Estas disposiciones, que se traducen en avances concretos para la vida de las personas que habitamos el país fueron gestadas gracias a una Convención Constitucional integrada de manera paritaria, con una importante participación de mujeres feministas quienes, fuertemente articuladas entre sí, y con el constante apoyo y colaboración de las organizaciones feministas y de mujeres que estuvieron presentes a lo largo del proceso, lograron además la incorporación de normas que contribuirán de manera sustantiva a mejorar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

La paridad en la integración de la Convención fue una innovación en nuestro sistema, y hoy se consagra como un principio fundamental del borrador de la nueva Constitución que mandata a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva y paridad, debiendo los órganos del Estado incorporar enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Nuestra democracia se define como paritaria, redistribuyendo así el poder entre mujeres y hombres, de modo que ellas se incorporan a la vida pública en igualdad de condiciones, superando así una barrera histórica que nos mantenía aún relegadas a la esfera de lo privado.

A esto se suma el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas y todos, la igualdad de género en la conducción de las relaciones internacionales del país, y el enfoque de género en el ejercicio de la función pública. Estas disposiciones se encuentran contenidas además en un texto redactado con un lenguaje inclusivo que reconoce a las mujeres en cuanto sujetas políticas, de manera expresa.

Esta redistribución del poder no es posible sin el reconocimiento de las labores de cuidado y trabajo no remunerado realizado dentro del hogar, que históricamente ha sido y es asumido de manera desproporcionada por las mujeres. El borrador reconoce las labores de cuidado y el derecho a cuidar, a ser cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo, mediante instituciones como el Sistema Integral de Cuidados que “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados“, o el mandato al Sistema de Seguridad Social, que “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados“.

Hemos observado el que hasta ahora ha sido el proceso político más participativo de nuestra historia. La Convención está integrada por convencionales provenientes de distintas esferas sociales y grupos de interés: medioambientalistas, feministas, académicas y académicos, científicas y científicos y artistas confluyeron en un debate democrático que alcanzó amplios acuerdos para la incorporación de normas que recogen las demandas sociales que escuchamos hace décadas en las calles, pero hasta ahora habían sido desatendidas en los espacios de discusión política institucional.

La naturaleza participativa del proceso ha trascendido la conformación de la Convención. Se tradujo, además, en la implementación de una serie de mecanismos que permitieron dar cabida e incorporar en el debate a una amplia diversidad de grupos sociales. Entre otros, se recibieron cientos de audiencias públicas donde organizaciones de la sociedad civil expusieron ante las comisiones provisorias y temáticas las necesidades de los grupos a los que representan, y se presentaron iniciativas populares de norma constitucional cuyos contenidos forman parte del borrador de la nueva Constitución.

Como fruto de este proceso contamos hoy con un borrador de texto constitucional que reconoce derechos, y mandata al Estado a garantizarlos, que hasta hoy no han sido consagrados en nuestro sistema jurídico, y que al materializarse contribuirán a mejorar de manera significativa la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.

Durante décadas, los movimientos de mujeres y feministas se han manifestado para visibilizar la violencia de género, exigiendo su erradicación. Gracias a iniciativas de norma populares y de convencionales constituyentes, el borrador de la nueva constitución reconoce expresamente el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para su prevención, investigación y sanción, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Además, materializando el principio de igualdad sustantiva, el Estado “tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra“

Como complemento de esta norma, el borrador contempla como inhabilidad para optar a cargos públicos o de elección popular, las condenas por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, apuntando a la erradicación de la violencia por vías diversas.

La Constitución de 1980 establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, excluyendo vínculos distintos de los familiares, y sin otorgar una definición de este concepto, lo que ha tenido consecuencias discriminatorias. El borrador de la nueva Constitución pone a las personas como centro de la actividad del Estado, que además reconoce y protege a las familias en su más extensa diversidad “no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos“, debiendo garantizarles una vida digna.

Finalmente, una de las principales luchas de los movimientos feministas y de mujeres de nuestro país ha sido el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que han sido materializados en el borrador de la nueva Constitución. El borrador de la nueva Constitución contiene una norma que fusiona las iniciativas populares de norma, y las iniciativas presentadas por las convencionales constituyentes, y que reconoce y garantiza estos derechos a todas las personas, fundando su ejercicio en la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, incluido el derecho a interrumpir el embarazo, entregando a la ley la regulación de su ejercicio.

A estas normas se suman otras, como el derecho a la identidad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas mayores, entre muchas normas diversas que reconocen y garantizan derechos a grupos históricamente vulnerados y que contribuyen, en el marco de este Estado social de derecho, a mejorar nuestras condiciones de vida, construyendo una sociedad más justa para todas, todes y todos.

Considero especialmente importante hacerlo en un contexto de tanta celeridad política, incertidumbre y confusión favorecida por el escaso tiempo acordado para realizar esta tarea y atizada desde distintos flancos, por fuerzas políticas que resisten un cambio sustantivo que permita transitar hacia una nueva etapa histórica en el país.

Los cambios, aun los más esperados, como en el caso de una nueva Constitución, suscitan dudas, temores y críticas, momentos de avance junto a momentos de estancamiento.  Estos sentimientos son propios de procesos de cambios sustantivos exigidos por la complejidad y gravedad de los problemas sociales. Este clima es aprovechado por la Estrategia del Rechazo, cuyos promotores, usando cuantiosos recursos financieros, avivan la desconfianza a través de noticias falsas difundidas reiteradamente en distintos medios de comunicación y plataformas sociales.

La revuelta social desnudó el hecho de que Chile no es un país justo y homogéneo, al contrario, presenta altos índices de desigualdad, coexisten una variedad de culturas y estilos de vida. Durante la protesta, hombres y mujeres de distintas edades y sectores sociales, jóvenes y adolescentes, integrantes de pueblos indígenas y de colectivos de la diversidad y disidencia sexual hicieron pública su insatisfacción y malestar frente a las consecuencias de las desigualdades presentes en la vida cotidiana (salud, pensiones, salarios, vivienda, inseguridad, medioambiente, entre otras) y en las relaciones asimétricas que establecen entre sí grupos y colectivos, y las regiones o territorialidad. Denunciaron el acaparamiento de los recursos y el menosprecio a puntos de vista y el ejercicio de sus derechos. Los grupos dominantes no otorgan igual valor, ni el mismo derecho a otros sectores de la sociedad para expresar sus formas de entender la realidad, sus aspiraciones, anhelos y sus estilos de vida.

El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder.

La ausencia de infraestructura física e institucional, tal como caminos, transportes, seguridad, servicios sanitarios, centros de salud, escuelas, áreas verdes en los lugares donde residen mayoritariamente quienes habitan el país, naturaliza la idea que unas vidas valen más que otras y por eso deben ser protegidas, sostenidas y valoradas.

La Convención está integrada por mujeres y hombres, personas de todas las regiones e integrantes de pueblos indígenas.  En sus territorios han participado en debates y movilizaciones públicas. El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder. Convencionales procedentes de regiones han sido grandes promotores de la descentralización y el reconocimiento de Estados regionales. La mayoría de las y los convencionales electos coincidieron en la necesidad de garantizar la transparencia e impulsar la participación ciudadana a través de audiencias abiertas a la ciudadanía y organizaciones, la habilitación de la plataforma de lobby, visitas a regiones, encuentros territoriales semanales, jornadas de encuentro y cabildos. Por otro lado, se llamó a la ciudadanía a participar en la elaboración de normas constitucionales de iniciativas populares que debían alcanzar las 15 mil firmas para que fueran debatidas en las distintas comisiones y luego pasarán al pleno de la Convención. Muchas de ellas fueron producidas en los espacios de interacción de las organizaciones sociales y con convencionales, ampliando de esta manera la deliberación hacia los espacios ciudadanos.

El proceso de debatir sobre este nuevo pacto social que nos una sobre la base de la justicia y democracia ha sido desafiante porque las delegadas y delegados elegidos para la misión han tenido la tarea de construir un diseño institucional, y ya no de denunciar los déficits de la antigua constitución. Para esa tarea, sus visiones se enriquecieron y mejoraron a través de la escucha de las exposiciones de centenares de organizaciones sociales, políticas y técnicas; a través del diálogo que transcurrió entre comisiones y plenos; y seguirá ahora puliéndose en la Comisión de Armonización y dibujando su aterrizaje en la Comisión de Disposiciones transitorias. Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de Derechos, un fuerte catálogo de derechos fundamentales, la valoración e integración jurídica del derecho internacional de los Derechos Humanos, la noción de un Estado que cuida a la ciudadanía de los abusos del mercado y que condena la corrupción. El análisis de las normas aprobadas en el pleno de la Convención se orienta en el sentido de los consensos presentes desde la revuelta y anticipan entonces su capacidad de responder a los anhelos de la ciudadanía de una sociedad más justa, solidaria que busca mejorar la calidad de vida de los sectores en situaciones de desventaja.

Por Virginia Guzmán, sudirectora del Centro de Estudios de la Mujer e integrante de Nada Sin Nosotras 

Columna publicada en El Mostrador 

El continuo de violencia que atraviesa la vida de las mujeres, los obstáculos para decidir sobre su cuerpo y sexualidad, la mayor precarización que enfrentan en lo laboral y económico, entre otros aspectos, demostraron ser dimensiones que reproducen la subalternidad y que cuestionan de manera profunda los principios democráticos. Los estudios de opinión realizados en los últimos años por Corporación Humanas dan cuenta de la alta percepción de discriminación de la diversidad de mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

A partir del 4 de julio de 2021, con el inicio de la Convención Constitucional, se abre la oportunidad de reescribir el pacto social (y de género) mediante una nueva Constitución que entregue un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas.

Este contexto exige considerar las percepciones de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida, colocándolas en perspectiva con las expectativas de transformación que representa el proceso constituyente. Para contar con antecedentes actualizados respecto a cuáles son las principales preocupaciones y problemáticas de las mujeres, y la manera en que la nueva Constitución puede darles respuesta, Corporación Humanas en conjunto con Nada Sin Nosotras aplicó entre septiembre y octubre de 2021 una encuesta telefónica de carácter nacional centrada en mujeres mayores de 18 años de los diferentes territorios del país.

En este marco, el presente documento identifica los principales resultados de esta encuesta a partir de siete temáticas que forman parte de las demandas históricas del movimiento feminista y que se articulan en una agenda de ocho temáticas prioritarias definidas desde Nada Sin Nosotras: trabajo remunerado, derecho al cuidado, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, democracia paritaria, derechos humanos, igualdad y no discriminación y transversalización de la perspectiva de género.

Cada capítulo inicia con un breve diagnóstico que explica por qué la temática es parte de la agenda feminista y apunta a un nudo estructural de las desigualdades de género que, desde Nada Sin Nosotras, consideramos relevante abordar en la discusión constitucional. Luego, siguen los resultados arrojados por la encuesta para determinar el grado de relevancia que le asignan las mujeres a la incorporación de cada temática en la nueva Constitución. Posteriormente, se explican los criterios que fundamentan la propuesta de contenidos y los objetivos perseguidos al incluirlos en el nuevo texto constitucional, para finalizar con un esquema de síntesis que articula la propuesta a través de cuatro apartados constitucionales que son los principios, el rol del Estado, el catálogo de derechos y los mandatos u obligaciones del Estado. Esta clasificación se explica ante la necesidad de realizar un abordaje integral e interrelacionado de los distintos apartados de la Constitución, de forma que el reconocimiento constitucional de los derechos se vincule claramente con la acción pública de los poderes del Estado y con mandatos específicos para las entidades responsables que lleven a la práctica el texto
que resulte aprobado por la Convención y que será validado en el plebiscito de salida.

El objetivo de la publicación es abrir la reflexión y discusión sobre cómo las principales demandas y prioridades de las mujeres se deben incorporar en el nuevo texto constituyente, de forma que la ciudadanía y las organizaciones cuenten con una línea de base para monitorear el debate que dará la Convención en estas materias y fomentar la rendición de cuentas respecto a la incorporación de contenidos de la agenda feminista.

DESCARGA  «Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos»

La encuesta se realizó de manera telefónica entrevistando a más de mil mujeres de Chile para observar  la mirada que tienen sobre la Convención Constitucional y el impacto que puede tener en sus derechos como mujeres. 

En la encuesta se reveló que un 54% considera que la Convención tendrá un impacto en la vida cotidiana de las mujeres, donde “vemos una diferencia en las expectativas de las mujeres en base a la imagen que muestran los medios de comunicación, menospreciando el trabajo que se hace ahí” señaló Mariela. A la vez, un 34% considera que la CC tendrá un impacto menor pero positivo, por otro lado, solo un 13% cree que el trabajo constitucional no tendrá cambios.  

“Es bien transversal en términos de posición política, vemos que hay una mayoría de personas que no se identifican con el eje de izquierda ni derecha, siendo un 60%. Incluso las mujeres que se identifican con la derecha, perciben que sí tendrá un impacto en sus derechos ”, señaló la socióloga.       

Asimismo, en la encuesta se identificó que los derechos laborales son fundamentales son el punto principal  para las mujeres, como la disminución de las brechas salariales, aumentar la participación de mujeres en los trabajos y la autonomía económica. En segundo lugar, la maternidad voluntaria, luego el derecho  a vivir una vida libre de violencia y por último, las labores de cuidados. 

“La encuesta nos muestra que algunas cuestiones que se pensaban como privadas, por ejemplo, los cuidados, la violencia que ocurre al interior de las casas, derechos sexuales y reproductivos, el Estado tiene que tener un rol de garante de derechos, de generar las condiciones para que las mujeres nos podamos desarrollar y elegir autónomamente y que es un asunto público”, enfatizó, agregando que la Constituyente debe incluir estos mandatos.  

Mujeres de izquierda vs mujeres de derecha 

La encuesta realizada por Corporación Humanas evidenció que existe una mayor conciencia en las labores de cuidado, donde se requieren leyes y políticas y no retroceder en cuestiones básicas. “Hay una cuestión de derechos básicos que incluso las mujeres del partido más conservador saben que no hay que retroceder, ya lo tiene como asumido, que va más allá del feminismo, sino de igualdad de derechos y condiciones”. 

Además, Mariela señaló que las mujeres sin distinción de su posición política, están concientizando con respecto a la paridad y leyes de cuotas, asumiendo esto como una realidad que no retrocederá. 

Incluso, en el estudio, se señala que un 56% de las encuestadas indican que el Estado debe  tener un rol en la Constitución para aumentar el número de mujeres en cargos de toma de decisión política. “Vemos que hay una expectativa positiva en el avance de los derechos, hay un grupo bastante grande que sigue encantada con el proceso constituyente en término de esperanzas del inicio del cambio”. 

Vuelve a escuchar el podcast completo en #CaféConNata en https://cafeconnata.subela.cl/episodes y todas sus APP.