Por Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas
Chile cuenta con una nueva propuesta de Constitución que será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre. Si bien se entregó un texto constitucional en los plazos definidos, el proceso que culmina no logró su objetivo principal: que este fuese resultado de un amplio acuerdo nacional, definiendo las bases para la convivencia social presente y futura.
Dados los aprendizajes que se debieron obtener del proceso anterior (2021-2022), era esperable que en esta oportunidad no se repitieran los mismos errores, y que se priorizara el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con proyección en el tiempo, en lugar de la imposición de un sector. Contrario a ello, quienes obtuvieron la mayoría en la elección de mayo de 2023 –Republicanos y partidos de derecha tradicionales– optaron por plasmar su particular modelo de Estado y sociedad, aun cuando estas ideas no generan el apoyo que una Constitución requiere para su legitimidad. Pese a las tensiones generadas en el proceso siguieron adelante, pasando por alto que el debate constitucional no es equivalente a la definición de un programa de gobierno o la dictación de leyes en determinadas materias, y que debió primar la mesura, recogiendo y acordando entre diversas visiones.
El resultado de este proceso es un texto que no tiene la transversalidad necesaria para asegurar estabilidad, profundizando la polarización política que en años recientes ha venido debilitando la adhesión ciudadana a los valores e instituciones democráticas.
Tampoco ofrece soluciones reales o duraderas, ni mucho menos certezas para la ciudadanía. El malestar social profundo por la falta de garantías a derechos básicos y la ausencia de protección frente a los abusos de determinados sectores, expresado en el estallido social de octubre de 2019, no se resolverá con esta propuesta. Más allá de la necesidad de generar un cierre definitivo a la denominada “cuestión constitucional”, lo cierto es que lo ofrecido no alcanza.
De prosperar la actual propuesta nada permite asegurar estabilidad social, política ni jurídica. Por el contrario, dadas las imprecisiones, incoherencias y contradicciones que el texto presenta, más bien se abren importantes espacios de incertidumbre, que deben ser sopesados atentamente. La propuesta constitucional debe analizarse de forma integral, en lugar de mirar norma por norma, para no caer en el riesgo de quedarse con algunas frases o enunciados bien diseñados, pero que carecen del contenido institucional que permita su garantía efectiva.