendido la conformación de la Convención. Se tradujo, además, en la implementación de una serie de mecanismos que permitieron dar cabida e incorporar en el debate a una amplia diversidad de grupos sociales. Entre otros, se recibieron cientos de audiencias públicas donde organizaciones de la sociedad civil expusieron ante las comisiones provisorias y temáticas las necesidades de los grupos a los que representan, y se presentaron iniciativas populares de norma constitucional cuyos contenidos forman parte del borrador de la nueva Constitución.

Como fruto de este proceso contamos hoy con un borrador de texto constitucional que reconoce derechos, y mandata al Estado a garantizarlos, que hasta hoy no han sido consagrados en nuestro sistema jurídico, y que al materializarse contribuirán a mejorar de manera significativa la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

Durante décadas, los movimientos de mujeres y feministas se han manifestado para visibilizar la violencia de género, exigiendo su erradicación. Gracias a iniciativas de norma populares y de convencionales constituyentes, el borrador de la nueva constitución reconoce expresamente el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para su prevención, investigación y sanción, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Además, materializando el principio de igualdad sustantiva, el Estado “tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra“

Como complemento de esta norma, el borrador contempla como inhabilidad para optar a cargos públicos o de elección popular, las condenas por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, apuntando a la erradicación de la violencia por vías diversas.

La Constitución de 1980 establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, excluyendo vínculos distintos de los familiares, y sin otorgar una definición de este concepto, lo que ha tenido consecuencias discriminatorias. El borrador de la nueva Constitución pone a las personas como centro de la actividad del Estado, que además reconoce y protege a las familias en su más extensa diversidad “no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos“, debiendo garantizarles una vida digna.

Finalmente, una de las principales luchas de los movimientos feministas y de mujeres de nuestro país ha sido el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que han sido materializados en el borrador de la nueva Constitución. El borrador de la nueva Constitución contiene una norma que fusiona las iniciativas populares de norma, y las iniciativas presentadas por las convencionales constituyentes, y que reconoce y garantiza estos derechos a todas las personas, fundando su ejercicio en la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, incluido el derecho a interrumpir el embarazo, entregando a la ley la regulación de su ejercicio.

A estas normas se suman otras, como el derecho a la identidad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas mayores, entre muchas normas diversas que reconocen y garantizan derechos a grupos históricamente vulnerados y que contribuyen, en el marco de este Estado social de derecho, a mejorar nuestras condiciones de vida, construyendo una sociedad más justa para todas, todes y todos.

#Panel Feminista: Bárbara Sepúlveda, abogada y constituyente: El avance de los derechos de paridad en la nueva Constitución

Admin — Thu, 26 May 2022 13:25:06 +0000

En el #PanelFeminista de Café con Nata presentado por Corporación Humanas en Súbela, la constituyente del distrito 9 Bárbara Sepúlveda, abogada constitucionalista explicó el proceso de la aprobación de la paridad en la nueva Constitución y cómo esta cambiará el sistema democrático que tenemos actualmente.

“Para nosotras es un tremendo avance porque corrige un problema que tenía nuestra democracia, no era solo la subrepresentación de las mujeres, sino que la sobrerrepresentación de los hombres”, comentó la abogada.

De esta manera, la convencional también expresa que la paridad es un principio y que demuestra una real democracia ante la sociedad, donde “estudios demuestran que entre más mujeres en espacios de poder, las agendas de derechos de las mujeres se agilizan y se vuelven más eficientes, porque hay una voz representada de experiencia”.

Para la abogada, el sistema democrático debe tener la paridad como un piso mínimo, donde también incluye a las diversidades sexogenéricas. “La idea binaria de solo hombres y mujeres, excluye un sector de la población”, que, a pesar de no ser mayoría, deben tener voz en el nuevo Chile que se quiere construir.

También comenta sobre los avances que han tenido las materias de género desde que existe la ley de cuotas en el Parlamento, donde tuvo que crearse la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, como también se ha visibilizado el progreso en estas materias. Este es un ejemplo de lo posible que puede ser la sociedad cuando se equilibra la diversidad.

En la Convención Constitucional se creó la Colectiva Feminista donde las constituyentes se vincularon con organizaciones de la sociedad civil , entre ellas, la plataforma de Corporación Humanas, Nada Sin Nosotras. que han aportada en el proceso para promover los derechos de las mujeres. “Ha sido un gran trabajo colectivo”, enfatizó Bárbara.

Con respecto al plebiscito, la convencional invita “a leer el texto que estamos aprobando porque ahí está la verdad”, a crear comandos del apruebo para informar y aprobar : “si se rechaza la gente no va a poder tener todo lo que ocasionó el estallido social y las demandas anteriores. Estamos por el apruebo porque queremos cambios”

Por último, la abogada recomendó el libro “Frankenstein” versión 1818 de Mary Shelley, donde la autora rompe con todos los cánones morales de la época.

Vuelve a escuchar el podcast en: https://cafeconnata.subela.cl/episodes/fallece-trabajador-mapuche-panel-feminista-junto-s1!9ed24

Paridad para redistribuir el poder

Admin — Fri, 20 May 2022 13:35:07 +0000

Por Ximena Peralta, abogada de Corporación Humanas

El borrador de Constitución aprobado hasta ahora contiene 37 veces menciones a paridad, paritario, paritaria.

La decisión política sobre la composición del órgano constituyente no se quedó solamente en su forma, sino que logró hacer de la paridad un eje del texto constitucional que se ofrecerá a la ciudadanía para su aprobación en septiembre, y también logró articular a más feministas que aquellas que se definían a sí mismas como tales al inaugurarse la Convención Constitucional.

El capítulo de Principios Constitucionales erige a la democracia paritaria como una base de los fundamentos del pacto social. El Sistema Político funciona sobre la base de la paridad en la composición de sus órganos. El Sistema de Justicia indica que la función jurisdiccional se rige, además de los principios ya conocidos por la doctrina constitucional, por la perspectiva de género y la paridad.

La definición central de la democracia paritaria, y su fundamento, fue redactada por la Comisión de Sistema Político. Su primer inciso dice: “El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”. Esta justificación servirá de clave interpretativa para el resto de las normas que se refieren a paridad y tendrá que ser considerada con especial fuerza por el Congreso al legislar próximamente, como también por todas las instituciones al aplicar el principio de paridad.

La importancia de la democracia paritaria está en la distribución del poder político y social a la que apunta, tanto en el Estado como en la sociedad. Tiene el objetivo de que la democracia sea receptiva y expresiva de la diversidad de realidades que existen en una sociedad, donde la subordinación de las mujeres ha sido la regla. La autorepresentación política será decisiva para que la institucionalidad democrática no siga operando con sesgos, y en consecuencia las decisiones que ahí se tomen vayan construyendo un sistema integral de plena igualdad y goce de derechos, donde también el poder económico de redistribuya con justicia. Otras normas constitucionales del borrador encaminan bien este propósito, tales como el reconocimiento del trabajo de cuidados, la prohibición de la discriminación por género en el trabajo (y por tanto en su acceso, continuidad, remuneración, entre otras) y el derecho a una vida libre de violencia, conjugado con el deber del Estado de “adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan”. En ese sentido, la democracia paritaria no es únicamente una ganada conceptual o abstracta del movimiento feminista, sino un paso fundamental para el avance de los derechos de las mujeres, en cuyos cuerpos y vidas impactan directamente los estereotipos de género y diversas formas de opresión de una sociedad machista.

Columna publicada en La Tercera

«Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de derechos»

Admin — Mon, 16 May 2022 11:49:52 +0000

A continuación, expondré las razones que me motivan a apoyar el proceso constituyente, así como la estructura y contenidos a través de las cuales se han ido aprobando por 2/3 del pleno las normas que pasarán a formar parte del borrador de la nueva Constitución.

Considero especialmente importante hacerlo en un contexto de tanta celeridad política, incertidumbre y confusión favorecida por el escaso tiempo acordado para realizar esta tarea y atizada desde distintos flancos, por fuerzas políticas que resisten un cambio sustantivo que permita transitar hacia una nueva etapa histórica en el país.

Los cambios, aun los más esperados, como en el caso de una nueva Constitución, suscitan dudas, temores y críticas, momentos de avance junto a momentos de estancamiento. Estos sentimientos son propios de procesos de cambios sustantivos exigidos por la complejidad y gravedad de los problemas sociales. Este clima es aprovechado por la Estrategia del Rechazo, cuyos promotores, usando cuantiosos recursos financieros, avivan la desconfianza a través de noticias falsas difundidas reiteradamente en distintos medios de comunicación y plataformas sociales.

La revuelta social desnudó el hecho de que Chile no es un país justo y homogéneo, al contrario, presenta altos índices de desigualdad, coexisten una variedad de culturas y estilos de vida. Durante la protesta, hombres y mujeres de distintas edades y sectores sociales, jóvenes y adolescentes, integrantes de pueblos indígenas y de colectivos de la diversidad y disidencia sexual hicieron pública su insatisfacción y malestar frente a las consecuencias de las desigualdades presentes en la vida cotidiana (salud, pensiones, salarios, vivienda, inseguridad, medioambiente, entre otras) y en las relaciones asimétricas que establecen entre sí grupos y colectivos, y las regiones o territorialidad. Denunciaron el acaparamiento de los recursos y el menosprecio a puntos de vista y el ejercicio de sus derechos. Los grupos dominantes no otorgan igual valor, ni el mismo derecho a otros sectores de la sociedad para expresar sus formas de entender la realidad, sus aspiraciones, anhelos y sus estilos de vida.

El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder.

La ausencia de infraestructura física e institucional, tal como caminos, transportes, seguridad, servicios sanitarios, centros de salud, escuelas, áreas verdes en los lugares donde residen mayoritariamente quienes habitan el país, naturaliza la idea que unas vidas valen más que otras y por eso deben ser protegidas, sostenidas y valoradas.

Para calmar las incertidumbres y frenar los efectos de la insidiosa y subrepticia estrategia del rechazo afirmamos que el proceso constitucional es una de las experiencias sociales y políticas más democráticas en la historia del país, que concertó la voluntad -y compromiso de la mayoría de la ciudadanía- en torno a demandas por igualdad de género y de clase, por el reconocimiento de la democracia como voluntad soberana de los pueblos y por un Estado que proteja y no abuse de las personas. Se demandó igualmente enriquecer la democracia representativa impulsando formas de democracia deliberativa y participativa en el proceso constitucional que fortalezca la capacidad de autogobierno de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, la desconcentración del poder presidencial hacia otros poderes y de la Región Metropolitana al resto de las regiones.

La Convención está integrada por mujeres y hombres, personas de todas las regiones e integrantes de pueblos indígenas. En sus territorios han participado en debates y movilizaciones públicas. El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder. Convencionales procedentes de regiones han sido grandes promotores de la descentralización y el reconocimiento de Estados regionales. La mayoría de las y los convencionales electos coincidieron en la necesidad de garantizar la transparencia e impulsar la participación ciudadana a través de audiencias abiertas a la ciudadanía y organizaciones, la habilitación de la plataforma de lobby, visitas a regiones, encuentros territoriales semanales, jornadas de encuentro y cabildos. Por otro lado, se llamó a la ciudadanía a participar en la elaboración de normas constitucionales de iniciativas populares que debían alcanzar las 15 mil firmas para que fueran debatidas en las distintas comisiones y luego pasarán al pleno de la Convención. Muchas de ellas fueron producidas en los espacios de interacción de las organizaciones sociales y con convencionales, ampliando de esta manera la deliberación hacia los espacios ciudadanos.

El proceso de debatir sobre este nuevo pacto social que nos una sobre la base de la justicia y democracia ha sido desafiante porque las delegadas y delegados elegidos para la misión han tenido la tarea de construir un diseño institucional, y ya no de denunciar los déficits de la antigua constitución. Para esa tarea, sus visiones se enriquecieron y mejoraron a través de la escucha de las exposiciones de centenares de organizaciones sociales, políticas y técnicas; a través del diálogo que transcurrió entre comisiones y plenos; y seguirá ahora puliéndose en la Comisión de Armonización y dibujando su aterrizaje en la Comisión de Disposiciones transitorias. Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de Derechos, un fuerte catálogo de derechos fundamentales, la valoración e integración jurídica del derecho internacional de los Derechos Humanos, la noción de un Estado que cuida a la ciudadanía de los abusos del mercado y que condena la corrupción. El análisis de las normas aprobadas en el pleno de la Convención se orienta en el sentido de los consensos presentes desde la revuelta y anticipan entonces su capacidad de responder a los anhelos de la ciudadanía de una sociedad más justa, solidaria que busca mejorar la calidad de vida de los sectores en situaciones de desventaja.

Por Virginia Guzmán, sudirectora del Centro de Estudios de la Mujer e integrante de Nada Sin Nosotras

Columna publicada en El Mostrador

#PanelFeminista: Yarela Gómez, constituyente distrito 27 y logros del borrador de la nueva Constitución

Admin — Fri, 06 May 2022 01:19:04 +0000

En el Panel Feminista presentado por Corporación Humanas en Súbela, Yarela Gómez, constituyente del distrito 27 de la Región de Aysén, nos presenta los avances que permitirán el apruebo de la nueva Constitución.

Estamos en las últimas semanas de redacción del borrador constitucional y para la convencional Yarela Gómez el texto actual responde a las demandas de la calle en cuanto a muchos temas: salud, vivienda digna, educación, democracia paritaria, medio ambiente, y descentralización (…). “Prácticamente todas las demandas que nos movilizaron han tenido una causa constitucional”, declara.

Este nuevo texto nos permitirá dejar atrás el Estado subsidiario de la Constitución del ’80 para tener un Estado social y democrático de derechos, viabilizando el desmonte del neoliberalismo. También alentará el proceso de descentralización para que sean las propias regiones las que impulsen los procesos de transformación según sus necesidades.

“El trabajo que se ha hecho dentro de la Convención en una agenda feminismo ha sido excepcional”, todas estas perspectivas que han estado invisibilizadas en la representación democrática, hoy tienen una voz y podemos construir con todas estas diversidades, plantea la constituyentes del distrito 27. Explica que a lo largo del proceso de redacción del borrador las constituyentes feministas se juntaron en una colectiva para mirar al texto constitucional e introducir aportes feministas de manera transversal en el documento elaborado y no solo en una comisión.

Gracias a este trabajo se han logrado grandes avances: establecer una democracia paritaria, conseguir el derecho a una vida libre de violencia género, alcanzar que tengamos un sistema de justicia con perspectiva de género, intersectorial (…) Muchas de estas proposiciones son también inéditas como el derecho a participar en espacios digitales libre de violencia, que es una cosa muy en consonancia con los tiempos actuales.

Yarela Gómez explica que las mujeres han sido protagonistas claves en este proceso histórico. “Quienes construyen los 2/3 y se mueven políticamente dentro de la convención han sido las mujeres” nos dice.

Ahora, una lucha más bien informativa

Sobre el clima mediático del rechazo actual, la convencional explica que es una reacción normal frente a cualquier proceso de transformación. Para ella, “cualquier cambio que desestabilice el estatus quo de quienes dijeron este país en términos político y económico se refleja en los medios de comunicación que también tienen en su disposición para poder replicar.” Hay que hacer un trabajo de comunicación para combatir estas campañas, no dejarse intimidar respecto a las caricaturas que se generan y que hacer ruido respeto a normas pequeñas que ni siquiera han llegado al pleno nos dice Yarela porque es su forma de proteger su interés.

“Tenemos que comunicar sobre cómo el proceso va a cambiar nuestras vidas de manera efectiva y como hemos dado respuesta por medio del borrador constitucional a toda esta demandas sociales”, subraya Yarela Gómez.“Estamos avanzando a paso firme para generar una nueva forma de relacionarnos por eso la democracia paritaria es un elemento que va a hacer que nos relacionemos de una forma distinta, vamos a creer distintas políticas públicas, con nuevo enfoque, nuevas miradas”, señala.

“Vamos motivándonos, movilizándonos, ir explicando, informándose, saber que de esto solo vamos a conseguir mayor dignidad. ¡Tenemos que ir avanzando!” concluye.

La recomendación feminista de Yarela Gómez: El libro La mujer nueva y la moral sexual, de la célebre revolucionaria rusa Alejandra Kolontaï, primera mujer en la historia a hacer parte de un gabinete de gobierno. Una síntesis de sus teorías sobre el tema sexual que va analizando la relación entre el amor y la vida política y nos propone ideas sobre cómo construir relaciones igualitarias entre los sexos.

Escucha el podcast: https://cafeconnata.subela.cl/episodes/denuncias-contra-la-puc-por-violencia-de-genero-s1!31dfd

*Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas

#SuperCiudadanos: La necesidad de una democracia paritaria

Admin — Tue, 19 Apr 2022 12:32:08 +0000

Hace algunos días, en el debate del Pleno de la Convención Constitucional, faltaron 4 votos para que se aprobará en el borrador de la Constitución la norma de paridad en el sistema político. De este modo, la propuesta tiene que ser modificada y volver nuevamente al pleno para su última oportunidad de ser aceptada. En Super Ciudadanos, presentado por Corporación Humanas en Súbela, Mariela infante, directora de Corporación humanas, nos recuerda la importancia de conseguir esta paridad para tener una democracia verdaderamente plena.

La democracia paritaria es “un concepto, una forma distinta de entender la democracia” explica Mariela Infante. Surge primero de un diagnóstico: “la democracia es insuficiente, incompleta para nosotras, las mujeres”. En conversación con Rayén Araya, precisa que si bien no existen leyes específicas que nos prohíben estar en espacios de poder, ya sean públicos o privados, de manera factual somos una minoría. “Algo ocurre cuando se trata del poder, las mujeres desaparecen”.

“Una democracia en lo que falta la representación de una parte de la población no es una democracia real” “Tenemos que generar una transformación profunda en cómo se organiza el poder y también como se organiza toda la sociedad” añade la socióloga.

Así, la clave de este cambio se centra en generar una transformación cultural. Para las mujeres, lo tradicional ha sido lo privado, la familia, cuando trabajaban al exterior es un trabajo que se supone es suplementario. Hace 70 años que las chilenas tienen el derecho a voto, pero no ha sido suficiente para que seamos ciudadanas plenas, es decir, lo solamente votar sino ser representante y ocupar los espacios de toma de decisión. Lo anterior se puede explicar por medio de la carrera de obstáculos presentes en el camino de las mujeres que buscan insertarse en el mundo político. Y aunque hay candidatas mujeres, no todas se terminan presentándose a las elecciones.

Tenemos que realizar un cambio de paradigma muy ambicioso que también tome en cuenta lo privado: el cuidado, las tareas domésticas, las empresas (…) para que las mujeres puedan dedicarse a las tareas de representación, de lideres de empresas (…) sin dejar de lado un proyecto personal y familiar. Para esto lo hombres también tienen que responsabilizarse de lo familiar.

Eso no va a ocurrir de manera autónoma. “Los cambios culturales no se dan solo” enfatiza Mariela Infante. El Estado debe requilibrar estas desigualdades, es un asunto de justicia. “La Constitución es la base del nuevo edificio que queremos construir como sociedad” y tiene que reconocer una democracia paritaria. Si se aprueba esta propuesta tenemos que formular nuevas leyes, implementar nuevas políticas de acciones afirmativas, sancionar los partidos políticos que no aplican estas nuevas reglas (…) “Chile está super atrasado en materias de participación de mujeres en espacios de poder comparado con el resto de Latinoamérica.” nos dice Infante. La paridad permitirá reemplazar y, sobre todo, superar las cuotas -que son algo temporal- para avanzar en un real cambio cultural.

Es imperativo tener más mujeres en los espacios de poder (…). “Tenemos que romper con este esencialismo” nos dice Mariela Infante. Necesitamos esto porque “permite agregar otras experiencias de vida, y eso es muy relevante, cambian los espacios de decisión”. El objetivo es obtener una pluralidad de voces: mujeres, mayores, jóvenes, indígenas, con discapacidades, entre otras. “Creo que, si las mujeres cambian la política, le dan diversidad al espacio y generan otras perspectivas” explica la directora de Corporación Humanas. Permitir un acceso igualitario de las mujeres a los espacios de poder, o en la dirección de empresas, es un instrumento entre otros (iniciativas populares de norma…) para obtener más representación. Eso es un cambio necesario en una democracia en debilitamiento donde cada vez votan menos gente. En efecto, más que una cuestión feminista, “es una cuestión transversal y los convencionales deben tomarlo en serio” explica Mariela.

Al mismo tiempo, es muy frecuente encontrar mitos en torno a la idea de paridad. Uno de ellos es que, a causa de esta obligación de incorporar mujeres, van a llegar mujeres sin capacidades, que no tienen lo que requiere el cargo. Eso es estadísticamente falso. En promedio, en Chile, las mujeres tienen más años de estudio que sus pares masculinos. La Convención Constitucional nos ha demostrado que existen muchísimas mujeres con capacidad de liderazgo y fuerza de proposición. Además, añade Mariela sonriente “hay mujeres con muchas capacidades, hay con menos, como llegan hombre con menos capacitados en los espacios de poder también”. Otro mito acerca de la paridad supone que se van a despedir a muchos hombres. De verdad, la implementación, de la constitución será gradual, vamos a tener primero artículos transitorios y luego necesitaremos escribir leyes especifica.

El inicio de todo esto proceso constituyente partió en la calle y es necesario que no se olviden estos orígenes. Tenemos que recordar que “el movimiento feminista en toda su diversidad ha sido un sujeto político clave para lograr esta ventana de oportunidad que es el proceso constitucional”. Por esto, no hay que olvidar que el proceso de redacción de la nueva Constitución viene de las movilizaciones masivas en la calle, y que los ciudadanos y las ciudadanas quieren ver transformaciones reales.

“Se trata de cambios necesarios” concluye Mariela.

Escuchar el podcast: https://superciudadanos.subela.cl/episodes/paridad-en-riesgo-s1!008cf

Mas informaciones sobre la necesidad de paridad: https://www.humanas.cl/nueva-constitucion-y-el-avance-en-paridad/

*Artículo preparado por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas

Nueva Constitución y el avance en paridad

Admin — Wed, 13 Apr 2022 17:37:53 +0000

Esta semana la Convención Constitucional votará cuestiones que están en el corazón de las demandas por mayores derechos, dignidad e inclusión que se expresaron en las movilizaciones de octubre de 2019.

El miércoles la Convención decide sobre el nuevo sistema político que nos daremos como sociedad, lo que representa una oportunidad inédita para incorporar principios de convivencia política que profundicen nuestra democracia.

Uno de ellos es la paridad, eje transversal de redistribución del poder que cuestiona la monopolización masculina de los espacios de decisión e incorpora sustantivamente a las mujeres en la vida pública. Más allá de lo numérico, se trata de una nueva forma de organización de la sociedad, en que las responsabilidades del espacio público y privado sean compartidas.

La propuesta en votación es un avance fundamental en términos del derecho a la participación, pues permitirá que exista mitad de hombres y mujeres en las candidaturas a todos los cargos de representación política y garantizará que los espacios de decisión del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y de los partidos políticos sean paritarios. Del mismo modo, establece que las disidencias y diversidades sexo-genéricas tendrán una participación efectiva en estas instituciones, sumando también la obligación del Estado de promover la paridad en el sector privado.

Estas disposiciones son de suma relevancia si consideramos que la presencia de mujeres en espacios de poder sigue siendo una excepción. En efecto, las mujeres no superan el 20% en el Senado y en las alcaldías, y sólo representan un tercio en la Cámara de Diputados/as y en las concejalías. En el mundo privado, los números no son más auspiciosos pues las mujeres en cargos directivos de empresas privadas alcanzan apenas el 7,7%. Estas cifras hablan de una organización social excluyente y de lo ineficaces y tardías que han sido las medidas tomadas hasta ahora para corregir este problema.

La encuesta realizada en octubre de 2021 a mujeres de todo el país por “Nada sin Nosotras” da cuenta del amplio apoyo que concita incorporar la paridad en el nuevo texto constitucional. Así, un 55,7% de las encuestadas señaló estar muy de acuerdo con incluir disposiciones orientadas a garantizar un mayor número de mujeres en cargos de representación política en la Constitución, mientras el 36,8% manifiesta estar de acuerdo con esta medida, sumando un 92,5% de respaldo.

Llamamos a las y los convencionales a estar a la altura de la oportunidad histórica que significa superar uno de los principales déficits democráticos de nuestro país, la sub-representación sistémica y estructural de la mitad de la ciudadanía de los espacios de decisión.

Apoyar la paridad significa brindar un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Se trata de una demanda histórica del movimiento feminista y de mujeres, cuya incorporación en el texto constitucional aumenta las probabilidades de aprobación de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.

Por Mariela Infante, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en sección opinión de Radio Bio Bio

Paridad y nueva Constitución, el proceso democratizador que viene

Admin — Wed, 24 Mar 2021 14:04:52 +0000

Las académicas Elisa Loncon y Pamela Figueroa, junto a Tatiana Hernández del Observatorio de Género y Equidad, participaron en el conversatorio organizado por nuestra Universidad donde coincidieron en que el proceso constituyente es parte de una larga demanda de las mujeres y feministas organizadas, y que por ello se deben asegurar los mecanismos para su participación e incidencia ante la Convención Constitucional desde un enfoque de género e interseccional.

Santiago 24 marzo, 2021: “Participación política de las mujeres, camino a una nueva Constitución paritaria” fue el título del conversatorio que organizó la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago. La actividad giró alrededor de tres grandes temas: El primero, acerca de cómo garantizar los derechos de las mujeres en la nueva Constitución: cómo se reconoce, garantiza y protege el derecho a vivir una vida libre de violencias y cómo se resguarda que el trabajo reproductivo y de cuidado sea una responsabilidad colectiva entre Estado, sector privado, comunidades y familias.

El segundo, el reglamento de la Convención Constitucional como mecanismo que resguarde la participación diversa de la ciudadanía en el proceso, como instrumento que otorgue legitimidad, salvaguardando la incidencia de territorios, de las comunidades organizadas y de la sociedad civil que demanda derechos colectivos, incorporando un enfoque de género para su funcionamiento.

Finalmente, la paridad como eje rector de una apertura democrática que debiese permear a todos los órganos políticos, poderes del Estado e instituciones como la Educación Superior; una paridad de género que permita una mejor representación de las actorías políticas y sociales, que reconozca la interseccionalidad, es decir, las múltiples identidades y discriminaciones que habitan y viven las personas.

Participaron en este conversatorio, Elisa Loncon Antileo y Pamela Figueroa Rubio, ambas académicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y Tatiana Hernández, investigadora del Observatorio de Género y Equidad.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del prorrector Dr. Jorge Torres Ortega quien recordó que el proceso constituyente que transita Chile genera expectativas a nivel global.

“Estamos a menos de un mes para las elecciones de constituyentes, en un contexto muy desafiante por el COVID-19; desafiante además porque la nueva Constitución será escrita en paridad, un reto para nuestra Institución de Educación Superior porque nos convoca a acelerar los procesos de cambio en materia de igualdad de género e inclusión trazados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2030. Entre ellos, una política de igualdad de género que valore la diversidad de quienes integran la comunidad universitaria, que nos configure otro marco de convivencia, potenciando los valores institucionales. Todos y todas debemos participar en este proceso transformador”, remarcó.

Para la Dra. Elisa Loncon Antileo “las mujeres y los pueblos indígenas son quienes han resistido la crisis”, la crisis política y sanitaria. Por ello espera que la participación, en particular de las mujeres indígenas, permita que los pueblos incidan en la nueva Constitución. “Nuestra participación va más allá de los feminismos, tiene que ver con la relación que construimos con la tierra y la naturaleza. La lucha de la mujer mapuche es interseccional y por derechos colectivos; es una defensa a nuestra tierra para evitar la muerte de los territorios y la sobrevivencia de las familias. No entramos como intrusas al debate constitucional”.

Desde su experiencia como coordinadora del proceso constituyente iniciado en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y como integrante del Observatorio Nueva Constitución, la Dra. Pamela Figueroa Rubio apuesta porque esta etapa sea un proceso movilizador e inclusivo que siente las bases para un Estado social de derechos, plurinacional.

Recalcó que ello depende de la participación electoral en la próxima elección de constituyentes, de la capacidad deliberativa y de la incidencia de la ciudadanía organizada. “Una Constitución paritaria, con enfoque de género, que consagre el derecho de igualdad y no discriminación, nos debiera conducir a la redistribución del poder, a un cambio político y cultural, que nos permita un bienestar común”, dijo.

Tatiana Hernández Comandini, investigadora del Observatorio de Género y Equidad ha trabajado de cerca con las organizaciones de mujeres y feministas, diseñando herramientas para la acción en torno al proceso constituyente. En su participación en el conversatorio, recordó que el único trabajo que no se ha detenido “nunca” es el reproductivo, que por el contrario, en medio de la crisis sanitaria este se acrecentó.

“La crisis de los cuidados, el costo que ha tenido para las mujeres, es un llamado a desfamiliarizar los cuidados en el debate constitucional, a detener la mercantilización de los derechos sociales.” Enfatizó que el reglamento que guíe el funcionamiento de la Convención Constitucional debe reflejar la diversidad del país para su legitimidad.

El cierre del conversatorio “Participación política de las mujeres, camino a una nueva Constitución paritaria”, estuvo a cargo de la profesora y directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, Karin Baeza Vásquez. “Tenemos por delante un proceso de retejido social. Este proceso constitucional tiene que ser un espejo de la diversidad y de las complejidades que tiene el país. Tiene que ser satisfactorio para la vida cotidiana de las personas, para relevar los cuidados, la corresponsabilidad y valorar el trabajo reproductivo. Este mismo desafío lo vamos a vivir en la Universidad de Santiago de Chile a través del cambio al Estatuto Orgánico, que recientemente aprobó incorporar la paridad en todos sus órganos colegiados”, concluyó.

Publicación en Portal Usach

Escribir una Constitución con perspectiva de género

Admin — Sun, 22 Nov 2020 17:19:20 +0000

La elección de una Convención Constitucional conformada en partes iguales entre hombres y mujeres es un hito en Chile y el mundo, un logro para la participación y representatividad de un grupo que históricamente se ha mantenido en segundo plano en la toma de decisiones. Sin embargo, que se escriba una nueva Constitución es una oportunidad mucho más amplia. Un nuevo texto fundamental puede establecer criterios que apunten a favor de la paridad social, tener una consideración más profunda de los derechos sexuales y reproductivos, establecer medidas concretas contra la violencia de género y promover lo que el movimiento feminista tiene como uno de sus objetivos principales: la igualdad sustantiva entre los géneros.

“Ha llegado una fuerza nueva (…) La mujer se adelanta y hace sentir su presencia en la vida cívica. Cierta de que nadie puede ahorrarle su parte de responsabilidad en los resultados, se alza para representar su opinión, que no es ya la opinión de una simple y cordial simpatía, sino la expresión de una convicción, asumida a conciencia”.

Podría ser una opinión de 2020, tras la marcha del 8 de marzo, quizás. O de enero de 2006, cuando Michelle Bachelet fue proclamada como la primera Presidenta de Chile. O de tantos otros momentos de los últimos años, pero no: lo dijo el periodista Rafael Maluenda en 1931.

Aunque las mujeres aún no podían votar ni ser elegidas para un cargo de representación, la lucha por su derecho a la participación política ya estaba en curso y, en aquella instancia en específico, Maluenda le hablaba a las representantes de los distintos sectores que permitieron la proclamación de Juan Esteban Montero como candidato a la Presidencia, según relata el libro Queremos votar en las próximas elecciones, de 1986.

Si bien la mitad de la población durante la historia de Chile ha estado conformada por mujeres, su participación e incorporación en la toma de decisiones es reciente: sólo han sido parte activa de los procesos democráticos y la vida cívica durante los últimos 70 años.

Algunos datos: a comienzos del siglo XIX sólo el 10% de ellas sabía leer y escribir, y apenas unas décadas después, el Código Civil determinaba que dependían 100% de su marido o su padre. De votar, ni hablar. Recién se les permitió el sufragio en 1934, sólo para elecciones municipales; y luego en 1949, para las presidenciales y parlamentarias. Desde entonces, su participación en elecciones siempre fue en aumento.

En 1952, cuando salió electo Carlos Ibáñez del Campo, votó el 20% de las mujeres inscritas. En 1958, fue el 27% y en 1964, el 63%. Seis años después, cuando Salvador Allende llegó a La Moneda, lo hizo el 69%, y en 1989, cuando se elegía al primer Presidente después de una dictadura de 17 años, participó el 92% de las mujeres del padrón.

Incluso en la elaboración de la Constitución de 1980 lograron una cuota -mínima- de participación. De las nueve personas que conformaron la comisión que redactó el anteproyecto, sólo una fue mujer: Alicia Romo. Después, el Consejo de Estado –compuesto por 19 personas– que revisó el texto, sólo contó con Mercedes Ezquerra como representante del género. Y ya en el primer artículo, las mujeres quedaban invisibilizadas.

Recién en 1999 se promulgó una reforma que cambió el artículo primero de la Constitución. Una sola palabra haría la diferencia: ya no diría “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; sino que en adelante quedaría escrito que así es para todas “las personas”, hombres y mujeres por igual.

Aunque en todos esos años las mujeres se fueron abriendo camino para ocupar espacios de poder y representación, la brecha todavía está. De hecho, desde la creación del Congreso en 1811 apenas 110 mujeres lo han integrado, frente a 3.942 hombres (ver chequeo). Por eso, lo que pasó el domingo 25 de octubre es un hito histórico en materia de equidad de género no sólo en Chile, sino en el mundo (ver artículo).

La redacción de una nueva Constitución abrirá por primera vez una puerta a una participación igualitaria entre hombres y mujeres y, aún más importante, la posibilidad de consolidar derechos propios de la mujer y otras minorías que por años se han visto relegadas. ¿Cómo sería esa Constitución? ¿Por qué es importante la perspectiva de género en cartas fundamentales? Contexto Factual conversó con expertas y expertos para responder esas y otras preguntas, además de analizar qué materias se pueden regular constitucionalmente y su impacto social.

La brecha permanente

Con la misma reforma que cambió la palabra “hombres” por “personas” en el artículo 1 de la Constitución, se agregó que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”. Pero en la práctica, hay cuestionamientos sobre que esto sea efectivamente así.

“Este reconocimiento de la igualdad en el texto de la Constitución no ha sido suficiente para asegurar una igualdad real. La discriminación contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual es sistémica, estructural y se hace visible tanto en la legalidad como en el día a día”, escribieron las doctoras en Derecho Estefanía Esparza y Verónica Undurraga en el libro Nueva Constitución con Perspectiva de Género.

La Constitución actual resguarda el derecho a la libertad de trabajo y su protección, y si bien incluye conceptos como “justa retribución” y prohibición de “cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal”, hay clara evidencia de que esto no se ejerce:

• Una encuesta de la Corporación Humanas arrojó que el 89% de las mujeres considera que son discriminadas en los distintos aspectos de su vida.

• Mientras el 41,6% de los hogares chilenos tiene a una jefa de hogar y el 77% de los hogares monoparentales son liderados por mujeres, según datos de GFK Adimark, la brecha salarial supera los $200 mil a favor de los hombres, o sea, las mujeres ganan en promedio un 27% menos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

• Un 83% de las encuestadas por GFK Adimark señala que luego de trabajar, llegan a sus casas a cocinar, lavar la ropa, limpiar el baño, hacer el aseo y cuidar hijos e hijas, labor que además de no ser remunerada, implica una carga física y psicológica superior a la que tradicionalmente tienen los hombres.

• El 96,6% de las mujeres que no participan de la fuerza laboral –más de 3,7 millones– declara razones familiares permanentes (cuidados y quehaceres domésticos), en contraste con el 3,4% del género opuesto, según el INE. Además, la proporción de mujeres sin ingresos propios es 1,7 veces mayor que la de hombres: de ellas, un 40,1% no tiene autonomía económica.

• Según un estudio de la Fundación Chile Mujeres, sólo un 10% de los puestos en los directorios de las 100 empresas más grandes del país son ocupados por mujeres, y en el 47% de esas firmas no hay ni una directora.

“Una Constitución con perspectiva de género es una igualitaria, que avanza hacia una transformación social en las relaciones entre hombres y mujeres y, por supuesto, con las personas LGBTQ+. Se debe diseñar un texto que incorpore una visión de género de inicio a fin, desde las bases de la institucionalidad hasta los derechos fundamentales, sociales, etc. No es sólo una demanda en específico; es muchísimo más amplio”, dice la presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Bárbara Sepúlveda.

Por su parte, el psicólogo y fundador de Ilusión Viril, Pedro Uribe, señala que “el enfoque de la igualdad de género es relevante sobre todo por las injusticias sistemáticas y las brechas que han generado: invisibilidad, opresión, violencia hacia las mujeres y las disidencias. Creo que un documento que considere las desigualdades de poder y de acceso permite tomar una postura clara frente a estos temas. No necesariamente porque tenga un enfoque de género va a erradicar absolutamente el machismo, pero las personas y las culturas vivimos y nos nutrimos de nuestros símbolos, y evidentemente contribuye a que se le dé un valor a nivel simbólico. El enfoque de la igualdad de género permite poner sobre la mesa qué tipo de diálogos queremos construir, qué tipo de relaciones, de conversaciones y bajo qué marcos”.

Paridad: espacios para todos y todas

En 1951 se eligió a la primera diputada, Inés Enríquez, del Partido Radical. En 1953, la primera senadora, María de la Cruz, del Partido Femenino Chileno. Hoy, el 23% de los integrantes del Congreso son mujeres: 35 diputadas y 11 senadoras. Pero el balance global sigue cargado al lado de hombres: en los 209 años de historia del Parlamento, apenas un 2,7% de sus miembros han sido mujeres.

En 2015, la ley que cambió el sistema binominal por uno proporcional vino además con una cuota de género. ¿Qué implicó? Que en las listas de candidatos y candidatas, ningún sexo podrá superar el 60% de las postulaciones. Hubo partidos que levantaron candidaturas femeninas sólo para alcanzar la cuota, sin hacer una apuesta real para que lleguen al Congreso (ver informe de la Lupa Electoral).

Pero ahora es distinto. Lo que se aprobó para la Convención Constitucional no es un sistema de cuotas, sino que de paridad: las listas deberán llevar el mismo número de postulantes hombres y mujeres de forma alternada, y los resultados se repartirán de la misma forma, de modo que en cada distrito la balanza esté equiparada, sólo quedando la posibilidad de que un sexo supere en cantidad al otro donde los escaños a repartir sean impares, y ahí la diferencia sólo puede ser de una persona.

“Efectivamente es un primer paso para que en el diseño de la Carta Magna se converse desde una posición paritaria, pensando que las constituciones tradicionalmente fueron escritas por hombres pensando en hombres, para hombres y redactadas en masculino. En una Convención paritaria es más probable que dicha idea sea debatida y tomada en cuenta para lograr garantizar en la Constitución la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos: física, económica y de decisiones”, dice la investigadora y consultora de FLACSO-Chile, Lucía Miranda.

La presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fríes, explica que la presencia de mujeres en ese tipo de instancias hace mucho más probable que avancen cambios en esa vía.

“Que haya más mujeres en el Parlamento ha hecho que, como nunca antes, surjan muchos más proyectos de ley que buscan igualar la cancha en materia de acceso y ejercicio de derechos. No sólo aportan representatividad al incorporar a una mitad históricamente excluida, sino que además ponen ejes que no siempre están considerados como temas políticos y, por lo tanto, muchas veces se caen de la conversación o se hace desde un paradigma masculino”, sugiere.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que la paridad en las democracias es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso político. Contribuye a la calidad y legitimidad democrática, incorporando temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad; a la igualdad real en el acceso al poder; a la equidad efectiva a través de nuevas leyes y políticas; a aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo; y a transformar las relaciones de poder, ayudando a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios.

También puede generar importantes dividendos económicos, dice un informe del Foro Económico Mundial:

“La paridad económica podría agregar 250 mil millones de dólares adicionales al Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido, 1,750 mil millones de dólares al de los Estados Unidos, 550 mil millones de dólares al de Japón, 320 mil millones de dólares a Francia y 310 mil millones de dólares al PIB de Alemania. Otras estimaciones recientes sugieren que China podría ver un aumento del PIB de 2,5 billones de dólares a partir de la paridad de género y que el mundo en su conjunto podría aumentar el PIB mundial en 5,3 billones de dólares para 2025 al cerrar la brecha de género en la participación económica en un 25% durante el mismo período”.

¿Por qué si la evidencia muestra resultados positivos, no es un foco a realizar? Miranda responde: “No se promueve porque implica cambiar estructuras y desbaratar la epistemología patriarcal imperante. Por eso el primer paso del feminismo es instaurar y reproducir la concientización de género. Y desde la investigación social, aplicar una lógica que logre desbaratar la manera patriarcal de abordar la realidad en términos de diseño y funcionamiento de todas las instituciones sociales”.

Para Uribe, se trata del miedo.

“Hay hombres que se resisten a entregar el poder porque están en un lugar de absoluta comodidad y les conviene que las jerarquías y el poder se mantengan tal como están porque eso asegura la concentración del dinero, las riquezas, los amigos, las redes de poder, las influencias. Muchos se benefician de esas redes de complicidad masculina, de silenciamiento, de marginación de otras personas que son distintas. Hay muchas teorías que uno puede plantear para comprender por qué se sienten atemorizados. Piensan que esto es una venganza contra ellos, entonces se resisten y no colaboran, no contribuyen y no quieren escuchar, cuando en realidad el feminismo apuesta por construir sociedades más igualitarias que finalmente nos beneficien a todos los géneros por igual, no solamente en beneficio de las mujeres”, dice.

Derechos sexuales y reproductivos

Que todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción, puedan ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre ella y la reproducción, contando para ello con la información, los medios y servicios que así lo permitan. Así se definen los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué significa en la práctica? A pesar de la percepción asociada comúnmente al aborto, hay mucho más: tener acceso a planificación familiar, a tratamientos asociados a la reproducción y contraceptivos, a información y herramientas de cuidado sanitario en relaciones homosexuales, a garantías médicas para personas transgénero, a vivir libre de prácticas como la violencia sexual, la mutilación genital y los matrimonios forzados.

Sepúlveda explica que “a nivel constitucional, su reconocimiento es clave para la determinación de la autonomía y libertades de mujeres y diversidades sexuales. Estos derechos alcanzan a los hombres en materia reproductiva y de salud sexual, sin embargo, esta expresión específica del derecho a la salud debe ser especialmente enfocada en la población más vulnerable. Hay que pensarlo de forma coordinada y armónica para que no se utilicen ciertos derechos constitucionales como si fuesen antagónicos a las libertades y autonomía de las mujeres”.

A pesar de los intentos para avanzar en educación sexual y concientizar acerca de los derechos reproductivos, las cifras no son alentadoras. Aunque el embarazo adolescente ha disminuido, según datos del INE en 2017 nacieron 17.369 bebés cuyas madres eran menores de edad. De ellos, 472 fueron de madres con menos de 15 años y en al menos 40 de esos casos el padre tenía más de 20, y uno más de 40 años. Otros datos: el 60% de los contagios de infecciones de transmisión sexual (ITS) se producen en menores de 24 años; sólo el 14% de los chilenos usa condón siempre y más del 10% nunca lo hace; y de acuerdo con Organizando Trans Diversidades, sólo hay 11 iniciativas de atención a personas transgénero en hospitales, apenas un 4% de los servicios de salud públicos del país.

Según la UNESCO, es necesario preparar a niños, niñas y adolescentes (NNA) con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que ayuden a realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. A eso apuntaba el proyecto que buscaba incluir en el currículum de la enseñanza básica y media una educación en sexualidad, afectividad y género de carácter comprehensiva, oportuna, pertinente y de calidad, y que el Congreso archivó hace unas semanas.

La iniciativa pretendía entregar herramientas y conocimientos para ayudar a la concientización de una sexualidad responsable, informar sobre derechos reproductivos, métodos anticonceptivos existentes y autorizados, violencia sexual con sus consecuencias, y prevenir infecciones de transmisión sexual, entre otras. Sin embargo, no alcanzó el quórum para continuar su tramitación.

Entre los argumentos que dieron sus detractores –principalmente parlamentarios oficialistas–, se acusó que el proyecto iría en contra de la libertad de enseñanza, además de fijar “los criterios que van de acuerdo a la ideología de género predeterminada vulnerando el proyecto educativo propio”, como indicó la diputada Francesca Muñoz (RN). El diputado de Evópoli, Sebastián Álvarez, dijo que rechazaba la iniciativa por ir “en consonancia con ideas progresistas, como el fomento del respeto de la diversidad y la no discriminación”.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”

La icónica intervención del colectivo Lastesis recorrió el mundo: fueron reconocidas como uno de los grupos más influyentes del año por la revista Time. La desafiante letra de Un violador en tu camino responsabiliza directamente al Estado y sus instituciones por la violencia sexual ejercida contra las mujeres, haciendo un llamado a liberar de culpas a las víctimas.

La violencia contra la mujer se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, como indica la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU.

Están la violencia física –control mediante agresiones corporales–; psicológica –control mediante amenazas, humillaciones y presión emocional–; económica –control mediante la entrega del dinero necesario para su manutención personal o de otras personas que integran la familia, o apropiarse de los bienes adquiridos por la mujer–; obstétrica –mediante cualquier acción u omisión que cause daño físico y/o psicológico a la mujer por parte del personal del sistema de salud al momento del embarazo, parto, y puerperio–; y sexual –obligada, mediante la fuerza física o amenazas sicológicas, a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales que le resultan humillantes o degradantes–.

Según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), entre 2013 y 2020 se registraron en Chile 334 femicidios consumados y 918 frustrados. La cifra sería mayor según la Red de Violencia contra la Mujer, quienes además incorporan el suicidio femicida: mujeres que deciden acabar con su vida a consecuencia del acoso y la violencia machista, al sentir que no existe otra salida o ante la impunidad de los agresores y la negligencia de las instituciones del Estado que deberían protegerlas.

El Observatorio Niñez y Adolescencia informó que al año 2017, la tasa de denuncia por delitos sexuales, violaciones y abuso sexual de NNA entre 14 y 17 años era de 185 por cada 100.000 jóvenes de esas edades. En el caso de mujeres, la cifra es casi el doble.

La pandemia empeoró la situación. En abril, con cuarentena obligatoria en gran parte del país, el fono de orientación 1455 del Sernameg aumentó un 63% sus llamados respectos al mes anterior, mientras que el fono 149 Familia de Carabineros, en el mismo periodo, incrementó en un 119%. Las denuncias y abusos relacionados a crímenes de la comunidad LGBTQ+ aumentaron un 58% en 2019, los asesinatos subieron un 66% y las agresiones se incrementaron un 25% en comparación al 2018, según el XVIII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En promedio, se realizaron a diario más de 3 denuncias formales ante la justicia, la cifra más alta que haya constatado el movimiento.

“La violencia de género hacia las mujeres, niñas y disidencias, viola todos los otros derechos humanos. Uno no puede esperar que la Constitución solucione todos los problemas, pero hay varios elementos de los que sí se puede hacer cargo. El derecho internacional ha cristalizado la no violencia hacia las mujeres y las disidencias como un hito, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Es un enunciado necesario, que obviamente no basta. Hay que generar mecanismos para materializar esos derechos, tiene que haber voluntad dentro de la institucionalidad pública para avanzar en políticas”, sostiene Fries.

Sepúlveda insiste en la necesidad de una red de acción estatal: “El problema es que cuando hablamos de violencia de género, hemos pensado constantemente en el rol del Estado como un dispositivo que aparece una vez que el hecho ocurrió. Hay que poner un enfoque importante en la prevención y eso sí se puede constitucionalizar, a la par, por supuesto, con la constitucionalización del derecho a vivir una vida libre de violencia. Se tendrían que establecer mandatos específicos para el Estado, con el fin de desarrollar políticas públicas de prevención, junto a la efectiva sanción e incluso la reparación de las víctimas. Debería existir una coordinación estatal intersectorial. No sólo el Poder Ejecutivo va a tener un rol importante, también el Judicial y el Legislativo. Van a haber cosas que tendrán que ser materializadas a través de nueva legislación, pero de todas formas debe estar en la Constitución. Necesitamos un Estado que mueva una transformación social hacia la erradicación de estas manifestaciones de violencia”.