Sin embargo, las mujeres somos diversas y enfrentamos formas agravadas de discriminación, restricción de derechos y violencia de género debido a factores que exacerban nuestra vulnerabilidad. Este es el caso de las más de 800 mil mujeres y niñas migrantes que habitan en Chile, por lo que resulta preocupante la total ausencia de propuestas y medidas orientadas a protegerlas en la cuenta pública presidencial.

Las migrantes en condición irregular enfrentan mayores riesgos, pues están más expuestas a vivir explotación laboral y sexual, no tienen acceso a salud, a seguridad social ni a viviendas dignas y deben pagar arriendos altísimos por el sólo hecho de no contar con sus papeles al día. Dado que en sus países de origen les resulta prácticamente imposible acceder a la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile y debido al colapso del Servicio Nacional de Migración que exige esperar por años una respuesta que les permita acceder a un RUT y tener derechos en el país, resulta urgente mejorar los procesos de regularización.

Desde el año 2021, la legislación establece que las mujeres extranjeras serán protegidas en todas las etapas del proceso migratorio para no ser discriminadas ni violentadas debido a su género. Para lograr este objetivo, se explicita que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia de intrafamiliar (VIF) y víctimas de trata o tráfico de personas, tendrán un trato especial y podrán optar a visados de residencia temporal por razones humanitarias.

No obstante, estas disposiciones enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos para implementarse. Así, en el año 2022 se entregaron 77 visas a embarazadas, 21 visas a víctimas de trata o tráfico de personas y sólo una a víctimas de VIF.

La dificultad para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan optar a visas radica en que son los Tribunales de Familia o el Ministerio Público las entidades encargadas de calificar la condición de víctima y requerir el visado. Dichos organismos pasan por alto su deber de proteger a las denunciantes y requerir la documentación que les permitiría, por ejemplo, trabajar formalmente, sustentar a sus familias, pagar un arriendo justo y alcanzar autonomía económica, que se constituye como un factor protector ante la violencia de género.

Por otra parte, el reducido número de permisos de residencia temporal otorgados a embarazadas se explica porque aquellas mujeres que ingresaron al país por pasos no habilitados están excluidas de optar a estos visados humanitarios. Por ello, se ven forzadas a permanecer en condición irregular mientras cursan sus embarazos, lo que exacerba los riesgos para la vida y salud de sus hijas e hijos y de ellas mismas.

Avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres migrantes requiere de voluntad política y medidas de corto y mediano plazo. En lo inmediato, acciones administrativas ágiles como la modificación del Decreto 177 que regula el otorgamiento de permisos de residencia temporal, resulta imprescindible. En el mediano plazo, impulsar un proceso de regularización extraordinario que propicie la integración e inclusión social de las personas migrantes es el camino para establecer las condiciones de una migración regular, segura y ordenada en el país.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas.

Uno de los más comentados ha sido el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal. Los derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos sexuales y reproductivos, vuelven a estar en el centro del debate político y social, retomándose la discusión sobre su condición de sujetas de derechos.

Sin embargo, las desmedidas reacciones resultan preocupantes. Todo el país fue testigo de la falta de respeto cívico en que incurrió un grupo de parlamentarios y parlamentarias, que luego de escuchar este anuncio -que no resultó de su agrado- se retiró del Salón de Honor del Congreso Nacional. Otro grupo de legisladores anticipó enérgicamente su rechazo a un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, en circunstancias que su rol de representantes de la ciudadanía incluye precisamente debatir, argumentar, proponer y decidir sobre las iniciativas sometidas a su conocimiento. Pareciera que desde algunos sectores políticos se buscara cancelar o cerrar un debate antes de que este tenga lugar. Un tercer grupo de congresistas y representantes políticos, en tanto, ha descalificado el debate, argumentando que no es oportuno o desvía la discusión de otros temas más importantes.

Todo lo anterior genera gran alarma, ya que devela la desconexión y desinterés frente a la realidad de las mujeres y niñas que requieren interrumpir sus embarazos en condiciones dignas y adecuadas, sin poner en riesgo su salud y su vida.

Es de conocimiento público que la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017, no ha sido suficiente. Esto no solo por su acotada aplicación respecto a las múltiples situaciones en que se encuentran quienes desean abortar, sino también por la regulación amplia de la objeción de conciencia que obstaculiza este derecho.

Más allá de las polémicas, se trata de un debate necesario, que fortalecerá la institucionalidad democrática del país.

Esperamos que la discusión legislativa que tendrá lugar sobre el aborto legal durante el segundo semestre de 2024 garantice la pluralidad, ofrezca espacio a diversas posiciones e incorpore la voz de las mujeres.

Escribe Camila Maturana, directora de Corporación Humanas en Radio Cooperativa 

A inicios de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió el 7° Informe Periódico sobre Chile, en el que los expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisaron la situación de los derechos humanos en nuestro país y realizaron una serie de recomendaciones al Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil chilenas participaron activamente en el proceso, entregando datos en informes sombra e incluso, participando de una pre sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, durante febrero.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos organizaciones feministas, quienes se explayaron respecto a lo que el Comité sugirió en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 

La directora de Miles, Javiera Canales, destacó especialmente las recomendaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas, aquella que se refieren a regular la objeción de conciencia, para que esta no sea un obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

“En específico el acceso a la información, porque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene un artículo en donde prohíbe la divulgación de información sobre los procedimientos y la entrega de información donde se realiza la intervención”, acotó.

De todas maneras, Canales afirmó que la recomendación que requiere más atención tiene que ver con los múltiples casos de mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos fallidos. 

“De uno u otro lado se han estado tomando cartas, sobre el manual de fiscalización de la objeción de conciencia que salió publicado el año pasado, pero respecto de la reparación de los anticonceptivos defectuosos, es algo que pasó en el Gobierno pasado, que este Gobierno tampoco ha hecho mucho por reparar. Por ejemplo, teniendo un catastro de mujeres afectadas y elevando los estándares de fármaco vigilancia”, sugirió.

Por su parte, la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, relevó las sugerencias que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

“Frente a la gravedad de estos crímenes, a la magnitud del problema, y al carácter estructural de la violencia, la recomendación general, obviamente, es que se deben mantener los esfuerzos para prevenir y enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas y que en particular, se deben investigar todos los casos de violencia sexual, se deben garantizar servicios de atención para las víctimas y se tiene que reforzar la capacitación que se brinda a los operadores de justicia, como las policías y el Ministerio Público, porque es una condición relevante para poder asegurar el acceso a la justicia”, indicó.

Maturana además mencionó la recomendación relacionada con la Ley Zamudio, ya que a su juicio, también está vinculada con la violencia a las mujeres.

“Se observa a nivel internacional, que las medidas que se han adoptado en Chile, como la publicación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, no resulta una herramienta suficiente para enfrentar la discriminación. Sigue siendo necesario adoptar medidas de prevención, sensibilización y capacitación en materia de no discriminación y creo que también es importante relacionarlo con el tema de la violencia contra las mujeres e igualdad de género”, dijo.

¿Cómo aplicará las recomendaciones el Gobierno?

Respecto a la disposición que ven de parte del Gobierno para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos de la ONU, tanto Canales como Maturana enfatizaron que no solo el poder Ejecutivo es el responsable de seguir estos lineamientos, sino que también los poderes Legislativo y Judicial.

En esa línea, Canales aseguró que “no es una voluntad propia del Gobierno solamente, porque esta es una revisión al Estado. Tenemos que avanzar como Estado, porque aunque el Presidente Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, presenten un proyecto de ley maravilloso, esto lo tiene que aprobar el legislativo”, señaló.

Asimismo planteó que independiente de quien se encuentre a la cabeza de los distintos poderes, es fundamental “avanzar en estas materias y que se traten como materias de Estado. En ese sentido creemos que hay que avanzar, más que circunscribiéndolo al Gobierno de turno” insistió.

Otro punto en que las directoras de Miles y Humanas coincidieron fue en sus altas expectativas frente al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en que todos los países de esa instancia evalúan su desempeño.

Sobre aquello, la directora de Humanas pronosticó que en este examen, que tendrá lugar a contar del 29 de abril, “se van a destacar nuevamente estos puntos que se han venido reiterando en el tiempo”.

“La expectativa de las organizaciones es que sea un examen al que el Estado preste la misma colaboración que observamos durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, que entregue toda la información que se le consulta, con una perspectiva de identificar en qué aspectos se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones”, concluyó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile 

Tras largos años de debate parlamentario, Chile cuenta al fin con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta normativa incorpora múltiples expresiones de la violencia hacia las mujeres, más allá de la intrafamiliar o sexual.

Así, en su artículo 6, la ley reconoce la violencia simbólica y señala que es “toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer”. Además, en su artículo 15, indica obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación.

Este reconocimiento va en línea con la reciente declaración regional impulsada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que señalan que “la violencia simbólica es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, que ha estado presente en nuestras sociedades” y que, por ende, contribuye a perpetuar las desigualdades y a excluir a las mujeres del espacio público.

La violencia simbólica se puede manifestar a través de la cosificación de las mujeres y la consideración de roles estereotipados de género, entre otras formas, y es parte de la discriminación estructural hacia las mujeres, naturalizando su subordinación. Esta ha sido identificada en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que refieren a la necesidad de modificar “patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art.5 CEDAW).

Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inasible que, según señala Rita Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina, es más efectiva cuanto más sutil. Y que, como conceptualiza el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no es posible de aprehender a través de un ejercicio de conciencia.

Desde una comunicación con enfoque de género, debemos fomentar la erradicación de mensajes que injurian, difaman, humillan, subordinan y atentan contra la dignidad de millones de mujeres y evitar incurrir en prácticas que contribuyen a la estereotipación y estigmatización de las mujeres.

Fomentar nuevas narrativas, en un contexto en el cual abundan los titulares y contenidos sexistas, sensacionalistas, llenos de morbo y carentes de reflexión social, es el gran desafío que deben emprender especialmente comunicadores y comunicadoras para aportar al fortalecimiento de la comunidad y de la democracia. En tiempos convulsionados e inciertos, las autoridades y los medios de comunicación deben ser un ejemplo, elevando el nivel de los debates y eliminando descalificaciones estereotipadas y argumentaciones discriminatorias que nos impiden avanzar en la construcción de una sociedad para el siglo XXI.

Columna de Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Publicación en El Mostrador 

Para revisar el borrador final de la nueva Constitución, ingresa aquí.

Estas disposiciones, que se traducen en avances concretos para la vida de las personas que habitamos el país fueron gestadas gracias a una Convención Constitucional integrada de manera paritaria, con una importante participación de mujeres feministas quienes, fuertemente articuladas entre sí, y con el constante apoyo y colaboración de las organizaciones feministas y de mujeres que estuvieron presentes a lo largo del proceso, lograron además la incorporación de normas que contribuirán de manera sustantiva a mejorar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

La paridad en la integración de la Convención fue una innovación en nuestro sistema, y hoy se consagra como un principio fundamental del borrador de la nueva Constitución que mandata a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva y paridad, debiendo los órganos del Estado incorporar enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Nuestra democracia se define como paritaria, redistribuyendo así el poder entre mujeres y hombres, de modo que ellas se incorporan a la vida pública en igualdad de condiciones, superando así una barrera histórica que nos mantenía aún relegadas a la esfera de lo privado.

A esto se suma el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas y todos, la igualdad de género en la conducción de las relaciones internacionales del país, y el enfoque de género en el ejercicio de la función pública. Estas disposiciones se encuentran contenidas además en un texto redactado con un lenguaje inclusivo que reconoce a las mujeres en cuanto sujetas políticas, de manera expresa.

Esta redistribución del poder no es posible sin el reconocimiento de las labores de cuidado y trabajo no remunerado realizado dentro del hogar, que históricamente ha sido y es asumido de manera desproporcionada por las mujeres. El borrador reconoce las labores de cuidado y el derecho a cuidar, a ser cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo, mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados que “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados“, o el mandato al Sistema de Seguridad Social, que “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados“.

Hemos observado el que hasta ahora ha sido el proceso político más participativo de nuestra historia. La Convención está integrada por convencionales provenientes de distintas esferas sociales y grupos de interés: medioambientalistas, feministas, académicas y académicos, científicas y científicos y artistas confluyeron en un debate democrático que alcanzó amplios acuerdos para la incorporación de normas que recogen las demandas sociales que escuchamos hace décadas en las calles, pero hasta ahora habían sido desatendidas en los espacios de discusión política institucional.

La naturaleza participativa del proceso ha trascendido la conformación de la Convención. Se tradujo, además, en la implementación de una serie de mecanismos que permitieron dar cabida e incorporar en el debate a una amplia diversidad de grupos sociales. Entre otros, se recibieron cientos de audiencias públicas donde organizaciones de la sociedad civil expusieron ante las comisiones provisorias y temáticas las necesidades de los grupos a los que representan, y se presentaron iniciativas populares de norma constitucional cuyos contenidos forman parte del borrador de la nueva Constitución.

Como fruto de este proceso contamos hoy con un borrador de texto constitucional que reconoce derechos, y mandata al Estado a garantizarlos, que hasta hoy no han sido consagrados en nuestro sistema jurídico, y que al materializarse contribuirán a mejorar de manera significativa la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

Durante décadas, los movimientos de mujeres y feministas se han manifestado para visibilizar la violencia de género, exigiendo su erradicación. Gracias a iniciativas de norma populares y de convencionales constituyentes, el borrador de la nueva constitución reconoce expresamente el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para su prevención, investigación y sanción, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Además, materializando el principio de igualdad sustantiva, el Estado “tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra“

Como complemento de esta norma, el borrador contempla como inhabilidad para optar a cargos públicos o de elección popular, las condenas por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, apuntando a la erradicación de la violencia por vías diversas.

La Constitución de 1980 establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, excluyendo vínculos distintos de los familiares, y sin otorgar una definición de este concepto, lo que ha tenido consecuencias discriminatorias. El borrador de la nueva Constitución pone a las personas como centro de la actividad del Estado, que además reconoce y protege a las familias en su más extensa diversidad “no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos“, debiendo garantizarles una vida digna.

Finalmente, una de las principales luchas de los movimientos feministas y de mujeres de nuestro país ha sido el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que han sido materializados en el borrador de la nueva Constitución. El borrador de la nueva Constitución contiene una norma que fusiona las iniciativas populares de norma, y las iniciativas presentadas por las convencionales constituyentes, y que reconoce y garantiza estos derechos a todas las personas, fundando su ejercicio en la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, incluido el derecho a interrumpir el embarazo, entregando a la ley la regulación de su ejercicio.

A estas normas se suman otras, como el derecho a la identidad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas mayores, entre muchas normas diversas que reconocen y garantizan derechos a grupos históricamente vulnerados y que contribuyen, en el marco de este Estado social de derecho, a mejorar nuestras condiciones de vida, construyendo una sociedad más justa para todas, todes y todos.

 Mayo 2022.- La campaña #LaTengoClara de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, abre la instancia para informarse de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución.  ¿Es verdad que la nueva Constitución quiere que el espacio público sea seguro para todas las personas?, ¿el borrador de la nueva Constitución habla del derecho a vivienda?, ¿busca una vejez digna para las personas?, son algunas de las interrogantes que la campaña busca responder. 

“La Constitución es la base del nuevo edificio que queremos construir cómo sociedad, los cambios culturales no se dan solo. El objetivo es obtener una pluralidad de voces: mujeres, personas mayores, jóvenes, pueblos originarios, personas con discapacidad, entre otros”, comentó Mariela Infante, directora de Corporación Humanas. 

 La campaña está dirigida a la mayor cantidad de personas que participarán en este proceso plebiscitario, en especial a las mujeres quienes, a través de la nueva Constitución, se le garantizarán derechos como una vida libre de violencia, paridad en órganos del Estado, derecho a decisión autónoma sobre su cuerpo, derecho a los cuidados, entre otros.

“El proceso constitucional es una de las experiencias sociales y políticas más democráticas en la historia del país, que concertó la voluntad -y compromiso de la mayoría de la ciudadanía- en torno a demandas por igualdad de género y de clase, por el reconocimiento de la democracia como voluntad soberana de los pueblos y por un Estado que proteja y no abuse de las personas. Por ello es importante participar informadas e informados en este nuevo proceso, obtener todas las herramientas posibles para el nuevo cambio social que tendremos”, señaló Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer. 

De igual modo, Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, comentó que “cómo defensoras de derechos humanos trabajaremos incansablemente por la defensa de la nueva Constitución porque en ella están escritos nuestros sueños por construir una vida mejor, ha sido un duro camino el que hemos recorrido como sociedad y como movimientos sociales para dignificar la vida, para construir justicia social e igualdad, el siguiente paso es el apruebo de salida”, enfatizó.

#LaTengoClara estará disponible por cuatro semanas consecutivas por las redes sociales de las organizaciones pertenecientes a la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, que componen alrededor de cuarenta, entre ellas Corporación Humanas, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Observatorio de Género y Equidad, Centro de Estudios de la Mujer, Cooperativa Desbordadas, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Observatorio contra el Acoso Chile, Migra Chile, Colectiva Luanda y Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile.

Organizaciones que vienen trabajando históricamente por los derechos de las mujeres y también los derechos sociales para cambios materiales sustantivos en la vida de las personas.  En esta oportunidad unidas en una sola voz que promueven un voto informado y una participación consciente para lograr  una nueva Constitución.

Las organizaciones feministas y de mujeres, y las convencionales constituyentes que gracias a la regla de paridad han participado de la redacción de la nueva Constitución, han logrado que el futuro texto constitucional contenga normas que, por primera vez en nuestra historia, reconocen la importancia las labores de cuidado y el derecho a cuidar, imponiendo al Estado obligaciones concretas mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados.

La primera versión de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que data del año 2015, evidenció una realidad conocida en lo privado de los hogares, pero poco o nada reconocida públicamente hasta ese momento: las labores de trabajo doméstico, y de cuidados no remuneradas, recaen de manera desmedida sobre los hombros de las mujeres. En promedio, las mujeres dedican 5,89 horas al día a estas labores, más del doble que los hombres, que sólo dedican a ello 2,74.

Pese a que estas labores son indispensables para el desarrollo de todas las personas, las familias, comunidades y, en definitiva, de la sociedad toda, hasta ahora nuestra legislación y políticas públicas no se han hecho cargo de fomentar de manera efectiva una redistribución de estas tareas, ni de erradicar los estereotipos y roles tradicionales de género que dan lugar a esta desproporción.

Las organizaciones feministas y de mujeres, y las convencionales constituyentes que gracias a la regla de paridad han participado de la redacción de la nueva Constitución, han logrado que el futuro texto constitucional contenga en su borrador normas que, por primera vez en nuestra historia, reconocen la importancia las labores de cuidado y el derecho a cuidar, a ser cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo, mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados que “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados”, o el mandato al Sistema de Seguridad Social, que “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”.

Este reconocimiento es necesario, mas no suficiente, pues es fundamental que, junto con asegurar derechos a quienes cuidan, las tareas de cuidado sean redistribuidas, de modo que hombres y mujeres las asuman de manera equitativa, equiparando así sus posibilidades de participar en otras esferas de desarrollo. Esto ha sido recogido también por el borrador de la nueva Constitución, cuyas normas reconocen y protegen las labores de cuidado sin relacionarlas a un género en particular, e imponiendo al Estado la obligación de proveer los medios para que estas tareas sean realizadas “en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”.

Para que este reconocimiento y redistribución se hagan efectivas es necesario contar con datos actualizados. A principios de mayo los Ministerios de la Mujer y Equidad de Género, Economía, y el Instituto Nacional de Estadísticas, presentaron el plan de trabajo y ejecución de la segunda Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que debió realizarse el año 2020, y que permitirá conocer el estado actual de la distribución del trabajo no remunerado, y el efecto que tuvo la pandemia sobre la distribución de tareas domésticas y laborales, siendo un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas y adecuación legislativa necesarias para llevar a la práctica las normas contenidas en la futura Constitución.

Columna publicada en El Desconcierto