Camila Maturana – Nada sin nosotras

Columna de opinión: Aborto legal, un debate necesario

Admin — Fri, 07 Jun 2024 11:53:50 +0000

El Presidente de la República, Gabriel Boric, rindió su tercera Cuenta Pública, transcurrido ya la mitad de su mandato, presentando una amplitud de temas, resaltando los logros de su gestión y las prioridades del gobierno.

Uno de los más comentados ha sido el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal. Los derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos sexuales y reproductivos, vuelven a estar en el centro del debate político y social, retomándose la discusión sobre su condición de sujetas de derechos.

Sin embargo, las desmedidas reacciones resultan preocupantes. Todo el país fue testigo de la falta de respeto cívico en que incurrió un grupo de parlamentarios y parlamentarias, que luego de escuchar este anuncio -que no resultó de su agrado- se retiró del Salón de Honor del Congreso Nacional. Otro grupo de legisladores anticipó enérgicamente su rechazo a un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, en circunstancias que su rol de representantes de la ciudadanía incluye precisamente debatir, argumentar, proponer y decidir sobre las iniciativas sometidas a su conocimiento. Pareciera que desde algunos sectores políticos se buscara cancelar o cerrar un debate antes de que este tenga lugar. Un tercer grupo de congresistas y representantes políticos, en tanto, ha descalificado el debate, argumentando que no es oportuno o desvía la discusión de otros temas más importantes.

Todo lo anterior genera gran alarma, ya que devela la desconexión y desinterés frente a la realidad de las mujeres y niñas que requieren interrumpir sus embarazos en condiciones dignas y adecuadas, sin poner en riesgo su salud y su vida.

Es de conocimiento público que la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017, no ha sido suficiente. Esto no solo por su acotada aplicación respecto a las múltiples situaciones en que se encuentran quienes desean abortar, sino también por la regulación amplia de la objeción de conciencia que obstaculiza este derecho.

Más allá de las polémicas, se trata de un debate necesario, que fortalecerá la institucionalidad democrática del país.

Esperamos que la discusión legislativa que tendrá lugar sobre el aborto legal durante el segundo semestre de 2024 garantice la pluralidad, ofrezca espacio a diversas posiciones e incorpore la voz de las mujeres.

Escribe Camila Maturana, directora de Corporación Humanas en Radio Cooperativa

“Que se traten como materias de Estado”: El análisis de organizaciones feministas a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Admin — Tue, 30 Apr 2024 11:57:23 +0000

Las directoras de Miles y Corporación Humanas destacaron las sugerencias relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y también aquellas que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

A inicios de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió el 7° Informe Periódico sobre Chile, en el que los expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisaron la situación de los derechos humanos en nuestro país y realizaron una serie de recomendaciones al Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil chilenas participaron activamente en el proceso, entregando datos en informes sombra e incluso, participando de una pre sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, durante febrero.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos organizaciones feministas, quienes se explayaron respecto a lo que el Comité sugirió en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

La directora de Miles, Javiera Canales, destacó especialmente las recomendaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas, aquella que se refieren a regular la objeción de conciencia, para que esta no sea un obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

“En específico el acceso a la información, porque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene un artículo en donde prohíbe la divulgación de información sobre los procedimientos y la entrega de información donde se realiza la intervención”, acotó.

De todas maneras, Canales afirmó que la recomendación que requiere más atención tiene que ver con los múltiples casos de mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos fallidos.

“De uno u otro lado se han estado tomando cartas, sobre el manual de fiscalización de la objeción de conciencia que salió publicado el año pasado, pero respecto de la reparación de los anticonceptivos defectuosos, es algo que pasó en el Gobierno pasado, que este Gobierno tampoco ha hecho mucho por reparar. Por ejemplo, teniendo un catastro de mujeres afectadas y elevando los estándares de fármaco vigilancia”, sugirió.

Por su parte, la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, relevó las sugerencias que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

“Frente a la gravedad de estos crímenes, a la magnitud del problema, y al carácter estructural de la violencia, la recomendación general, obviamente, es que se deben mantener los esfuerzos para prevenir y enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas y que en particular, se deben investigar todos los casos de violencia sexual, se deben garantizar servicios de atención para las víctimas y se tiene que reforzar la capacitación que se brinda a los operadores de justicia, como las policías y el Ministerio Público, porque es una condición relevante para poder asegurar el acceso a la justicia”, indicó.

Maturana además mencionó la recomendación relacionada con la Ley Zamudio, ya que a su juicio, también está vinculada con la violencia a las mujeres.

“Se observa a nivel internacional, que las medidas que se han adoptado en Chile, como la publicación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, no resulta una herramienta suficiente para enfrentar la discriminación. Sigue siendo necesario adoptar medidas de prevención, sensibilización y capacitación en materia de no discriminación y creo que también es importante relacionarlo con el tema de la violencia contra las mujeres e igualdad de género”, dijo.

¿Cómo aplicará las recomendaciones el Gobierno?

Respecto a la disposición que ven de parte del Gobierno para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos de la ONU, tanto Canales como Maturana enfatizaron que no solo el poder Ejecutivo es el responsable de seguir estos lineamientos, sino que también los poderes Legislativo y Judicial.

En esa línea, Canales aseguró que “no es una voluntad propia del Gobierno solamente, porque esta es una revisión al Estado. Tenemos que avanzar como Estado, porque aunque el Presidente Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, presenten un proyecto de ley maravilloso, esto lo tiene que aprobar el legislativo”, señaló.

Asimismo planteó que independiente de quien se encuentre a la cabeza de los distintos poderes, es fundamental “avanzar en estas materias y que se traten como materias de Estado. En ese sentido creemos que hay que avanzar, más que circunscribiéndolo al Gobierno de turno” insistió.

Otro punto en que las directoras de Miles y Humanas coincidieron fue en sus altas expectativas frente al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en que todos los países de esa instancia evalúan su desempeño.

Sobre aquello, la directora de Humanas pronosticó que en este examen, que tendrá lugar a contar del 29 de abril, “se van a destacar nuevamente estos puntos que se han venido reiterando en el tiempo”.

“La expectativa de las organizaciones es que sea un examen al que el Estado preste la misma colaboración que observamos durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, que entregue toda la información que se le consulta, con una perspectiva de identificar en qué aspectos se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones”, concluyó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile

Directora de Corporación Humanas dio detalles de campaña que habla sobre la sociedad conyugal

Admin — Fri, 05 Apr 2024 11:11:44 +0000

Camila Maturana señaló que «aún se pone en duda la existencia de un régimen conyugal donde solo el marido administra los bienes que son de ambos”.

Aunque las mujeres son consideradas como sujetas de derecho hace años, en la legislación siguen existiendo deudas con la población femenina chilena, representada en falencias y desfases de las leyes actuales.

Siendo un ejemplo las leyes relacionadas a la violencia intrafamiliar. Pero, luego de que el gobierno pusiera en urgencia el proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, el 6 de marzo la iniciativa fue aprobada de forma transversal bajo el la norma marco de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

En el marco del 8M 2024 en Frecuencia Pública, Camila Maturana, abogada y directora de Corporación Humanas, analizó y comentó la aprobación de la esperada ley (estuvo 7 años debatiéndose en el congreso), el aborto en Chile y los avances que han habido en leyes orientadas a la mujer.

Sobre lo que se ha logrado hasta ahora, la abogada especificó que “todos los avances que se han logrado en los últimos años, décadas, siglos, se han logrado porque las mujeres han llevado adelante movilizaciones y han mantenido y aumentado la conciencia de las mujeres adultas, adolescentes y niñas respecto a cuales son nuestras necesidades, derechos y las injusticias que enfrentamos”.

Frente al retroceso al que pueden verse enfrentadas las legislaciones de cáracter feminista o al poco apoyo desde sectores más conservadores, Maturana enfatizó que “hay quienes se oponen a garantizar los derechos y la autonomía de las mujeres y las niñas. Lamentablemente es una realidad a la que debemos mantenernos muy alertas, mantenernos articuladas Y construir alianzas con otros sectores porque también hay ocasiones en que tenemos, no solo que seguir avanzando, sino que hasta defender derechos”.

Además, la directora se refirió a la campaña “Necesito un hombre”, realizada por la Corporación Humanas en conjunto a la agencia TBWA y que busca generar conciencia sobre la importancia de reformar el Código Civil en lo relativo a la Sociedad Conyugal (que data de finales del siglo XIX) Dicha normativa establece que dentro de un matrimonio establecido bajo este régimen, el marido oficia como jefe de dicha sociedad con potestad de administrar el patrimonio social y bienes propios de la mujer. Maturana comentó que “nos preocupa que (la gente) siga poniendo en duda la existencia de un régimen donde solo el marido administra, en lugar de que ambos puedan disponer de los bienes”.

Camila Maturana contó también el origen de la campaña y el caso de la señora Sonia Arce, que inspira la necesidad de reformar el Código Civil en relación a la sociedad conyugal.

Escucha y ve la entrevista completa aquí:

Entrevista en Radio Universidad de Santiago, 08 de marzo de 2024.-

Reforma a la sociedad conyugal: “Cuesta entender que todavía no se modifique este régimen que discrimina a las mujeres y las mantiene subordinadas a los maridos”

Admin — Wed, 03 Apr 2024 11:11:02 +0000

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, analiza la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal, en discusión parlamentaria hace años. “Defendemos que exista la sociedad conyugal, pero en condiciones de desigualdad estructural, en donde las mujeres se dedican en mayor medida a las tareas de cuidado y participan menos del mercado formal de trabajo, la separación de bienes no va a significar que la mujer genere normalmente un acumulado al término del matrimonio”, dice.

“Necesito un hombre. Y aunque no lo creas, tú también”.

Esta frase es parte de una estrategia publicitaria lanzada en marzo por la Corporación Humanas para captar la atención y concientizar sobre la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal. Se podría pensar que el eslogan fue creado para provocar, pero en realidad es un reflejo de la situación actual: en materia legal son muchísimas las mujeres en Chile que necesitan a un hombre. Así lo establece el Código Civil promulgado en 1855, que dicta que el marido es “jefe” de la sociedad conyugal –régimen que se aplica por defecto cuando no se señala otro específico– como tal, quien “administra los bienes sociales y los de su mujer”.

En esta entrevista, la abogada y directora de Corporación Humana, Camila Maturana, analiza y explica la necesidad de reformar este régimen que se debate en el Parlamento desde hace años.

¿Cuáles son las características principales del régimen de sociedad conyugal en Chile?

Lo interesante de este régimen es que es un régimen de solidaridad patrimonial, a diferencia de la separación de bienes, donde cada persona administra y se hace cargo de lo suyo. En la sociedad conyugal se conforma un patrimonio social con los bienes que se van adquiriendo durante el matrimonio. Este patrimonio se supone que es de ambos, el problema es que el Código Civil define que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y quien la administra.

Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido.

¿En qué se traduce en la vida cotidiana?

El marido es el que toma las decisiones respecto a la sociedad conyugal, de esos bienes que van adquiriendo durante el matrimonio, que se le llama patrimonio social. Solamente requiere la autorización de la mujer cuando se trata de la disposición de un bien inmueble. Es decir, cuando hay que vender el inmueble no lo puede vender solo, tiene que tener autorización de la mujer.

Pero además existe el patrimonio propio: es lo que cada cónyuge tenía antes de casarse y los bienes que recibe en el matrimonio a título gratuito, es decir, las herencias. El marido administra sus bienes propios, pero también los bienes propios de la mujer. Es súper grave que el marido administre los bienes sociales y propios de la mujer.

Si él tiene una herencia, no necesita pedirle autorización a la mujer para venderla. Estos bienes, los que pertenecen a cada cónyuge a título individual, no se comparten, no forman parte de los bienes comunes, pero los administra el marido, entonces ahí tenemos más claridad de cuál es el problema. Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido. En la vida cotidiana se presta para situaciones de violencia económica. La firma de esa autorización puede estar sujeta a una condición, puede exigirle una parte de la plata, por ejemplo.

¿Cómo es el caso de las mujeres que no trabajan y están dentro de este régimen?

Esperamos que la modificación permita cambiar las normas discriminatorias que existen en la actualidad. También que todos aquellos bienes que las parejas adquieran durante el matrimonio sean administrados por ambos. Debido a la regulación actual, muchas veces las instituciones financieras exigen que la mujer presente una autorización del marido y también, en otros casos, se piden certificaciones o permisos más allá de lo que la ley estipula.

¿Qué es el patrimonio reservado?

Las mujeres casadas en sociedad conyugal tienen un patrimonio reservado que son los bienes que ellas adquieren estando casadas producto de su trabajo. Es decir, si la mujer tiene un trabajo remunerado, lo que ella vaya adquiriendo es suyo y lo administra ella. Este es el único caso en que no tiene que pedir autorización al marido. Pero en condiciones de desigualdad estructural y de brechas salariales, las mujeres suelen ganar menos que los hombres, por lo tanto este patrimonio reservado no siempre es muy contundente. Y en general las mujeres destinan todo o gran parte de sus ingresos a las necesidades familiares. No van acumulando riqueza sino que la gastan en la vida cotidiana en lugar de ahorrar o adquirir bienes.

Esta regulación del patrimonio reservado fue como una reforma que hubo en 1925 para morigerar un poco la cruda discriminación que era la sociedad conyugal. Algunos académicos lo siguen entendiendo como un privilegio para la mujer, que ella pueda al final del régimen elegir si se queda con sus bienes. Este pequeño espacio para administrar que tienen las mujeres ha contribuido a la resistencia cultural para la modificación de la sociedad conyugal.

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, analiza la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal

¿Debería eliminarse el régimen de sociedad conyugal?

Defendemos que exista la sociedad conyugal, no estamos en contra. Muchas veces, para evitar tanto problema, las personas dicen ‘bueno, que las mujeres se casen en separación de bienes’, pero en condiciones de desigualdad estructural, donde las mujeres se dedican en mayor medida a las tareas de cuidado y participan menos del mercado formal de trabajo y ganan menos, la separación de bienes no va a significar que la mujer genere normalmente un acumulado al término del matrimonio. Estamos hablando de casos tradicionales, obviamente hay excepciones.

¿Por qué no se ha reformado en todos estos años?

Aunque parezca increíble, desde 1995 que en el Parlamento se están discutiendo proyectos de ley para reformar la sociedad conyugal y terminar con su carácter discriminatorio. Ha habido un interés transversal por modificar esta regulación, pero ha pasado el tiempo y eso no se ha concretado. Cuesta entender que si todos los actores políticos señalan que están en contra de la discriminación contra las mujeres, todavía no se modifique este régimen que las discrimina y las mantiene subordinadas a los maridos. También cuesta entenderlo porque han habido numerosísimas recomendaciones de los organismos internacionales de Naciones Unidas para que Chile modifique esta legislación que es discriminatoria contra las mujeres.

¿Cómo fue el caso de Sonia Arce, que también protagoniza la campaña?

En el año 2000 se presentó una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Sonia Arce. Muy en síntesis: ella estaba casada en sociedad conyugal al momento de querer vender un inmueble que había recibido de su padre en herencia. Ahí se dio cuenta de que no lo podía hacer por sí sola, que necesitaba una autorización de su marido. Una situación injusta y discriminatoria porque a sus hermanos no les exigían la autorización de su cónyuge para vender el inmueble. Ella asumió esta ruta de presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de manera que esta situación se corrigiera en general y de raíz, no solo para su caso. Independientemente de si pudiera negociar con el exmarido para que le diera la autorización o de si podía conseguir una autorización judicial para suplir la voluntad del marido porque esos mecanismos existen.

¿Y cómo se lleva a cabo ese mecanismo?

Si el marido se opone sin fundamento a dar su autorización, eso se puede suplir con una autorización judicial. Pero son trámites complejos, que la gente común y corriente no tiene por qué conocer. Las mujeres tampoco deberían estar pagando abogados para realizar un trámite solamente porque la ley impone esta condición. La demanda de Sonia tenía que ver con un cambio en la legislación que discrimina a las mujeres, y en 2007 se alcanzó un acuerdo en que el Estado quedó comprometido a derogar las normas que discriminan a las mujeres. Han pasado 17 años y el acuerdo sigue sin cumplirse, pero ha avanzado la legislación en la discusión sobre la sociedad conyugal.

¿En qué está ahora la discusión sobre esta legislación?

Hubo un proyecto en 2011 ingresado por el Presidente Piñera que terminó su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2013 y luego en el Senado ha sido sumamente lenta la discusión. Se agilizó cuando se conformó la Comisión Especial sobre Mujeres y Equidad de Género. En 2023 terminó de discutirse este proyecto de ley en la Comisión de la Mujer y pasó a la Sala del Senado que aprueba en general el proyecto, es decir, la idea de legislar. Pero se estima que era necesario volver a revisar lo que se había discutido en la Comisión de la Mujer durante tantos años. Se decidió que no es suficiente lo que se discutió en la Comisión de la Mujer y que se tiene que hacer una revisión también por la Comisión de Constitución y ahí estamos. No quisiera decir todavía que estamos entrampadas, porque quizá es un poco pronto, pero ya ha transcurrido todo marzo y la Comisión volvió a escuchar académicos que ya habían sido recibidos en la Comisión de la Mujer y han planteado algunos nudos que se supone que estaban resueltos en el proyecto aprobado por la Comisión de la Mujer.

¿Crees que se tiene menos conciencia de la violencia económica ante otro tipo de violencias contra la mujer?

Falta mayor conciencia de las múltiples expresiones de las relaciones de poder en los ámbitos en que las mujeres nos desenvolvemos y la necesidad de avanzar, que desde todos los órganos del estado se generen las acciones preventivas de estas violencia para efectivamente lograr su erradicación.

¿Falta una mejor información sobre estos temas?

El componente principal es que el Estado se comprometa a derogar las normas discriminatorias. Hay otro componente que es la obligación de mejorar la información que se entrega a las mujeres y a las parejas cuando se van a casar. Que sea comprensible para que la decisión que se tome sea una decisión informada, porque no es usual que se hable de temas patrimoniales.

También hay una cultura que asigna que no es propio para las mujeres tener preocupación patrimonial porque podemos parecer ambiciosas e interesadas. Es importante que las mujeres tengan información, que pregunten, que busquen asegurar que su independencia esté garantizada. Es un componente a mejorar, pero eso se dará cuando se esté cumpliendo el acuerdo y cuando la legislación se haya reformado.

Nuestro rol no es suplir esa falta de información, pero la campaña también busca volver a señalar que este problema sigue vigente, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no ha cambiado.

Entrevista publicada en Revista Paula el 02 de abril de 2024.-

#SuperCiudadanos: Derechos Sexuales y Reproductivos en la Constitución

Admin — Fri, 25 Mar 2022 15:07:10 +0000

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos.

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa #SuperCiudadanos conducido por Rayén Araya en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular “SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

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