La democracia no se expresa únicamente en las instituciones, sino también en las condiciones concretas en que las personas desarrollan sus vidas, ejercen sus derechos y participan en las decisiones que afectan a sus comunidades. Esta fue una de las principales reflexiones del encuentro “Democracia en la vida cotidiana: voces y experiencias de las mujeres”, realizado el sábado 3 de octubre en Casa MEMCH, en el marco de la iniciativa Nada Sin Nosotras, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

La jornada abrió un espacio de diálogo sobre las transformaciones políticas, económicas y sociales de los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast, poniendo en el centro las experiencias de las mujeres y sus preocupaciones frente al deterioro de las condiciones de vida, las dificultades para acceder a derechos y los desafíos para la organización colectiva.

Tras las palabras de bienvenida de Virginia Vargas, del MEMCH, y Sarah Harold, de la Fundación Friedrich Ebert, Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, presentó los objetivos de la jornada.

El espacio de análisis contó con las intervenciones de Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), quien abordó las transformaciones políticas y sus efectos sobre los derechos sociales y las formas de organización; Jennifer Alfaro, coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas, quien presentó los principales hallazgos de la Auditoría a la Democracia; y Tatiana Hernández y Patricia Olea, del Observatorio de Género y Equidad, quienes compartieron reflexiones sobre las emociones, experiencias y preocupaciones expresadas por mujeres en encuentros anteriores.

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De las preocupaciones a las propuestas colectivas

En un segundo momento, las participantes se reunieron en cuatro grupos de conversación: salud y acceso a derechos; seguridad y violencias; trabajo y condiciones materiales de vida; y machismo cotidiano, participación y organización.

Las conversaciones evidenciaron preocupaciones frente a la precarización económica, las dificultades de acceso a prestaciones sociales, las violencias machistas y los discursos que profundizan el miedo, la desconfianza y el individualismo.

Sin embargo, también permitieron reconocer experiencias de organización y propuestas compartidas. Entre ellas destacaron la necesidad de fortalecer la Atención Primaria de Salud, ampliar la comprensión de la seguridad desde una perspectiva de derechos, recuperar los espacios de encuentro comunitario, promover la formación política y fortalecer las redes de apoyo y solidaridad entre mujeres.

Otro de los desafíos identificados fue ampliar las conversaciones más allá de los espacios feministas organizados, reconociendo la diversidad de experiencias y construyendo vínculos entre distintas generaciones, comunidades y territorios.

La democracia también se construye en la vida cotidiana

El encuentro permitió reconocer que las preocupaciones que atraviesan la vida de las mujeres no son experiencias exclusivamente individuales, sino que están vinculadas con procesos políticos, económicos y sociales más amplios.

Frente a ello, la escucha, la organización territorial, la solidaridad y la acción colectiva surgieron como herramientas fundamentales para enfrentar las dificultades compartidas y fortalecer la participación.

Desde Nada Sin Nosotras, este segundo encuentro reafirmó la importancia de generar espacios de reflexión y articulación que conecten el análisis de las políticas públicas con las experiencias de las mujeres, reconociendo su protagonismo en la construcción de una democracia que garantice derechos y condiciones de vida dignas para todas.

Este año, ese espacio tiene un sabor particular, porque lo vivimos bajo un gobierno que está intentando restringir precisamente lo que la independencia debería garantizar: la energía colectiva, la aspiración de cambio, la justicia y la esperanza en un futuro que sea nuestro y compartido.

En columnas anteriores nos hemos referido al sentido del proyecto de Kast: una propuesta de desarrollo económico sin límites, sustentada en el mérito individual y la competencia sin fronteras, que, como parte de una corriente global de ultraderecha, intenta debilitar el orden multilateral construido desde la Segunda Guerra Mundial. Ese orden —imperfecto, siempre en disputa— fue construido para que hubiera normas compartidas de resolución pacífica de conflictos y para que nadie se quedara atrás. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son su expresión más reciente. El proyecto de Kast les es estructuralmente contrario.

Estas propuestas chocan con lo que la ciudadanía democrática ha construido con esfuerzo y en confrontación con las distintas expresiones del poder: nuevas maneras de interpretar la realidad, instituciones que reconocen derechos, políticas públicas que se abren a las experiencias y necesidades de los grupos más excluidos.

Chocan también con los cambios reales que han experimentado los vínculos personales y sociales en las últimas décadas: mayor horizontalidad, mayor respeto a las diferencias, mayor conciencia de que las desigualdades no son naturales, sino producidas y, por tanto, transformables. La propuesta jerárquica, autoritaria y punitiva del gobierno para mantener el orden no solo es regresiva: está desconectada de la sociedad que pretende gobernar.

Y la realidad está pasando la cuenta. Los intentos del gobierno de avanzar sin contrapesos se han topado con la misma institucionalidad que quiere debilitar: los alcaldes que llegaron a La Moneda con un ataúd, las comisiones reguladoras que pusieron límites, la opinión pública que se ha vuelto en su contra, y, sobre todo, el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales varias iniciativas del gobierno.

Las instituciones, por imperfectas que sean, siguen siendo el terreno donde la democracia se defiende.

Las propuestas del gobierno se están enfrentando también al juicio de la realidad económica cotidiana. El bencinazo encareció la vida, comprimió el ingreso disponible de los hogares y presionó los precios. El frenazo económico redujo la generación de empleo en un momento en que los cambios tecnológicos ya estaban disminuyendo la demanda de trabajo.

Las mujeres y jóvenes son los más afectados: el desempleo femenino llegó al 10,5% y el juvenil supera el 25%. La reducción del gasto fiscal no solo empeora la calidad de los servicios: intensifica la jornada de trabajo de las mujeres, que absorben en sus hogares lo que el Estado ya no provee, y contribuye al desempleo al eliminar programas y equipos especializados.

Algunas autoridades—como la ministra de Salud— han alzado la voz alertando sobre los efectos negativos del recorte en las condiciones de vida de la población.

Todo esto ha producido una baja sostenida en la aprobación del gobierno y un aumento del desaliento ciudadano. Pero también, bajo la fuerza de los hechos, ha obligado al gobierno a retroceder en algunas de sus posiciones más extremas y a reconocer que el Estado no puede reducirse a sus funciones punitivas y represivas: también tiene responsabilidades en el empleo, en el bienestar y en la cohesión social.

Estamos, entonces, en un momento de confrontación en múltiples ámbitos: en el debate público y los medios, en las instituciones que cristalizan demandas de igualdad, en los ministerios cuyos propios funcionarios/as dan voces de alerta. Y también en la ciudadanía.

Aunque prima un estado de pesimismo y desaliento —que es, a su manera, también una forma de rechazo—, algo está ocurriendo en los espacios donde nos reunimos, debatimos y tejemos redes.

En el campo feminista en particular: organizaciones de base, mujeres campesinas, profesionales, políticas, universitarias, organizaciones ambientales, nos estamos encontrando, reconociendo nuestras diferencias y construyendo desde ellas vínculos de libertad y esperanza.

No para llegar a un acuerdo total ni para hablar con una sola voz, sino para ejercer juntas nuestro derecho a pensar el futuro y a disputar, frente a todo aquello que se le oponga, el mundo en que queremos vivir.

*Por Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer

Mi respuesta es: la responsabilidad y la esperanza.

Responsabilidad porque estamos viviendo en un escenario político dominado por fuerzas de derecha sólo comparables a las que sustentaron la dictadura militar y sus políticas neoliberales de destrucción del Estado social, de negación de amplios sectores de la población y de sus organizaciones. No obstante, ello sucede hoy con un gobierno elegido democráticamente, con el 58,1% de los votos.

Responsabilidad frente a un Presidente con ideas marcadamente conservadoras, incluyendo el rechazo al aborto, la agenda de género y de la diversidad sexual; que da prioridad al orden y la autoridad, y en cuyo proyecto la seguridad aparece como un objetivo preeminente respecto de casi cualquier otro.

Un Presidente que no se lleva bien con la democracia liberal, tanto con sus instituciones como con sus formas, como ha señalado Carolina Tohá, exministra del Interior de Chile. Él mismo ha dicho que sus convicciones valóricas no han cambiado, que no ha renunciado a ellas, sino que están solamente postergadas. El Presidente Kast y el Partido Republicano defienden hasta hoy la dictadura de Pinochet, minimizan la relevancia de los derechos humanos y expresan su admiración por gobernantes abiertamente iliberales como Viktor Orbán, Nayib Bukele o Donald Trump.

Responsabilidad porque durante estos primeros meses hemos presenciado distintos intentos por poner en cuestión derechos conquistados por las mujeres, particularmente en materia de derechos sexuales y reproductivos. Algunas iniciativas han salido de la agenda, pero su instalación en el debate público da cuenta de sectores políticos dispuestos a retroceder en derechos. Las acciones en torno a la venta de misoprostol son también expresión de ello.

Responsabilidad porque el gobierno está recortando el presupuesto en políticas y programas, afectando con ello la vida cotidiana de miles de mujeres: en salud, educación, cultura, transportes y otros ámbitos.

También con esperanza

Porque sabemos que las mujeres mayores de 54 años constituyen el segmento social en que José Antonio Kast obtuvo el resultado electoral más bajo: sólo el 47,1% votó por él. Son mujeres que tienen memoria, que tienen historia.

Porque sabemos de los aportes del feminismo a la democracia. No sólo por una historia de lucha por el reconocimiento de los derechos de la mitad de la población y por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social y en lo cultural. Una lucha que en los años 30 del siglo pasado se refería a la “emancipación de las mujeres”, que en los 80 gritó “Si la mujer no está, la democracia no va” y que exigió “Democracia en el país y en la casa”.

Es una historia que también se expresa en la gran cantidad de leyes, políticas públicas y programas destinados a reducir las brechas de género y a atender las necesidades de los grupos más vulnerables y precarizados entre las mujeres.

Porque presenciamos la conciencia de amplios sectores de mujeres, como grupo o colectivo humano, respecto de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto en la sociedad. Mujeres que rechazan la violencia por razones de género y que hoy mismo rechazan los ataques contra derechos consagrados.

Porque existe una cultura, una tradición de organización y una capacidad de articularse para luchar.

Porque existen la amistad y la sororidad, que hacen de los colectivos un refugio y un recurso.

La tarea de hoy, con responsabilidad y esperanza

Frente a este escenario, nuestra responsabilidad es reconocer los riesgos que conlleva la acción del gobierno y no distraernos analizando los matices que hay entre nosotras. Debemos estar conscientes de esta situación y actuar en consecuencia: defender las conquistas de las mujeres y de los sectores de la diversidad de género y sexual, defender los derechos humanos de los pueblos originarios y de la población migrante.

Hoy día la tarea es hacer política feminista: cosechar lo que está en la experiencia cotidiana de las mujeres, compartir información, experiencias y emociones, compartir lo que estamos viviendo y articularnos frente a luchas concretas, principalmente de resguardo de la democracia.Se trata de resistir con esperanza a través de la organización unitaria, una estrategia arraigada en nuestra memoria: desde el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), organización feminista surgida en los años 30, hasta la lucha por la “democracia en el país y en la casa” bajo la dictadura civil-militar.

*Por Teresa Valdés Echenique, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad

Este informe recoge las voces de mujeres organizadas de distintos territorios de Chile que, a través de talleres colectivos, reflexionaron sobre los efectos de las políticas impulsadas por la actual administración en sus condiciones de vida, su bienestar, sus organizaciones y el ejercicio de sus derechos.

Lejos de ser solo un diagnóstico, este documento muestra cómo el malestar, la incertidumbre y la precarización conviven con prácticas de solidaridad, organización y resistencia que siguen sosteniendo la democracia desde abajo.

Porque comprender la realidad desde las experiencias de las mujeres es también una forma de imaginar y construir alternativas.

Lee el informe completo aquí.

Con frecuencia esta situación se interpreta como una crisis de la política. Pero el problema es más profundo. La política no parece débil porque haya dejado de ser necesaria, sino porque debe gobernar un mundo mucho más complejo que aquel para el cual fueron diseñadas las instituciones democráticas. 

La revolución tecnológica, la globalización de los mercados, la inteligencia artificial y la emergencia de nuevos centros de poder económico han reducido la capacidad de los Estados para orientar procesos que hoy trascienden las fronteras nacionales. A ello se suma la velocidad de la información y la presión permanente de la coyuntura, que obligan a los gobiernos a administrar urgencias, debilitan su capacidad para construir acuerdos y pensar el largo plazo. La política termina reaccionando frente a los acontecimientos cuando precisamente debería contribuir a orientar el futuro.

Sin embargo, ello no significa que la política sea menos importante y pueda ser reemplazada. Cuanto más complejas son las sociedades, más indispensable resulta la política como espacio de deliberación democrática. Ninguno de los grandes desafíos contemporáneos —la regulación de la inteligencia artificial, el cambio climático, las migraciones, la seguridad, la organización del cuidado o la reducción de las desigualdades— puede resolverse únicamente mediante el mercado, el conocimiento científico o la innovación tecnológica. Todos implican conflictos de intereses, decisiones éticas y proyectos de sociedad que solo pueden resolverse democráticamente.

La fortaleza de la democracia reside en esa capacidad. Las sociedades democráticas distribuyen el poder entre múltiples instituciones y actores: gobiernos, parlamentos, tribunales, organizaciones sociales, universidades, sindicatos, empresas, medios de comunicación y ciudadanía organizada. Esa dispersión constituye una garantía frente a la dominación de un único actor y favorece la competencia de ideas, la crítica pública y la innovación institucional. El pluralismo no representa una debilidad; constituye una de las principales condiciones de existencia de la democracia.

Precisamente porque reconoce la diversidad y distribuye el poder, la democracia necesita de la política. Es allí donde una sociedad decide colectivamente cómo organizar la convivencia, cómo distribuir recursos y oportunidades, cómo resolver sus conflictos y qué futuro desea construir. Ello exige fortalecer las instituciones encargadas de procesar esos conflictos y ampliar las capacidades colectivas para gobernar una realidad crecientemente incierta. La respuesta a la complejidad del siglo XXI no consiste en menos democracia, sino en una democracia más inteligente, capaz de integrar conocimientos diversos, regular nuevos poderes, anticipar riesgos y construir acuerdos legítimos

La principal fortaleza de la democracia consiste en su capacidad de aprendizaje. Ninguna institución ni ningún gobierno poseen todas las respuestas. La democracia no garantiza decisiones perfectas, pero sí ofrece mecanismos para cuestionarlas, corregirlas y reemplazarlas cuando dejan de responder al interés general. Su legitimidad no descansa en la infalibilidad de quienes gobiernan, sino en la existencia de procedimientos que limitan el poder, garantizan derechos y aseguran la participación ciudadana. En un mundo caracterizado por la incertidumbre, esta capacidad para aprender colectivamente constituye su mayor ventaja frente a las respuestas autoritarias o tecnocráticas.

Esta reflexión adquiere una importancia particular en América Latina. Nuestra región enfrenta simultáneamente altos niveles de desigualdad, violencia, fragmentación política, debilidad institucional y desconfianza ciudadana. A ello se suman profundas brechas de género, étnicas y territoriales que limitan el ejercicio efectivo de la ciudadanía y restringen la calidad de la democracia. Comprender la crisis democrática latinoamericana exige mirar no solo el funcionamiento de las instituciones políticas, sino también las desigualdades que condicionan la participación, el reconocimiento y el acceso al poder.

Es precisamente aquí donde el feminismo realiza una de sus contribuciones más importantes. Su aporte no consiste únicamente en ampliar los derechos de las mujeres. Ha sido más profundo: ampliar las capacidades de la democracia. 

Durante décadas, el pensamiento democrático concentró su atención en las instituciones políticas, las elecciones y la división de poderes. El feminismo mostró que la calidad de la democracia depende también de las condiciones sociales que hacen posible el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Allí donde persisten desigualdades económicas, violencia, discriminación o una distribución profundamente desigual del trabajo doméstico y de cuidados, la igualdad política resulta necesariamente incompleta.

Esta perspectiva transformó también el significado de la política. Al cuestionar la rígida separación entre la esfera pública y la privada, el feminismo hizo visible que la organización del cuidado, la violencia de género, la autonomía económica, los derechos reproductivos o la división sexual del trabajo no son asuntos privados, sino cuestiones de justicia y ciudadanía. Con ello amplió el campo de la democracia e incorporó nuevas dimensiones del poder que permanecían invisibilizadas.

La historiadora Joan Scott contribuyó decisivamente a este cambio al mostrar que el género constituye una categoría fundamental para comprender cómo se organizan las relaciones de poder. El poder no opera mediante el Estado o las instituciones políticas; también se reproduce en la familia, la escuela, el mercado laboral, la producción del conocimiento y la cultura. Democratizar la sociedad supone, por tanto, transformar tanto las instituciones políticas como las relaciones sociales que producen desigualdades.

En esa misma línea, Nancy Fraser sostiene que una democracia de mayor calidad requiere avanzar simultáneamente en tres dimensiones inseparables: la redistribución de los recursos, el reconocimiento de quienes han sido históricamente invisibilizados y una representación más amplia de la diversidad social. El feminismo ha enriquecido la democracia precisamente porque ha ampliado estas tres dimensiones de la ciudadanía.

Esta perspectiva adquiere especial relevancia en América Latina. Como han señalado diversas feministas de la región, las desigualdades de género constituyen uno de los mecanismos que reproducen desigualdades económicas, sociales y políticas más amplias. La autonomía económica de las mujeres, la redistribución del cuidado, la participación política y la eliminación de la violencia no fortalecen únicamente los derechos de las mujeres; fortalecen las capacidades democráticas de toda la sociedad al ampliar la participación, incorporar nuevas experiencias y enriquecer la deliberación pública.

Las reflexiones de Daniel Innerarity, Marina Garcés y Cynthia Fleury permiten comprender aún mejor esta contribución. Innerarity sostiene que gobernar sociedades complejas exige instituciones capaces de aprender, integrar conocimientos diversos y decidir bajo condiciones permanentes de incertidumbre. Garcés advierte que el principal riesgo contemporáneo consiste en que el futuro deje de ser objeto de deliberación democrática y pase a ser definido por quienes concentran el poder económico y tecnológico. 

Por su parte, Cynthia Fleury recuerda que ninguna democracia puede sostenerse sin reconocimiento, cuidado y reconstrucción de los vínculos sociales. El feminismo dialoga con estas perspectivas y las profundiza al incorporar la interdependencia y el cuidado como principios de organización democrática.

En efecto, uno de los mayores aportes del feminismo ha sido cuestionar la imagen del individuo completamente autónomo sobre la cual se construyó buena parte del pensamiento liberal. Todas las personas dependemos del cuidado a lo largo de nuestras vidas y la forma en que una sociedad organiza esas responsabilidades expresa también cómo distribuye el tiempo, los recursos, las oportunidades y el poder. Reconocer el cuidado como una responsabilidad colectiva no significa desplazar otros problemas de la democracia, sino ampliar su horizonte para incorporar las condiciones que hacen posible la sostenibilidad de la vida y de la propia convivencia democrática.

En tiempos de incertidumbre, el feminismo recuerda que la democracia no puede limitarse a administrar instituciones heredadas. Debe ampliar permanentemente sus sujetos, sus problemas, sus formas de conocimiento y sus espacios de participación. La diversidad deja de ser un obstáculo para convertirse en una fuente de inteligencia colectiva; el conflicto deja de entenderse como una amenaza para asumirse como una condición de la vida democrática; y el cuidado deja de ser una tarea privada para convertirse en una responsabilidad pública.

Quizá esa sea hoy la principal contribución del feminismo. No solo ha ampliado derechos para las mujeres. Ha enriquecido la propia idea de democracia al mostrar que una sociedad democrática requiere redistribuir el poder, reconocer la diversidad, fortalecer la autonomía de las personas y construir instituciones capaces de aprender, deliberar y gobernar sociedades crecientemente complejas. Frente a quienes proponen sustituir la política por el mercado, la tecnología o el liderazgo autoritario, el feminismo recuerda que la respuesta a la incertidumbre no consiste en menos democracia, sino en una democracia más profunda, más inclusiva y con mayores capacidades para construir colectivamente el futuro.

Por Virginia Guzmán Barcos, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer.

Entre el modelaje, la antropología y las conversaciones políticas en redes sociales, Violeta Rodó ha construido una voz propia que cruza cultura pop, activismo y pensamiento crítico. En esta entrevista conversa sobre identidad, exclusión, contradicciones y el momento político actual.

Modelaje, identidad y exclusión

¿Cómo iniciaste en el mundo del modelaje?

Uff, comencé hace ya más de siete años. En ese tiempo iba mucho a unos tecnos de la movida under que existían en esos años y que frecuentaban muches creativxs, entre elles personas que trabajaban en moda. Mucha gente me decía: “Deberías ser modelo”. Y empecé a pensar que quizás podía intentarlo, pese a que venía del mundo del activismo, que era totalmente distinto e incluso contrario; me generaba muchos conflictos.

Además, en esa época era muy raro que aceptaran chicas trans en las agencias. Finalmente, un estilista me invitó a participar en una editorial. Esas fotos las vio Felipe Correa, un agente de modelos, y me habló para entrar a mi primera agencia.

¿Cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado como mujer trans en el modelaje? ¿Consideras que difieren de los que viven las mujeres cis?

El modelaje me ha dado y quitado mucho. Cuando empecé llevaba poco tiempo de transición, así que mi carrera quedó muy ligada a ese proceso. Esta industria me otorgó la validación social de mi identidad que necesitaba en ese momento para atravesar un mundo súper hostil para las personas trans.

Pero también hay obstáculos enormes. Quienes dirigen el rubro en Chile —sobre todo el retail, donde están los trabajos que realmente podrían dar estabilidad económica— son transfóbicos. No conozco a ninguna modelo trans, que no sea una influencer grande, que pueda dedicarse al modelaje de forma sostenida o que la llamen constantemente para ecommerce, que es el trabajo que sostiene una carrera.

Más de alguna vez algún maquillador o estilista me ha dicho que había quedado seleccionada para algún proyecto y luego me bajaron cuando supieron que era trans.

Sí, hay dificultades que son distintas a las que enfrentan las modelos cis. Pero también compartimos otras: estar constantemente pendiente de la imagen, de la opinión de una industria que finalmente decide si tienes trabajo o no, es muy desgastante y genera ansiedad. Y cuando hay menos oportunidades para ti, la presión se vuelve aún mayor.

¿Cómo ves hoy la inclusión de personas trans en la industria del modelaje?

En Chile no siento que exista una integración real en el trabajo comercial. Salvo excepciones de personas que se dedican más al mundo influencer, la mayoría de las modelos trans trabaja exclusivamente en moda de autor o desfiles. Muchas de esas marcas han demostrado apoyo consistente a la comunidad, pero suelen ser proyectos que pagan muy poco o directamente no pagan.

También creo que muchas veces se instala la imagen de que el rubro es abierto porque nos invitan a eventos, campañas o desfiles, pero al momento de dar empleo real eso casi nunca ocurre.

Durante mucho tiempo tuve la sensación de que las cosas estaban avanzando y que lentamente se produciría un cambio. Pero con el auge del conservadurismo siento que eso se ha frenado. Hoy la mayoría de las campañas vuelven a responder a estándares muy tradicionales y hasta las modelos plus size tienen menos espacio.

Falta muchísimo para una inclusión real y no solo performativa.

Contradictories: habitar las grietas

Hablemos de Contradictories, esta serie de conversaciones con figuras públicas en Instagram. ¿Cómo nació la idea?

Contradictories nació de mis propias contradicciones. Después de dedicar mucho tiempo principalmente a mi carrera como modelo —y de volverme cada vez más ansiosa y autorreferente, si soy honesta— regresé de una temporada trabajando en París muy deprimida y cuestionándome muchas decisiones.

Decidí volver a la universidad y concentrarme casi por completo en mi tesis, estudiando cómo las modelos construyen su identidad. Empecé a leer mucha filosofía y apareció una gran disonancia entre lo que realmente estaba pensando sobre política, sociedad y género, y la imagen pública que había construido como modelo.

Además, sentía que, en un contexto cada vez más reaccionario, era necesario hablar y posicionarse. Pero no sabía cómo hacerlo sin negar una parte de mí.

Hasta que vi un podcast español llamado Bimboficadas, conducido por una lesbiana y una travesti muy ligadas a la moda, que hablaban de política desde ese lugar. Ese programa me voló la cabeza. Entendí que no tenía que renunciar a ninguna de mis facetas: la modelo y la activista podían convivir.

Inspirándome también en el formato de Subway Takes, surgió Contradictories como una plataforma de conversaciones políticas en formato corto.

Al final, esa es la invitación del proyecto: abrazar las propias grietas, entender que no somos lineales y que, justamente desde esas contradicciones, también podemos construir comunidad y hacer política.

¿Te gustaría llevar el proyecto a otros formatos?

Por ahora me gusta el formato “show de Instagram”. Siento que puede llegar de forma inmediata a muchas personas, pero al mismo tiempo obliga a detener el scroll y escuchar conversaciones más largas.

Sí me gustaría eventualmente hacer un podcast, pero Contradictories es un proyecto autogestionado y ya implica muchísimo trabajo. Quizás si en algún momento consigo financiamiento podría dar ese paso, pero por ahora estoy tranquila con el formato.

Antropología y conversación política

También eres antropóloga. ¿Actualmente ejerces o esa dimensión ha quedado en segundo plano?

Me encantaría trabajar como antropóloga de manera más tradicional; de hecho, estoy buscando trabajo. Recién defendí mi tesis en enero, así que me lo estoy tomando con calma, pero me gustaría mucho que ocurriera pronto.

También veo Contradictories como una plataforma profundamente antropológica e incluso como una forma de ejercer mi oficio. En el programa yo no impongo los temas: las personas llegan con sus opiniones controversiales. Al final termina siendo una especie de etnografía de lo que están viviendo y pensando las personas raras, alternativas, queer, neurodivergentes y todo el espectro FLINTA.

Solo que ocurre públicamente y queda disponible para dialogarlo colectivamente.

“Organizarnos y dialogar entre sectores”

¿Cómo crees que serán estos próximos años considerando el escenario político actual? ¿Qué mensaje te gustaría entregar a la comunidad?

Se vienen años difíciles, especialmente para las personas migrantes y trans, porque son los grupos que la extrema derecha suele utilizar como chivo expiatorio de muchos problemas sociales.

Pero también creo que esta reacción existe porque no han soportado los avances que hemos logrado. No toleran que las personas trans tengamos derechos, ni los cambios culturales que han impulsado el feminismo y otros movimientos sociales durante la última década.

Yo siempre pienso que hace no tantos años las posibilidades de vida para una mujer trans eran muchísimo más limitadas y hoy existen personas trans profesionales, modelos, académicas y en muchos otros espacios.

Por eso creo que no hay que desanimarse, sino organizarnos, conversar entre distintos sectores y construir solidaridades reales.

Me parece especialmente importante que las personas LGBTIQA+ defendamos también a las personas migrantes, racializadas y trabajadoras. Al final, quienes impulsan estas agendas conservadoras son una minoría muy poderosa, pero nosotres, organizades y siendo capaces de reconocer las vulneraciones de otres aunque no sean las propias, somos muches más.

*Por Catalina Guerra Bascuñán, pasante del área de comunicaciones de Corporación Humanas 

En distintos países del mundo -y también en Chile- han ganado espacio discursos que presentan a las instituciones democráticas como estructuras ineficientes, alejadas de la ciudadanía o incapaces de responder a las demandas sociales. Bajo la promesa de “partir de cero”, estas narrativas buscan desacreditar los avances alcanzados en democracia y promover modelos políticos que concentran poder, reducen la participación y debilitan el rol del Estado.

La filósofa francesa Corine Pelluchon advierte que estos discursos encuentran terreno fértil en sociedades atravesadas por la incertidumbre, la competencia permanente y el temor al descenso social. En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, precarización y exposición constante a redes sociales, muchas personas experimentan sentimientos de inseguridad, reemplazabilidad y desconfianza en sus propias capacidades. Frente a ello, los discursos autoritarios ofrecen respuestas simples a problemas complejos, desplazando las causas estructurales del malestar y dirigiendo la frustración hacia supuestos “enemigos” sociales, como personas migrantes, diversidades sexuales o élites políticas y culturales.

En Chile, este fenómeno se ha expresado con fuerza en el debate público de los últimos años. La idea de una crisis total, alimentada por discursos que exageran o distorsionan problemas sociales complejos, ha instalado la percepción de que la solución pasa por menos regulación, menos políticas públicas y menos institucionalidad democrática. Seguridad, migración o crecimiento económico aparecen así desconectados de las profundas desigualdades sociales que atraviesan la vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, detrás de estas propuestas no solo se disputa un modelo económico. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que queremos construir y el lugar que tendrán la igualdad, los derechos y la participación democrática en ese futuro común.

La recuperación de la democracia en 1990 implicó mucho más que el retorno de elecciones libres. También abrió un proceso de reconstrucción del vínculo entre el Estado y la ciudadanía, marcado por demandas de verdad, justicia, derechos humanos, redistribución y superación de profundas desigualdades sociales. En ese contexto, comenzaron a consolidarse instituciones, políticas públicas y mecanismos de participación orientados a ampliar derechos y fortalecer la vida democrática.

Durante las últimas décadas, además, la sociedad chilena ha experimentado transformaciones económicas, culturales y sociales que han cuestionado jerarquías históricas y ampliado las formas de entender la igualdad. Las relaciones entre mujeres y hombres, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los derechos de las diversidades sexuales y las discusiones sobre cuidados y trabajo doméstico forman parte de esos cambios.

En este proceso, los movimientos feministas y de mujeres han tenido un papel fundamental. No solo visibilizaron desigualdades históricas que permanecían naturalizadas, sino que también impulsaron transformaciones legales, políticas e institucionales que hoy forman parte de la vida democrática del país. La ampliación de derechos laborales, las leyes contra la violencia de género, las políticas de participación política de las mujeres o la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública son parte de ese recorrido.

Asimismo, el feminismo ha contribuido a instalar una idea clave para pensar la democracia contemporánea: las personas no viven de manera aislada ni compiten únicamente por recursos y reconocimiento individual. La vida social se sostiene sobre vínculos, redes de apoyo, cuidados e interdependencias que hacen posible la convivencia colectiva. Por eso, conceptos como cuidado, empatía, solidaridad y reconocimiento mutuo resultan centrales para fortalecer sociedades democráticas.

En este escenario, debilitar las instituciones públicas no es neutro. Las políticas públicas, los servicios del Estado y las institucionalidades construidas durante décadas cumplen un rol fundamental para enfrentar desigualdades y garantizar derechos. Cuando se reduce el papel del Estado o se desacredita la acción pública, los impactos no se distribuyen de manera igualitaria: afectan con mayor intensidad a quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de exclusión y vulnerabilidad, entre ellas muchas mujeres.

La institucionalidad de género es un ejemplo de ello. Su desarrollo no surgió únicamente desde el Estado, sino también gracias a la presión sostenida de organizaciones feministas, movimientos sociales, redes académicas y compromisos internacionales asumidos por Chile. Gracias a este proceso ha sido posible avanzar en políticas que reconocen las distintas experiencias de vida de hombres y mujeres, visibilizar desigualdades estructurales y promover medidas orientadas a una mayor equidad.

Fortalecer la democracia, entonces, no significa únicamente resguardar elecciones o instituciones formales. También implica construir sociedades más igualitarias, capaces de reconocer la diversidad de experiencias y garantizar condiciones de dignidad y participación para todas las personas.

En tiempos marcados por la incertidumbre, la desconfianza y el avance de discursos autoritarios, defender la democracia también es defender la igualdad, los derechos y la capacidad colectiva de construir un futuro común.

De acuerdo con el Censo de 2024, Chile tiene una población que supera los 20 millones, de ellos el 50,8% son mujeres. Desde los 43 años de edad las mujeres superan el 50% alcanzando al 69% en el tramo sobre los 90 años. Es decir, Chile se apoya fuertemente en las mujeres de edad adulta.

Con una historia que las excluyó y subordinó, sus luchas, especialmente en el periodo comprendido entre 1990 y 2025 lograron transformaciones profundas en los ámbitos político, social, económico y cultural, logrando que la igualdad de género se consolide como un valor democrático fundamental. Desde la obtención del derecho a voto, las mujeres han ensanchado la democracia. La implementación de cuotas de género (60/40) ha incrementado la presencia de mujeres en el Congreso, alcanzando un 33,5% en la Cámara de Diputadas y Diputados, y 32% en el Senado en 2026. La legislación ha aprobado sucesivamente políticas y programas destinados a mejorar su condición, a eliminar discriminaciones, a responder a necesidades específicas.

Las mujeres han aumentado su participación laboral del 36,4% en 1995 al 52,6% para 2025 y se ha visibilizado que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 25,6% del PIB, siendo las mujeres quienes aportan la mayor parte del mismo. Actualmente, encabezan el 48,6% de los hogares contribuyendo en gran medida a la reproducción social y al bienestar de las familias, pero expuestas a mayores precariedades y niveles de pobreza.

En efecto, persisten brechas profundas en el mercado laboral, en los tipos de inserción y en la brecha salarial que alcanza al 24,4% respecto de los hombres en su ocupación principal. Las tareas de cuidado son un nudo crítico para la participación laboral, ya que recaen de forma desproporcionada en las mujeres, que dejan el empleo o aceptan empleos precarios por ello. La investigación revela que las mujeres destinan diariamente, en promedio, sobre 2 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Además, el envejecimiento de la población junto a la baja fecundidad aumentan la demanda de cuidados para personas mayores.

Los dos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, el alza en los combustibles y su impacto en el costo de la vida, los recortes de programas sociales ya efectuados y los que se sugieren para el año 2027 son una mala noticia para las mujeres. El lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, como madres y cuidadoras, como trabajadoras y sostenedoras del hogar, como estudiantes con proyectos de vida, como emprendedoras, etc. lleva a que todos los recortes anunciados afecten a las mujeres y, aunque se considere que no son “políticas de género”, sí lo son. Los programas sociales y los subsidios monetarios a los ingresos y calidad de vida, en especial de los hogares encabezados por mujeres, por su impacto son políticas de género.

Actualmente, la mayor cesantía y los menores salarios de las mujeres se traducen en mayor pobreza. El 18,6% de las mujeres vive bajo la línea de pobreza versus 16% de los hombres y 7,3% vive bajo la línea de extrema pobreza versus 6,4% de los hombres. El 20,8% de los hogares encabezados por mujeres viven bajo la línea de pobreza, el 8,5% en pobreza extrema, versus 13,4% y 5,5% de los hogares encabezados por hombres respectivamente (CASEN 2024).

Al mismo tiempo, los subsidios monetarios son de gran impacto en los hogares de menores ingresos. De acuerdo con la CASEN 2024, en el primer decil, los subsidios monetarios a través de programas sociales representan el 69,4% del ingreso monetario, en el segundo decil, un 25,1%, el 15,6% en el tercer decil, el 10,&% en el cuarto, y el 7,6% en el quinto. Es decir, afectar los programas sociales significará un deterioro en las condiciones de vida de las mujeres y en especial, en los hogares encabezados por ellas.

No debe extrañar que la evaluación que hacen las mujeres de las medidas implementadas por el gobierno y las anunciadas sea más crítica entre las mujeres encuestadas por Activa Research en Pulso Ciudadano la semana pasada. Sólo el 21,7% de las mujeres se declara partidario del gobierno, el 53% lo evalúa negativamente. Para ellas la delincuencia (42%), la inflación (32,6%) y la salud (26,9%) son los principales problemas del país.

Sólo el 26% considera que el gobierno va en una dirección correcta, mientras el 45% dice que va en una dirección incorrecta. Sólo el 19,9% considera que el país está avanzando, mientras el 36,3% considera que está en retroceso. Sólo el 10,4% considera que la situación del país es buena y 49% que es mala. El 52,8% considera que la situación del país es peor que el año anterior y sólo el 33,7% considera que el año próximo será mejor, el 43% señala que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y el 54,1% piensa reducir sus gastos personales.

Sólo el 23,1% confía en que no se recortará los beneficios sociales mientras el 50,4% no confía en ello sucederá. El 91,1% considera que no se debe recortar el presupuesto en salud pública, el 84,1% considera que no se debe recortar el presupuesto en Educación, el 72,1% en Seguridad y fuerzas del orden y el 74% en subsidios sociales.

Es importante recordar que las mujeres mayores de 54 años constituyen el segmento social en que José Antonio Kast obtuvo el resultado electoral más bajo (sólo 47,1% votó por él), un sector que enfrenta mayor cesantía, mayor carga en las tareas de cuidado y elevadas necesidades en materias de pensiones y protección social.

*Imagen referencial realizada por IA

La Décimoquinta Encuesta Percepciones de las Mujeres sobre sus Condiciones de Vida y el País (2025) realizada por Corporación Humanas en conjunto con el Observatorio de Género y Equidad y la consultora Tú Influyes, muestra que un 63% de las mujeres considera que las redes sociales son actualmente un espacio de acoso y hostigamiento. Esta  percepción aumenta entre las mujeres más jóvenes, lo que explica que, en materia de  agenda legislativa se otorgue prioridad  a iniciativas como el  proyecto de la ley sobre violencia digital. Esta preocupación se inscribe, además, en un contexto más amplio   de inseguridad en los espacios públicos. El mismo estudio  revela que un 77% de las mujeres se ha sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques. 

En este escenario de creciente violencia en línea , en julio del 2025 la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado aprobó de manera unánime la idea de legislar el proyecto de ley que sanciona la violencia digital en Chile. Durante su tramitación, se recibieron  audiencias, entre otras, de la Defensoría de la Niñez, Corporación Humanas y la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (REDPERIOFEM), organizaciones que  expusieron cómo estas formas de violencia en entornos  virtuales afectan de manera estructural a mujeres, niñas, así como su impacto en personas LGBTIQ+. En dichas instancias se planteó  la necesidad de una definición amplia de violencia digital y con un enfoque integral que combine prevención, sanción, reparación, y educación digital con perspectiva de género, considerando  un contexto tecnológico  en permanente transformación.  

Este debate nacional  dialoga directamente con los avances regionales impulsados en el sistema interamericano de derechos humanos. En el marco de la XXII Reunión del Comité de Expertas del MESECVI se presentó la  Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres por Razones de Género, que propone un marco normativo común para los Estados de la región frente a una violencia que se expande en el ecosistema digital.

Durante este espacio, mujeres provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe se reunieron para reflexionar en torno a una pregunta clave: ¿qué compromisos se esperan de los Estados para asegurar la implementación efectiva de esta Ley modelo? Las  voces compartieron experiencias, urgencias y desafíos comunes, subrayando la necesidad de voluntad política real, fortalecimiento institucional y una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Además, se convocó a los Estados a actuar con decisión, recordando la importancia de garantizar  los derechos humanos también en el entorno digital, libre de cualquier forma de violencia. 

La ley modelo  define la violencia digital como toda acción o conducta basada en el género que cause daño físico, sexual y/o psicológico. “La violencia que viven las niñas y adolescentes se puede, de alguna manera, reparar a través de medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, pero también es fundamental  cerrar las brechas digitales”, dijo Mónica Maureira, vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará.

Este enfoque integral resulta especialmente relevante en un contexto donde la expansión de las tecnologías  digitales ha amplificado prácticas violentas que afectan  la integridad, la autonomía y los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. La Ley Modelo se plantea, además, como una guía para la alfabetización digital con perspectiva de género, orientada a la prevención  y a la construcción   de entornos digitales seguros. 

Bajo este escenario, avanzar  hacia una legislación más robusta en materia de violencia digital no solo constituye un desafío, sino también una oportunidad histórica para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en los espacios virtuales. La voluntad efectiva  de las instituciones, junto con la participación colectiva de las mujeres, puede abrir  paso a entornos digitales concebidos como espacios de encuentro, libertad y expresión, y no de agresión. Fortalecer la educación digital con perspectiva de género e implementar herramientas eficaces de prevención y reparación permitirá que mujeres, niñas y adolescentes habiten el entorno digital de forma segura y con dignidad, avanzando hacia una sociedad más justa e  igualitaria.

*Por Sasha Ortega Inostroza

La historia de una tía recordada por su sobrina

Para Akira, sobrina de Claudia Rodríguez Silva, su tía era “como una amiga más que nos recibió a todos. Súper amorosa, estaba atenta a todo; me presentó a mucha gente, me invitaba a sus charlas y nos regalaba maquillaje y libros. Cuando se enteró que también era mujer trans, fue más acogedora todavía”.

En un principio, la recuerda como una mujer distante de su familia, pero cercana a sus sobrinas. Hoy, en la memoria de una de ellas, Claudia Rodríguez Silva no solo es una referente del activismo trans y la escritura, sino también una presencia afectuosa que abrió espacios, vínculos y afectos.

Vida de Claudia Rodríguez: activismo y escritura

Nacida el 21 de marzo de 1968, en el Hospital Barros Luco en Santiago. Sus padres provenían de Lanco, una comuna ubicada en la Provincia de Valdivia, en la actual Región de Los Ríos. Empezó el colegio en 1973, finalizando la enseñanza media sin poder acceder a estudios superiores debido a la falta de recursos de su familia.
En 1991 comenzó a formar parte del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) – en donde inició su activismo – y que posteriormente se convertiría en el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS). Además, participó del Centro Cultural Casal Lambda, en Barcelona, y la Colectiva Lésbica Travesti Feminista Paila Marina.

Su camino en la escritura comenzó a través de los fanzines. En 2010 recibió una beca del Fondo Nacional del Libro que estaba dirigida a escritores emergentes. Fue una de las fundadoras de la primera compañía de teatro travesti en el país y presentó obras como “Historias de travestis” en 2011 y “Cuerpos para odiar” en 2015. este último una adaptación del fanzines con el mismo nombre y escrito por ella. En 2016 publicó su primer libro llamado “Dramas pobres” y que fue creado a partir de lo que ella escribió.

Distanciamiento familiar y activismo

Akira recuerda a su tía desde la experiencia íntima. Relata que a los 15 años se enteró de que Claudia era una mujer trans y señala que, cuando era pequeña, no estaba muy presente en la vida de su sobrina: “no se acercaba a mí como por estigma”. Este vínculo cambió con el tiempo, cuando ella y sus primas crecieron y comenzaron a relacionarse más estrechamente con Claudia, “con mis primas nos enseñó a maquillarnos. Fue muy cálida”, recuerda.

En este sentido, Akira cuenta que, cuando Claudia se identificó como persona trans, su familia tuvo dificultades para aceptarlo, lo que generó un distanciamiento entre ellos. Esto llevó a que Rodríguez encontrara espacio de contención y pertenencia fuera del núcleo familiar. Sin embargo, “en los últimos tiempos fue acercándose más a la familia e integrándonos a todos”, dice.

Respecto a su activismo, ella recuerda una frase que Claudia solía decir “en estos tiempos, ser mujer trans ya nos hace activistas”. Explica que ese compromiso comenzó con su transición, y se intensificó cuando ingresó a la universidad. “Salió de la universidad, empezó a organizarse, a fundar organizaciones y a seguir con la lucha contra el VIH”.

Para Claudia, el activismo era una forma de sobrevivir. “Si se le quitaba el activismo, no era ella”, afirma Akira. Fue una de las primeras mujeres trans/travestis – y una de las más visibles – en ingresar a la universidad y habitarla abiertamente siendo como es: “siento que ella al ingresar a la universidad y hacer este cambio, obviamente abrió muchas puertas”, explica Akira.

Escritura, identidad y vida cotidiana

Claudia creció en una familia de artistas, algo que Akira reconoce como una influencia clave en su vida. Así, señala que ella escribía siempre, todo el día: “si se le ocurría algo, sacaba una nota o una libreta y empezaba a escribir”, cuenta. En momentos de inspiración, se concentraba por completo en la escritura y usaba las noches para el desarrollo de sus textos. “Ahora he encontrado muchos textos escritos a mano, muchas ideas, mucho de todo. Era una escritora empedernida y muy creativa”-

Sus textos abordaban su experiencia de vida, así como vivencias de amistades y la comunidad. Y su intención con estos libros es provocar un shock en las otras personas, “sus textos son muy crudos. Reflejan la realidad con palabras fuertes. Esperaba que estos chocara y que lograra un quiebre en esa persona”, explica.

Otro rasgo reconocible de Claudia era su forma de hablar. Akira recuerda especialmente los acentos al final de las palabras, asociados al origen familiar en Lanco: “tenía un acento igual marcadito. Tiene una frase también que ocupa mucho en referencia en algunos libros que es como el yapo, niña”.

Akira agrega que no había diferencias sustanciales entre la Claudia pública y la privada. “Siempre fue la misma”, pero hace una distinción, “no hablaba de las mismas cosas con la familia, pero siempre se mantenía con su mismo pensamiento. (…) Era fiel a ella misma”. En esta misma línea, recuerda que su tía sostenía con claridad sus posturas:: “Decía que si no la aceptaban, bueno, mala suerte para la familia”.

Cuando se sentía abrumada, Claudia recurría al dibujo y a la compañía de sus mascotas, dos perros, uno de ellos llamado Marylin. “Tenía muchas pinturas en su casa. Qué es lo que más rescato porque Igual me pasa a mí porque el dibujo me relaja mucho. Y su mascota, su mascota era un gran refugio”, sostiene Akira.

El recuerdo entrañable

Consultada sobre cómo le gustaría que su tía fuera recordada, Akira destaca que “como la mujer trans activista que fue. Es decir, no influyó solamente en Chile, porque daba charlas en España y Argentina, participó en organizaciones en Brasil y que su legado quede intacto como mujer trans activista y también como tía y una hermana genial”

Agrega que lo que más extraña en estos momentos es su voz: “su voz así como ella hablaba, se escuchaba a la siguiente cuadra. (…) Cuando ella leía un poema o un libro casi daban escalofríos cuando ella hablaba, por el sentimiento, por la intensidad del texto y el sentimiento que le daba ella con la voz.

Finalmente, Akira describe a su tía como una flor roja y como un monstruo. Esto, en el sentido de que “ella no hacía esta diferencia de mujer trans, de travesti, al final ella decía que todos somos monstruos”.

*Claudia Rodríguez Silva falleció el 29 de noviembre de 2025.

Por Sofía Esturillo Sáez