En materia de prevención de la violencia contra niñas y mujeres, recientemente se promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género tanto en el ámbito público como privado. También fuimos el país anfitrión para la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, cuando creíamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos sociales y jurídicos para la condena absoluta y transversal a la violencia más grave que sufren niñas, adolescentes y mujeres, especialmente ante vulneraciones a su indemnidad sexual, la realidad política nos demuestra lo contrario: el derecho humano a una vida libre de violencia aún no se encuentra asentado en nuestra clase política.

Pareciera que estos principios éticos y de derechos humanos no son de sentido común en todos los liderazgos, aun cuando nuestra Constitución -a través de los tratados internacionales-, y muchas leyes consagran sanción y protección ante la violencia contra niñas y mujeres. Del mismo modo, existen deberes para todos los agentes del Estado -incluidos parlamentarios y parlamentarias- para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.

Con indignación hemos visto nuevamente que solo la movilización social y, especialmente feminista, logra presionar al saliente presidente de la UDI y senador Javier Macaya, para desdecirse de defender a su padre Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual infantil reiterado. Continuamente la sociedad civil debe estar alerta para que líderes políticos y tomadores de decisiones que representan a la ciudadanía, no minimicen la violencia sexual o de género que sufren niñas y mujeres.

La relación entre la política y la condena a la violencia sexual o de género siempre ha sido incómoda, pero llama la atención que, si bien existe un importante avance legislativo, no existan consensos ideológicos transversales en la política sobre esta problemática.

Cabe preguntarnos si la clase política está capacitada éticamente para defender los derechos mínimos de niñas y mujeres o si existe un compromiso real de los partidos políticos con la prevención de la violencia.

Los actores políticos deben fomentar un compromiso con los derechos humanos y el respeto a la justicia como base de una sociedad democrática. Por ello, las autoridades, independiente de sus posiciones políticas o ideológicas, deben ser las primeras en condenar estas violencias. Ser representante político no solo consiste en una conducta intachable y un desempeño honesto, sino también poner por encima siempre el interés común de la ciudadanía, y que esto se demuestre en los hechos, no sólo en declaraciones.

A días de que se cierren las inscripciones a candidaturas municipales y regionales, los partidos políticos deben dar una señal clara contra la violencia sexual y de género. No se puede esperar, nuevamente, a que las organizaciones feministas levanten las alertas cuando un candidato ha sido denunciado por violencia, o si existen conflictos de intereses que permitan suponer que no trabajará en prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Si nuestras autoridades políticas continúan solo siendo reactivas ante escándalos mediáticos, no avanzaremos en una cultura de prevención de la violencia de género y protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas 

Columna de opinión publicada en Página 19, jueves 25 de julio de 2024

A inicios de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió el 7° Informe Periódico sobre Chile, en el que los expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisaron la situación de los derechos humanos en nuestro país y realizaron una serie de recomendaciones al Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil chilenas participaron activamente en el proceso, entregando datos en informes sombra e incluso, participando de una pre sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, durante febrero.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos organizaciones feministas, quienes se explayaron respecto a lo que el Comité sugirió en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 

La directora de Miles, Javiera Canales, destacó especialmente las recomendaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas, aquella que se refieren a regular la objeción de conciencia, para que esta no sea un obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

“En específico el acceso a la información, porque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene un artículo en donde prohíbe la divulgación de información sobre los procedimientos y la entrega de información donde se realiza la intervención”, acotó.

De todas maneras, Canales afirmó que la recomendación que requiere más atención tiene que ver con los múltiples casos de mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos fallidos. 

“De uno u otro lado se han estado tomando cartas, sobre el manual de fiscalización de la objeción de conciencia que salió publicado el año pasado, pero respecto de la reparación de los anticonceptivos defectuosos, es algo que pasó en el Gobierno pasado, que este Gobierno tampoco ha hecho mucho por reparar. Por ejemplo, teniendo un catastro de mujeres afectadas y elevando los estándares de fármaco vigilancia”, sugirió.

Por su parte, la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, relevó las sugerencias que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

“Frente a la gravedad de estos crímenes, a la magnitud del problema, y al carácter estructural de la violencia, la recomendación general, obviamente, es que se deben mantener los esfuerzos para prevenir y enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas y que en particular, se deben investigar todos los casos de violencia sexual, se deben garantizar servicios de atención para las víctimas y se tiene que reforzar la capacitación que se brinda a los operadores de justicia, como las policías y el Ministerio Público, porque es una condición relevante para poder asegurar el acceso a la justicia”, indicó.

Maturana además mencionó la recomendación relacionada con la Ley Zamudio, ya que a su juicio, también está vinculada con la violencia a las mujeres.

“Se observa a nivel internacional, que las medidas que se han adoptado en Chile, como la publicación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, no resulta una herramienta suficiente para enfrentar la discriminación. Sigue siendo necesario adoptar medidas de prevención, sensibilización y capacitación en materia de no discriminación y creo que también es importante relacionarlo con el tema de la violencia contra las mujeres e igualdad de género”, dijo.

¿Cómo aplicará las recomendaciones el Gobierno?

Respecto a la disposición que ven de parte del Gobierno para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos de la ONU, tanto Canales como Maturana enfatizaron que no solo el poder Ejecutivo es el responsable de seguir estos lineamientos, sino que también los poderes Legislativo y Judicial.

En esa línea, Canales aseguró que “no es una voluntad propia del Gobierno solamente, porque esta es una revisión al Estado. Tenemos que avanzar como Estado, porque aunque el Presidente Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, presenten un proyecto de ley maravilloso, esto lo tiene que aprobar el legislativo”, señaló.

Asimismo planteó que independiente de quien se encuentre a la cabeza de los distintos poderes, es fundamental “avanzar en estas materias y que se traten como materias de Estado. En ese sentido creemos que hay que avanzar, más que circunscribiéndolo al Gobierno de turno” insistió.

Otro punto en que las directoras de Miles y Humanas coincidieron fue en sus altas expectativas frente al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en que todos los países de esa instancia evalúan su desempeño.

Sobre aquello, la directora de Humanas pronosticó que en este examen, que tendrá lugar a contar del 29 de abril, “se van a destacar nuevamente estos puntos que se han venido reiterando en el tiempo”.

“La expectativa de las organizaciones es que sea un examen al que el Estado preste la misma colaboración que observamos durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, que entregue toda la información que se le consulta, con una perspectiva de identificar en qué aspectos se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones”, concluyó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile 

Para la trabajadora social, gestora cultural, cantora y constituyente Carolina Videla, el centro de la Constitución, declarando al Estado como social y democrático, plurinacional y ecológico, es el principal hito que acaba con el Estado subsidiario, así como la instalación del Estado Regional que establece que todo cada región tendrá autonomía. “Esto es fundamental para que en los territorios podamos tomar decisiones sobre nuestros modelos de desarrollo”. 

De igual modo, Carolina indica que desde el trabajo de la Convención están debatiendo las atribuciones que tendrán los gobiernos regionales dependiendo de sus necesidades. También destacó los derechos que se han alcanzado a redactar en la nueva Constitución y su impacto si llegaran a garantizarse: el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la paridad, entre otras. 

“En la Constitución deben entrar los derechos sociales que nos corresponden”, enfatizó Carolina, haciendo el llamado a informarse para participar en el plebiscito de salida,  “ir conversando en nuestros espacios la lógica que cambiará para las trabajadoras y trabajadores. Tengo la convicción que ganará el apruebo en el plebiscito de salida, pero para eso tenemos que salir a la calle”. comentó la convencional. 

Carolina nos recomienda el libro y película “En el tiempo de las mariposas” de Julia Álvarez que retrata la historia de las dominicanas hermanas Mirabal, mujeres que resistieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana entre los años 1930 y 1961. 

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El 15 marzo pasado, se promulgó la Ley de Garantía y Protección Integral de Derecho de la Niñez y Adolescencia. La subsecretaria nos explica que esta ley impone al Estado crear un sistema de garantías y obliga a todo el Gobierno a hacer de la protección de la niñez un tema de primera importancia. “Todos los ministerios, salud, educación, justicia, deporte tienen que entender que la niñez es una prioridad no es un tema de la subsecretaría”.

Algunos grupos ven esta ley como una amenaza porque estiman que el Estado se está metiendo en cosas que la familia debería hacer. Es importante recordar que la ley reconoce que la familia tiene un derecho y un deber a cuidar, apoyar y acompañar a su hijo o hija, donde prima el derecho superior del niño/a (si mi niño es gay no puedo mandarlo a terapia de conversión, por ejemplo). “Con esta ley el Estado va a darle a la familia las condiciones para cuidar bien, porque muchas veces no tienen la red de apoyo para hacerlo” explicó Rocío Faúndez. “Cuando la madre está con depresión, no tiene atención de salud mental y llega a un maltrato mayor, ahí la pregunta es, como el Estado logra entrar a tiempo para que eso no ocurra”.

A veces, encontramos la idea que los derechos de la niñez entran un poco en oposición con los derechos de la mujer porque “se ha instalado culturalmente el hecho de recargar a la madre de muchas responsabilidades, y las madres vivimos con harta culpa”, señala la Subsecretaría. Las mujeres tienen que trabajar y ser exitosas, ser la madre perfecta con la lactancia hasta el año y medio (…), pero eso es una mala comprensión de lo que es el cuidado. No es solo el trabajo de las madres, sino también del padre y de redes de cuidado que les permiten a ambos descansar cuando lo necesitan y así crear una situación que será mejor para el niño o la niña. Por eso, es una falsa oposición porque avanzar sobre la equidad de género permitirá un avance para todos y todas.

“En nuestra sociedad, las familias están muy solas, tienen mucha responsabilidad sin muchas redes de apoyo como una protección social fuerte”, por ejemplo. En cuanto a la educación como la educación sexual integral, no todo puede estar a cargo de las familias. Solas no podemos. Necesitamos hablar de cómo cuidamos y generar dispositivos que hagan que la vida no sea tan difícil y todo eso va a incidir en que pod<amos cuidar mejor a los niños, niñas y adolescentes.” dice Roció Faúndez.

Chile siempre tiene mucho camino que recorrer en términos de proteger a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la ley de matrimonio actualmente permite que adolescentes de 16 años se casen con la autorización de sus padres. “Claramente no estamos hablando de una cantidad gigante, pero, en general, estamos hablando de niñas casándose con señores lo cual claramente propicia un espacio para violencia de género, para la violencia sexual, un abandono de los estudios (…). Se considera una práctica nociva según el Comité de Derechos del Niño y la Niña; y Chile necesita ponerse al día con esta materia. Además, la Subsecretaría de la Niñez tiene otro proyecto de ley para visibilizar la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes como un delito inaceptable.

Los desafíos de la Subsecretaría serán instalar oficinas locales de niñez en los próximos cinco años en todas las comunas de Chile. Por el momento, quince están funcionando, y este dispositivo debe desarrollarse en todas partes del país para cambiar muy concretamente la vida de la niñez. La idea es abrir un espacio a nivel municipal que va a tener que articular toda la oferta local en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “El objetivo es crear un mecanismo que ahora no existe para que no llegáramos tarde, cuando el niño o niña es una situación insostenible.” plantea la Subsecretaría.

Para concluir Rocío Faúndez explica que, gracias a la Ley de Garantía, el camino que hemos recorrido nos deja en un mucho mejor pie que hace un año. “El proceso constitucional más allá del resultado que salga ha implicado un momento en que, como sociedad, nos hemos puesto a hablar de cosas de las cuales antes no hablábamos y respecto a los temas de la niñez es justo lo que necesitamos.” Para ella “este proceso participativo en sí mismo ha sido súper enriquecedor”.

La recomendación feminista de Rocío Faúndez: El libro y la serie el cuento de la criada de Margaret Atwood, escritora que plantea temas muy potentes. Leerlo a la luz de lo que está pasando en los Estados Unidos con la protección el derecho al aborto nos permite darse cuenta de que los derechos se ganan con luchas social y que se pueden perder de manera tristemente fácil.

Escuchar el podcast: https://cafeconnata.subela.cl/episodes/cambios-de-fase-importancia-de-las-infancias-s1!baf69

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A continuación te recomendamos algunas que emergen desde la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena:

✅ No 11.906 de Chile Migra
✅ No 41.466 de ABOFEM
✅ No 5.918 de Mesa Técnica Política del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno
✅ No 45.166 de Asociación Nacial de Matronas y Matrones de Chile A.G
✅ No 17.046 de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
✅ No 50.754 de Articulación de organizaciones feministas y de disidencias sexo genéricas

✅ No 10.234 de Disidencias Unidas Recomponiendo Alianzas Sexopolíticas
✅ No 38 de Red Docente Feminista
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En primer lugar, la OPIP “vigila al vigilante”, es decir, observa el actuar de las fuerzas policiales tanto en las calles como en las instituciones.  “El fin del observatorio es con una mirada crítica, académica y de calle, para hacer una mejora  en el futuro y estar atentos en lo que hacen día a día”, indicó Caterina.

Estas observaciones presentaron un cuestionamiento: ¿por qué las personas temen a manifestarse?. Más allá de lo evidente relacionado al comportamiento de las policías durante y post 18 de octubre, la OPIP, señaló que Carabineros tiene raíces militarizadas y dictatoriales, incluso utilizan armamentos de guerra. De igual modo, la institución no respeta sus mismos protocolos. “Esto no sólo explotó en el estallido, sino que se notó más porque la actividad policial era mayor. Recuerdo  que para el movimiento estudiantil del 2011, 2012 y 2013, hubo personas con heridas oculares, entonces, estos no son casos puntuales.  Carabineros siempre ha sido así y no está a la altura del Chile de hoy ni las exigencias de la ciudadanía”, comentó la co-directora del OPIP. 

Para la fotógrafa, también hay un tema pendiente con la reparación de los casos de violaciones a los derechos humanos, en el cual no basta con las medidas económicas, sino que el victimario no vuelva a cumplir sus funciones. 

Con respecto a los presos políticos, “como observatorio creemos que la historia nos demuestra que la prisión política es algo que se utiliza mucho, y para nosotros, los presos de la revuelta son víctimas de un entramada, no solo de Carabineros, sino de toda una institución, lo que llamamos violencia estatal”, expresó. 

“La ciudadanía está muy dañada, es una sociedad triste. La misma impunidad que se le entrega a Carabineros y agentes del Estado, ha hecho que tengamos miedo a manifestarnos  porque nos pueden culpar de cualquier cosa. También en poco ánimo de querer salir porque nos pueden golpear, hay que ser valientes para salir a la calle sobre todo cuando se nos mueren compañeras y compañeros ahí”,sentenció Caterina.

Por último, con respecto a la nueva Constitución, Caterina indicó que se espera justicia y reparación del Estado hacia las personas vulneradas y que esa solicitud sea constitucional y no “algo que se tenga que pelear en el Congreso o ir caso a caso”. “Que la justicia y  reparación estén totalmente aseguradas de manera constitucional  para que no tengamos que estar peleándolas una por una”, finalizó. 

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