Tras un mes de trabajo (07 de junio al 07 de julio) finalizó el periodo de participación ciudadana del nuevo proceso constitucional. La reforma que reguló este proceso creó la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana; con el objetivo de incorporar las opiniones de la ciudadanía en el debate constitucional. A partir de dicho mandato, la Secretaría diseñó, coordinó e implementó cuatro mecanismos de participación ciudadana: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma, Diálogos Ciudadanos y una Consulta Ciudadana.
Junto con ello, este 21 de julio dicha instancia entregará los resultados de la participación al Consejo Constitucional para ser considerados en el debate. A la fecha, lo que hay es una panorámica general del impacto, a nivel de participación, que tuvieron los cuatros mecanismos, a partir de los propios datos entregados por la Secretaría. Las cifras preliminares dan cuenta de que se realizaron 1.309 audiencias públicas, 28.725 personas respondieron la consulta, 12.052 participaron en diálogos ciudadanos y se registraron 637.612 apoyos a iniciativas populares de norma, que equivale a un universo de 236.475 participantes.
Con relación a las Iniciativas Populares de Norma (IPN), se presentaron 1.309 entre el 7 y el 21 de junio. Sólo 31 superaron las 10 mil firmas, requisito necesario para ser discutidas por el Consejo Constitucional, en un plazo brevísimo entre el 23 de junio y el 7 de julio. Las 31 iniciativas ya fueron entregadas al Consejo y serán consideradas como indicaciones al anteproyecto constitucional, a la par de las que presenten las consejeras y consejeros, cuyo plazo venció el 17 de julio.
Este proceso de participación ciudadana no es el primero. Desde el año 2016 ha habido distintas instancias y mecanismos de participación que han involucrado a la ciudadanía con el objetivo de darnos una nueva Constitución. Sin embargo, el contexto actual es distinto y eso se ve reflejado en las percepciones en torno a este proceso constituyente, que dan cuenta de un bajo interés de la ciudadanía sobre lo que se está deliberando, de incidir en este proceso y en general, una suerte de desafección en torno a este momento.
Desde Corporación Humanas -espacio de acción, reflexión e incidencia- consideramos que la participación ciudadana es parte fundamental de los procesos democráticos y más aún en la discusión y redacción de un nuevo texto constitucional. La ciudadanía debe estar presente en todo el proceso; resulta un aporte para la profundización de la democracia y, en su carácter de derecho humano, tiene ciertos requisitos mínimos para que sea considerada incidente y relevante.
Resulta destacable el trabajo desarrollado por la Secretaría de Participación Ciudadana para generar espacios de encuentro y diálogo. Sin embargo, nos preocupa el impacto real que ésta haya alcanzado a nivel nacional, primero por el escaso tiempo para conseguir el apoyo a las iniciativas populares de norma, las modalidades de las audiencias públicas y la ausencia de campañas públicas masivas destinadas a fomentar dicha participación.
El marco normativo que rigió la participación ciudadana y el mandato de acción en el que tuvo que desarrollar su trabajo la Secretaría, resultó insuficiente para que la ciudadanía ocupe el lugar que requiere en cualquier proceso de debate constitucional. Esperamos que esto sea un aprendizaje para que en procesos y debates políticos de todo tipo se promueva a una ciudadana activa e incidente como algo fundamental y que profundiza nuestra democracia. La participación ciudadana en la gobernanza de un país es un derecho humano que impone obligaciones al Estado en el ámbito de la promoción, respeto, protección y garantía de la misma.
*Paula Salvo es abogada de Corporación Humanas.