En un nuevo capítulo de Súper Ciudadanas presentado por Corporación Humanas, estuvimos con la abogada y directora de la ONG Leasur Alejandrina Tobar. Hablamos sobre la Ley Sayén, su discusión actual en el Congreso y la vida de las mujeres embarazadas en recintos penitenciarios
En el año 2017 se ingresó en el Congreso el proyecto de ley que busca que las mujeres embarazadas privadas de libertad o con hijos/as menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena hasta que sean mayores de esa edad. La iniciativa denominada Ley Sayén nació debido al caso de Lorenza Cayahúan, una mujer embarazada que dio a luz a su hija (Sayén) engrillada en la cárcel.
El caso anterior, dice la directora de la ONG Leasur (organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad en Chile), Alejandrina Tobar, “no es aislado. Son situaciones que han ocurrido antes y siguen ocurriendo. Este año una chica de 19 años que estaba en una residencia cerrada perdió a su guagua por la falta de atención médica”. Es más, la maternidad no es sólo la instancia en la cual existe una atención de salud precaria, en general, comenta la directora, la salud en las cárceles es deficiente: “En otro caso de este año, una mujer falleció al interior de un recinto penitenciario y días previos aparecía en cámaras de seguridad pidiendo atención médica debido a los dolores crónicos”.
La realidad actual
En Chile, las condiciones sanitarias y el acceso a la salud para las mujeres privadas de libertad son significativamente deficientes. Durante la pandemia, menciona la directora de ONG Leasur, se evidenció aún más la precaria situación puesto que el Estado no proporcionaba insumos básicos de higiene, como toallas higiénicas. En general, agregó, “estos productos son proporcionados por privados, las familias y fundaciones religiosas”. Sin embargo, por las restricciones sanitarias, las mujeres no podían recibir visitas y, por lo tanto, no tenían estos insumos.
En cuanto al periodo de gestación, la situación no mejora. “Hoy las mujeres embarazadas de las cárceles no cuentan con controles esporádicos y tampoco tienen acceso a vitaminas o suplementos mínimos”, manifestó Alejandrina. Asimismo, las mujeres realizan el parto en las cárceles en circunstancias como las de Lorenza y con supervisión de gendarmes hombres. En esa línea, la directora hizo énfasis en que es necesaria una política pública con enfoque de género en los recintos penitenciarios ya que “las condiciones particulares y necesidades especiales de las mujeres no se consideran, puesto que las cárceles han sido creadas por hombres y son para hombres”.
Además, es importante desde su punto de vista que las infancias y el desarrollo de los embarazos no sean en las cárceles ya que son un contexto nocivo. “Que el niño o niña pueda crecer no rodeado de barrotes, que pueda conocer la luz del día, que pueda relacionarse con otros niños/as, que tenga una estimulación temprana, es sin duda una mejora en la calidad de vida”, señaló.
Ley Sayén
Si bien el proyecto de ley está en el Congreso desde el 2017, recién en el 2019 se presentó en el Senado y en el 2021 se aprobó en general en la sala. No obstante, ahora volvió a la Comisión de Derechos Humanos en donde se están haciendo indicaciones: “Seguimos negociando sobre la edad máxima, porque 3 años es muy poco tiempo de apego hacia la madre”, dijo la directora de Leasur.
También, comentó la directora, lo que se está negociando es lo que viene luego del plazo de tres años. Anteriormente se consideraba que al finalizar el plazo la mujer volviera a la cárcel y siguiera con la condena, pero ahora se está examinando que sea un abono a la condena y que además esta sea cometida a un control telemático. Y si se cumple el periodo satisfactoriamente, “el juez de garantía a cargo puede evaluar su comportamiento conforme a lo que diga el delegado que esté supervisando el cumplimiento de la mujer. Y, si lo hizo, puede quizás tener una remisión de condena o que pueda seguir desde la casa para no cortar el apego de los 3 años”, afirmó
Al finalizar el programa, la directora Alejandrina Tobar, enfatizó que la “Ley Sayén es una medida que busca que se cumplan los estándares internacionales mínimos en derechos humanos”. Inclusive, dijo que “cualquier medida que atienda a proteger y a garantizar derechos humanos de las personas privadas de libertad, sin duda va a favorecer la inserción e inclusión de aquella persona”.
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