Mariela Infante – Nada sin nosotras

Columna de opinión: Mujeres y niñas migrantes, la urgencia de proteger sus derechos

Admin — Fri, 07 Jun 2024 13:54:03 +0000

Los anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de presentar proyectos de ley relativos al sistema nacional de apoyos y cuidados, igualdad salarial y legalización del aborto, representan buenas noticias para avanzar en derechos de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres somos diversas y enfrentamos formas agravadas de discriminación, restricción de derechos y violencia de género debido a factores que exacerban nuestra vulnerabilidad. Este es el caso de las más de 800 mil mujeres y niñas migrantes que habitan en Chile, por lo que resulta preocupante la total ausencia de propuestas y medidas orientadas a protegerlas en la cuenta pública presidencial.

Las migrantes en condición irregular enfrentan mayores riesgos, pues están más expuestas a vivir explotación laboral y sexual, no tienen acceso a salud, a seguridad social ni a viviendas dignas y deben pagar arriendos altísimos por el sólo hecho de no contar con sus papeles al día. Dado que en sus países de origen les resulta prácticamente imposible acceder a la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile y debido al colapso del Servicio Nacional de Migración que exige esperar por años una respuesta que les permita acceder a un RUT y tener derechos en el país, resulta urgente mejorar los procesos de regularización.

Desde el año 2021, la legislación establece que las mujeres extranjeras serán protegidas en todas las etapas del proceso migratorio para no ser discriminadas ni violentadas debido a su género. Para lograr este objetivo, se explicita que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia de intrafamiliar (VIF) y víctimas de trata o tráfico de personas, tendrán un trato especial y podrán optar a visados de residencia temporal por razones humanitarias.

No obstante, estas disposiciones enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos para implementarse. Así, en el año 2022 se entregaron 77 visas a embarazadas, 21 visas a víctimas de trata o tráfico de personas y sólo una a víctimas de VIF.

La dificultad para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan optar a visas radica en que son los Tribunales de Familia o el Ministerio Público las entidades encargadas de calificar la condición de víctima y requerir el visado. Dichos organismos pasan por alto su deber de proteger a las denunciantes y requerir la documentación que les permitiría, por ejemplo, trabajar formalmente, sustentar a sus familias, pagar un arriendo justo y alcanzar autonomía económica, que se constituye como un factor protector ante la violencia de género.

Por otra parte, el reducido número de permisos de residencia temporal otorgados a embarazadas se explica porque aquellas mujeres que ingresaron al país por pasos no habilitados están excluidas de optar a estos visados humanitarios. Por ello, se ven forzadas a permanecer en condición irregular mientras cursan sus embarazos, lo que exacerba los riesgos para la vida y salud de sus hijas e hijos y de ellas mismas.

Avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres migrantes requiere de voluntad política y medidas de corto y mediano plazo. En lo inmediato, acciones administrativas ágiles como la modificación del Decreto 177 que regula el otorgamiento de permisos de residencia temporal, resulta imprescindible. En el mediano plazo, impulsar un proceso de regularización extraordinario que propicie la integración e inclusión social de las personas migrantes es el camino para establecer las condiciones de una migración regular, segura y ordenada en el país.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas.

#SuperCiudadanos: La necesidad de una democracia paritaria

Admin — Tue, 19 Apr 2022 12:32:08 +0000

Hace algunos días, en el debate del Pleno de la Convención Constitucional, faltaron 4 votos para que se aprobará en el borrador de la Constitución la norma de paridad en el sistema político. De este modo, la propuesta tiene que ser modificada y volver nuevamente al pleno para su última oportunidad de ser aceptada. En Super Ciudadanos, presentado por Corporación Humanas en Súbela, Mariela infante, directora de Corporación humanas, nos recuerda la importancia de conseguir esta paridad para tener una democracia verdaderamente plena.

La democracia paritaria es “un concepto, una forma distinta de entender la democracia” explica Mariela Infante. Surge primero de un diagnóstico: “la democracia es insuficiente, incompleta para nosotras, las mujeres”. En conversación con Rayén Araya, precisa que si bien no existen leyes específicas que nos prohíben estar en espacios de poder, ya sean públicos o privados, de manera factual somos una minoría. “Algo ocurre cuando se trata del poder, las mujeres desaparecen”.

“Una democracia en lo que falta la representación de una parte de la población no es una democracia real” “Tenemos que generar una transformación profunda en cómo se organiza el poder y también como se organiza toda la sociedad” añade la socióloga.

Así, la clave de este cambio se centra en generar una transformación cultural. Para las mujeres, lo tradicional ha sido lo privado, la familia, cuando trabajaban al exterior es un trabajo que se supone es suplementario. Hace 70 años que las chilenas tienen el derecho a voto, pero no ha sido suficiente para que seamos ciudadanas plenas, es decir, lo solamente votar sino ser representante y ocupar los espacios de toma de decisión. Lo anterior se puede explicar por medio de la carrera de obstáculos presentes en el camino de las mujeres que buscan insertarse en el mundo político. Y aunque hay candidatas mujeres, no todas se terminan presentándose a las elecciones.

Tenemos que realizar un cambio de paradigma muy ambicioso que también tome en cuenta lo privado: el cuidado, las tareas domésticas, las empresas (…) para que las mujeres puedan dedicarse a las tareas de representación, de lideres de empresas (…) sin dejar de lado un proyecto personal y familiar. Para esto lo hombres también tienen que responsabilizarse de lo familiar.

Eso no va a ocurrir de manera autónoma. “Los cambios culturales no se dan solo” enfatiza Mariela Infante. El Estado debe requilibrar estas desigualdades, es un asunto de justicia. “La Constitución es la base del nuevo edificio que queremos construir como sociedad” y tiene que reconocer una democracia paritaria. Si se aprueba esta propuesta tenemos que formular nuevas leyes, implementar nuevas políticas de acciones afirmativas, sancionar los partidos políticos que no aplican estas nuevas reglas (…) “Chile está super atrasado en materias de participación de mujeres en espacios de poder comparado con el resto de Latinoamérica.” nos dice Infante. La paridad permitirá reemplazar y, sobre todo, superar las cuotas -que son algo temporal- para avanzar en un real cambio cultural.

Es imperativo tener más mujeres en los espacios de poder (…). “Tenemos que romper con este esencialismo” nos dice Mariela Infante. Necesitamos esto porque “permite agregar otras experiencias de vida, y eso es muy relevante, cambian los espacios de decisión”. El objetivo es obtener una pluralidad de voces: mujeres, mayores, jóvenes, indígenas, con discapacidades, entre otras. “Creo que, si las mujeres cambian la política, le dan diversidad al espacio y generan otras perspectivas” explica la directora de Corporación Humanas. Permitir un acceso igualitario de las mujeres a los espacios de poder, o en la dirección de empresas, es un instrumento entre otros (iniciativas populares de norma…) para obtener más representación. Eso es un cambio necesario en una democracia en debilitamiento donde cada vez votan menos gente. En efecto, más que una cuestión feminista, “es una cuestión transversal y los convencionales deben tomarlo en serio” explica Mariela.

Al mismo tiempo, es muy frecuente encontrar mitos en torno a la idea de paridad. Uno de ellos es que, a causa de esta obligación de incorporar mujeres, van a llegar mujeres sin capacidades, que no tienen lo que requiere el cargo. Eso es estadísticamente falso. En promedio, en Chile, las mujeres tienen más años de estudio que sus pares masculinos. La Convención Constitucional nos ha demostrado que existen muchísimas mujeres con capacidad de liderazgo y fuerza de proposición. Además, añade Mariela sonriente “hay mujeres con muchas capacidades, hay con menos, como llegan hombre con menos capacitados en los espacios de poder también”. Otro mito acerca de la paridad supone que se van a despedir a muchos hombres. De verdad, la implementación, de la constitución será gradual, vamos a tener primero artículos transitorios y luego necesitaremos escribir leyes especifica.

El inicio de todo esto proceso constituyente partió en la calle y es necesario que no se olviden estos orígenes. Tenemos que recordar que “el movimiento feminista en toda su diversidad ha sido un sujeto político clave para lograr esta ventana de oportunidad que es el proceso constitucional”. Por esto, no hay que olvidar que el proceso de redacción de la nueva Constitución viene de las movilizaciones masivas en la calle, y que los ciudadanos y las ciudadanas quieren ver transformaciones reales.

“Se trata de cambios necesarios” concluye Mariela.

Escuchar el podcast: https://superciudadanos.subela.cl/episodes/paridad-en-riesgo-s1!008cf

Mas informaciones sobre la necesidad de paridad: https://www.humanas.cl/nueva-constitucion-y-el-avance-en-paridad/

*Artículo preparado por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas

Nueva Constitución y el avance en paridad

Admin — Wed, 13 Apr 2022 17:37:53 +0000

Esta semana la Convención Constitucional votará cuestiones que están en el corazón de las demandas por mayores derechos, dignidad e inclusión que se expresaron en las movilizaciones de octubre de 2019.

El miércoles la Convención decide sobre el nuevo sistema político que nos daremos como sociedad, lo que representa una oportunidad inédita para incorporar principios de convivencia política que profundicen nuestra democracia.

Uno de ellos es la paridad, eje transversal de redistribución del poder que cuestiona la monopolización masculina de los espacios de decisión e incorpora sustantivamente a las mujeres en la vida pública. Más allá de lo numérico, se trata de una nueva forma de organización de la sociedad, en que las responsabilidades del espacio público y privado sean compartidas.

La propuesta en votación es un avance fundamental en términos del derecho a la participación, pues permitirá que exista mitad de hombres y mujeres en las candidaturas a todos los cargos de representación política y garantizará que los espacios de decisión del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y de los partidos políticos sean paritarios. Del mismo modo, establece que las disidencias y diversidades sexo-genéricas tendrán una participación efectiva en estas instituciones, sumando también la obligación del Estado de promover la paridad en el sector privado.

Estas disposiciones son de suma relevancia si consideramos que la presencia de mujeres en espacios de poder sigue siendo una excepción. En efecto, las mujeres no superan el 20% en el Senado y en las alcaldías, y sólo representan un tercio en la Cámara de Diputados/as y en las concejalías. En el mundo privado, los números no son más auspiciosos pues las mujeres en cargos directivos de empresas privadas alcanzan apenas el 7,7%. Estas cifras hablan de una organización social excluyente y de lo ineficaces y tardías que han sido las medidas tomadas hasta ahora para corregir este problema.

La encuesta realizada en octubre de 2021 a mujeres de todo el país por “Nada sin Nosotras” da cuenta del amplio apoyo que concita incorporar la paridad en el nuevo texto constitucional. Así, un 55,7% de las encuestadas señaló estar muy de acuerdo con incluir disposiciones orientadas a garantizar un mayor número de mujeres en cargos de representación política en la Constitución, mientras el 36,8% manifiesta estar de acuerdo con esta medida, sumando un 92,5% de respaldo.

Llamamos a las y los convencionales a estar a la altura de la oportunidad histórica que significa superar uno de los principales déficits democráticos de nuestro país, la sub-representación sistémica y estructural de la mitad de la ciudadanía de los espacios de decisión.

Apoyar la paridad significa brindar un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Se trata de una demanda histórica del movimiento feminista y de mujeres, cuya incorporación en el texto constitucional aumenta las probabilidades de aprobación de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.

Por Mariela Infante, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en sección opinión de Radio Bio Bio

Educación sexual integral: cómo se aplicaría el derecho que se agregó al borrador de nueva Constitución

Admin — Mon, 21 Mar 2022 12:16:28 +0000

El Pleno de la Convención Constituyente aprobó por 106 votos a favor que “todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad”. No obstante, la aprobación de la iniciativa levantó ciertas dudas y debates en torno a las bases de una educación sexual y cómo debería aplicarse. Aquí, tres expertas manifestaron su visión frente al derecho que pasará al borrador de la nueva Constitución.

El pasado jueves 10 de marzo, una protesta estudiantil paralizó las calles de la comuna de Providencia luego de que un grupo de alumnas -provenientes del Liceo 7, Liceo Carmen Carvajal, entre otros- protestaron a las afueras del Liceo Lastarria para denunciar presuntas amenazas de violación por parte de jóvenes de ese recinto educacional.

Durante la jornada de este martes el pleno de la Convención Constitucional volvió a revivir los hechos al momento de deliberar y votar en particular los artículos emanados del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.) relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que fueron de nueva Constitución.

Durante su intervención, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) se refirió al artículo 17 que establece el derecho a una educación sexual integral señalando que “esta es una herramienta relevante que nos permite como sociedad evitar situaciones lamentables como la divulgada la semana pasada, en donde estudiantes mujeres de un liceo emblemático de Santiago denunciaron situaciones de violencia de género ejercida por sus pares hombres del establecimiento educacional”.

El inciso uno del artículo, que también consagra “el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento” fue visado por 106 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

No obstante, la aprobación de la norma despertó críticas por parte de convencionales de derecha. A través de su cuenta de Twitter, la convencional Ruth Hurtado (Chile Libre) expresó: “En dos oportunidades hoy en el pleno se rechaza que los padres tenemos derecho y deber preferente de educar a los hijos. Esta Convención busca con ahínco debilitar la figura de los padres, de la familia, entregando nuestro derecho y deber al Estado”.

La discusión en torno a la educación sexual integral tiene historia. Si bien en 2019 se ingresó un proyecto de ley que buscaba sentar las bases generales para que la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes se impartiera desde la enseñanza parvularia, el proyecto se rechazó en 2020 por falta de quórum en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, según la convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) gracias a las movilizaciones feministas y disidencias sexo-genéricas del último tiempo, la discusión ha tomado un papel relevante incluso dentro del proceso constituyente actual: “Se han visibilizado situaciones de violencia de género y sexual, que nunca han debido ser aceptables, derivando en una necesidad de educar a todas las personas (…) además de permitir que desde temprana edad niños, niñas y adolescentes obtengan información clara y precisa sobre la sexualidad, relaciones de amor, autoestima y autocuidado”, comentó.

Para Teresa Valdés, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile, la educación sexual integral es un tema de Derechos Humanos respaldado por la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que aborda un amplio abanico de objetivos: “Es el derecho de los niños y niñas a recibir una educación que les permita desarrollarse como persona en lo sexual, en lo afectivo, en el autocuidado, en la autonomía, en el consentimiento. Todo lo que tiene que ver con las diversas identidades y con la condición de género de cada quien”, explicó.

En esta línea, según Valdés, contar una educación sexual desde la primera infancia se torna fundamental para el pleno desarrollo de las personas y, sobre todo, para el establecimiento de relaciones no violentas, respetuosas e igualitarias entre hombres y mujeres. Para ella, una manera óptima de integrar la educación sexual es a través de “la enseñanza de la autonomía progresiva, que busca educar a los niños y niñas sobre el respeto y reconocimiento de su cuerpo, con información acorde a su edad. Son cosas básicas para que ellos aprendan a comunicar lo que les pasa”, resaltó.

En el mismo contexto, Pustilnick (INN) concuerda con que este derecho permitiría a la sociedad estar más preparada para reconocer la libertad de las mujeres, prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y, del mismo modo, disminuir los riesgos de abuso sexual infantil: “En un país donde en 2021 se denunciaron 691 casos de abuso sexual contra niñas y niños menores de 14 años de edad y 160 casos abuso sexual por sorpresa y/o sin consentimiento a personas mayores de 14 años, es sumamente imperioso que la Constitución aborde esta materia”, sostuvo.

Por parte de algunos convencionales que rechazan la norma, uno de los argumentos más discutidos es que el artículo, al implementarse como derecho dentro de la Constitución, exigiría al Estado ser garante de su cumplimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, se sostiene que el proyecto estaría vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y, por otra parte, suprimiría la libertad de enseñanza.

Ante esta mirada, Mariela Infante Erazo, directora de Corporación Humanas, explica que el artículo no supondrían una obligatoriedad o intromisión en torno a la enseñanza, a la religión o creencias sino que, al contrario entrega la información básica -basada en el progreso científico y en el conocimiento- para que las personas después, de acuerdo a su creencia puedan elegir: “En la falta de información se genera un oscurantismo que genera una ignorancia generalizada que muchas veces termina en malas decisiones. En cambio, contar con esa información no obliga a nadie a tomar malas decisiones, al contrario, entrega las herramientas para tomar decisiones sobre la base de la información”, explicó Infante.

Si bien el pleno aprobó el derecho a una educación sexual integral, rechazó el inciso que establecía una política única de educación sexual desde la primera infancia. Frente a esto, Francisca Figueroa, abogada e investigadora de la fundación Acción Educar, celebró la decisión de los convencionales, puesto que “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile son bien claros: los padres tienen el derecho preferente sobre la educación de los hijos, derecho que incluye el poder elegir una educación conforme a las convicciones de éstos”, expresó.

En la misma línea, Figueroa sostuvo que el derecho de los padres para educar a sus hijos no pretende actuar como una propiedad sobre ellos, sino que al contrario, “es una forma de proteger a los niños que al ser menores de edad o no contar con la madurez suficiente, no pueden tomar sus propias decisiones sobre ciertas materias. Entonces la pregunta acá es: cuando el niño no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿quién es el primero llamado a reemplazar su voluntad? ¿sus padres o un tercero como podría ser el Estado?”.

El artículo sobre educación sexual integral, junto con la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos y el deber del Estado de garantizar las condiciones para un “embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos” serán parte del borrador del proyecto de nueva Constitución que deberá ser sometido a plebiscito para su aprobación o rechazo.

Noticia publicada en La Tercera

CHILE: “La redacción de la nueva constitución es una oportunidad histórica para las mujeres”

Admin — Mon, 21 Mar 2022 12:04:44 +0000

CIVICUS conversa con Mariela Infante Erazo, directora de la Corporación Humanas, acerca de los impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile, y sobre sus expectativas frente al comienzo de un nuevo gobierno y los resultados del proceso constituyente en curso.

Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo.

La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda.

Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

Entrevista publicada en CIVICUS

Mariela Infante, directora Corporación Humanas: “El Estado debe tener un rol garante de derechos y generar condiciones en cuestiones que antes se pensaban como privadas, como los cuidados, la violencia en las casas y los derechos sexuales y reproductivos”

Admin — Wed, 29 Dec 2021 14:29:02 +0000

En un nuevo Panel Feminista de Café con Nata, recibió a Mariela Infante, socióloga y directora de Corporación Humanas, quien presentó la encuesta anual a cuatro meses de la instalación de la Convención, centrada en los derechos de las mujeres y la agenda feminista.

La encuesta se realizó de manera telefónica entrevistando a más de mil mujeres de Chile para observar la mirada que tienen sobre la Convención Constitucional y el impacto que puede tener en sus derechos como mujeres.

En la encuesta se reveló que un 54% considera que la Convención tendrá un impacto en la vida cotidiana de las mujeres, donde “vemos una diferencia en las expectativas de las mujeres en base a la imagen que muestran los medios de comunicación, menospreciando el trabajo que se hace ahí” señaló Mariela. A la vez, un 34% considera que la CC tendrá un impacto menor pero positivo, por otro lado, solo un 13% cree que el trabajo constitucional no tendrá cambios.

“Es bien transversal en términos de posición política, vemos que hay una mayoría de personas que no se identifican con el eje de izquierda ni derecha, siendo un 60%. Incluso las mujeres que se identifican con la derecha, perciben que sí tendrá un impacto en sus derechos ”, señaló la socióloga.

Asimismo, en la encuesta se identificó que los derechos laborales son fundamentales son el punto principal para las mujeres, como la disminución de las brechas salariales, aumentar la participación de mujeres en los trabajos y la autonomía económica. En segundo lugar, la maternidad voluntaria, luego el derecho a vivir una vida libre de violencia y por último, las labores de cuidados.

“La encuesta nos muestra que algunas cuestiones que se pensaban como privadas, por ejemplo, los cuidados, la violencia que ocurre al interior de las casas, derechos sexuales y reproductivos, el Estado tiene que tener un rol de garante de derechos, de generar las condiciones para que las mujeres nos podamos desarrollar y elegir autónomamente y que es un asunto público”, enfatizó, agregando que la Constituyente debe incluir estos mandatos.

Mujeres de izquierda vs mujeres de derecha

La encuesta realizada por Corporación Humanas evidenció que existe una mayor conciencia en las labores de cuidado, donde se requieren leyes y políticas y no retroceder en cuestiones básicas. “Hay una cuestión de derechos básicos que incluso las mujeres del partido más conservador saben que no hay que retroceder, ya lo tiene como asumido, que va más allá del feminismo, sino de igualdad de derechos y condiciones”.

Además, Mariela señaló que las mujeres sin distinción de su posición política, están concientizando con respecto a la paridad y leyes de cuotas, asumiendo esto como una realidad que no retrocederá.

Incluso, en el estudio, se señala que un 56% de las encuestadas indican que el Estado debe tener un rol en la Constitución para aumentar el número de mujeres en cargos de toma de decisión política. “Vemos que hay una expectativa positiva en el avance de los derechos, hay un grupo bastante grande que sigue encantada con el proceso constituyente en término de esperanzas del inicio del cambio”.

Vuelve a escuchar el podcast completo en #CaféConNata en https://cafeconnata.subela.cl/episodes y todas sus APP.

Encuesta Humanas: Mayoría de las Mujeres Creen que la Nueva Constitución Tendrá un Gran Impacto en sus Vidas Cotidianas y les Permitirá Avanzar en Derechos

Admin — Tue, 16 Nov 2021 16:10:18 +0000

A cuatro meses de la instalación de la Convención Constitucional, Corporación Humanas lanzó una nueva versión de su encuesta anual, esta vez centrada en la inclusión de los derechos de las mujeres y las propuestas de la agenda feminista en la nueva Constitución.

De acuerdo a los resultados, las mujeres consideran que la nueva Constitución tendrá un gran impacto en sus vidas cotidianas y les permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos (53,8%), manifestado que las expectativas sobre el proceso constituyente son positivas. Aquellas que expresan más confianza en el proceso son las mujeres del tramo de edad más joven, menores de 30 años.

Las expectativas de avance en derechos se dan en un amplio rango de ámbitos. El más mencionado es el ámbito laboral y la persistente brecha salarial, en tanto un 80,5% de las encuestadas cree que la nueva Constitución permitirá avanzar en la resolución de este problema. Luego, un 76,5% considera que se avanzará en el derecho a la maternidad voluntaria; un 74,1% en el derecho de todas las personas a ser cuidada y que dichas labores sean compartidas entre el Estado, el sector privado, hombres y mujeres; y un 68,9% cree que habrá avances respecto al derecho a vivir una vida libre de violencias.

Si bien las mujeres identificadas políticamente con la izquierda y centro izquierda expresan una valoración más positiva de los avances que una nueva Constitución posibilitará a las mujeres, tanto las encuestadas de derecha y centro derecha, como aquellas que no se sienten representadas por el eje izquierda-derecha, tienen niveles similares de optimismo respecto a las posibilidades de superar la brecha salarial y asegurar el derecho al cuidado (sobre 70%), avanzar en maternidad voluntaria (75%), y garantizar el derecho a una vida libre de violencia (sobre 62%).

Los resultados de la encuesta revelan la existencia de una amplia aceptación a incluir los derechos humanos, así como, medidas de acción afirmativa para mujeres. Un 63,2% de las mujeres está muy de acuerdo que los derechos humanos debiesen incluirse como principio en la nueva Constitución, y un 29.4% está de acuerdo. En contraste, solo un 5,5% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta inclusión.

Respecto a la inclusión de obligaciones para que el Estado mejore la situación de las mujeres más vulneradas, es decir, mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres de la diversidad sexual, un 68,6% de las entrevistadas considera que el Estado debe intervenir de manera permanente para alcanzar igualdad de resultados. Existe otro 27,5% que está de acuerdo con la intervención estatal en esta materia, pero sólo de forma temporal. Si se suman ambas alternativas, un 96,1% de las encuestadas apoya las medidas afirmativas para mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación.

Paridad y distribución igualitaria de los cuidados

Por otro lado, el sondeo advierte un alto apoyo a que se incluyan en el nuevo texto constitucional mandatos que aumenten la presencia de mujeres en cargos de representación política. Así un 55,7% manifiesta estar de acuerdo y un 36,8% de acuerdo, lo que suma un 92,5%. Este apoyo cruza las diferentes sensibilidades políticas, pues tanto las mujeres de centro derecha como aquellas que no se identifican con una posición particular expresan en un 52,5% estar muy de acuerdo con que la Constitución establezca esta obligación estatal.

En los primeros meses de trabajo de la Convención Constituyente, se ha debatido sobre diferentes maneras de comprender y aplicar la paridad, tanto en términos sustantivos como numéricos. Al respecto, un 77,1% de las encuestadas comprende la paridad como una integración mitad y mitad entre hombres y mujeres. Otras alternativas, como que la paridad debe ser mayoría mujeres o que debe establecerse un piso de 20% o 30% de mujeres, son minoritarias, con alrededor de 11% de apoyo.

Una mayoría de las mujeres encuestadas expresa que la Constitución debe incluir obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos sociales claves. A nivel general, una mayoría de las mujeres encuestadas (el 72%) está muy de acuerdo con que la nueva Constitución incluya obligaciones para que el Estado aplique políticas de prevención, atención y reparación de la violencia de género; un 71,3% asegure el acceso a la educación sexual en escuelas, a la información y a la salud sexual y reproductiva; y un 76,5% asegure que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando realizan el mismo trabajo.

Una dimensión que hasta ahora se ha considerado un problema privado de las familias, y una responsabilidad exclusiva de las mujeres, como el cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes, se perfila crecientemente como un asunto público que debe ser asumido como sociedad. De este modo, un 63% está muy de acuerdo con que la Constitución debe mandatar al Estado para que incentive una distribución igualitaria de estas tareas entre hombres y mujeres, y un 67,8% señala estar muy de acuerdo en que el Estado debe asegurar que todas las personas dependientes reciban los cuidados requeridos. Nuevamente en este punto se observa un apoyo transversal que supera diferencias políticas, pues las mujeres de derecha, centro-derecha y sin identificación política apoyan mayoritariamente estas medidas.

Confianza transversal en la Convención

Para Mariela Infante, socióloga y directora (I) de Corporación Humanas, la campaña de desprestigio hacia la Constituyente no se condice con las cifras que arroja la encuesta, ya que las mujeres tienen una expectativa positiva de este proceso. Hay transversalidad entre las mujeres respecto a sus derechos, la marea feminista ha logrado masificar los componentes esenciales de una agenda feminista, la instalación de ciertos temas que son consustanciales a sus demandas históricas”.

Advierte que “la generación menor de 30 años se siente esperanzada por el proceso en curso y por los efectos que tendrá en su vida diaria y en la lucha contra la discriminación de género”, afirma la socióloga y directora de Corporación Humanas.

Finalmente, apunta a que aun cuando la agenda feminista es apoyada principalmente por mujeres de izquierda o centro izquierda, varias temáticas se muestran transversales, lo que constituye un llamado a los sectores de derecha a incluir estos puntos en su trabajo en la Convención, especialmente, políticas de cuidados, paridad, erradicación de la violencia e igualdad salarial”.

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Publicada en Página 19