No es la primera, ni la última vez, que confrontaremos situaciones semejantes de crisis (dictaduras militares, masacres, terremotos, incendios), las que hemos sabido superar por la acción conjunta y solidaria de fuerzas políticas y sociales democráticas. Ellas han impulsado políticas que avanzan hacia la cohesión social, ponen freno al incremento de las desigualdades, reconocen, garantizan y protegen los derechos ciudadanos, sobre todo en los momentos de adversidad como la enfermedad, vejez, pérdida de empleo y desescolarización.
De allí que sea tan importante que los marcos jurídicos y constitucionales que se aprueban sean capaces de favorecer la construcción de una sociedad democrática sustentada en la igualdad, en la participación y en el respeto a la pluralidad de concepciones, formas de vida y aspiraciones. De no ser así, las ideas y concepciones de algunos se imponen a las de otros/as y las crisis se descargan en los hombros de las personas que tienen menos oportunidades, acceso a recursos y poder de decisión. Entre otros, las mujeres, los/as trabajadores, los pueblos originarios, la población rural, las diversidades sexuales