En la Encuesta piloto de Violencia Intrafamiliar (ENVIF) rural 2021 realizada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Compromiso país, Fundación FUCOA y FeedBack research, indicaron que las mujeres en zonas rurales sufren un 27,6% de violencia de género. En la siguiente nota se desarrollan las situaciones de las mujeres rurales respecto a violencias y las garantías de la nueva propuesta constitucional sobre estas.
La encuesta piloto de violencia intrafamiliar (ENVIF) rural 2021, muestra que un 27,6% de las mujeres en zonas rurales sufren violencia física, psicológica y sexual. Inclusive, el rango etario de las mujeres que viven más estas violencias son las que tienen 56 años o más. La alcaldesa de Santa Juana (región del Biobío), Ana Albornoz, señaló en el medio de comunicación Resumen.cl que en los últimos años ha habido un aumento de violencia intrafamiliar en la localidad. En la nota de abril de este año dijo “nuestra administración desde que asumió ha intentado que se haga un Centro de la Mujer. Se han pedido recursos y presupuesto de género al Gobernador Regional. Queremos hacer un centro que atienda a la ruralidad. Los avances de igualdad de género no han tenido impacto en zonas rurales”.
Asimismo, en las redes sociales de la Municipalidad de Santa Juana declararon: “Necesitamos un Centro de la Mujer con pertinencia campesina para todas las provincias, sobre todo la de Arauco, la de Biobío y también las comunas más postergadas de la Provincia de Concepción como son Hualqui, Florida y Santa Juana”. La encuesta ENVIF rural 2021 también señala que, en comparación a la zona urbana, la cantidad de denuncias por VIF son mayores en la zona rural (un 29,6% y un 22,5% respectivamente).
La nueva propuesta constitucional en su Art. 242 menciona que “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra”. Por lo tanto, en caso de que se apruebe el nuevo texto deberán existir medidas específicamente para las vulneraciones y necesidades de las mujeres en el sector rural ya sea en temas de violencia de género u otros.
Otras formas de violencias
Según el Censo Nacional Agropecuario y Forestal (CAF) 2021, las mujeres que trabajan en el sector agrícola permanentemente son 24.154 mil vs 482.074 hombres, mientras que las que trabajan por temporada son 467.372 hombres y 233.271 mujeres. Es decir, en el primer caso las mujeres representan solo un 5% de la fuerza laboral y en el segundo un 33%. Estas cifras demuestran un escenario preocupante dado que en las zonas rurales la actividad laboral predominante es la ganadería y agricultura.
Además de tener esta brecha laboral, el área en que se desarrollan las mujeres rurales está atravesando una crisis transversal por el estado de nuestras superficies, el aumento de los precios de los alimentos y el desabastecimiento de las semillas, entre otras. En el primer caso, de acuerdo con el censo, la superficie agrícola tuvo una caída del 8,4% y hubo disminuciones en casi todos los usos del suelo: cereal, leguminosas y tubérculos, cultivos industriales, semilleros, vides para vinificación y uvas pisqueras; forrajeras y más. Según la columna de Francisco Corral en El Mostrador, esto se debe a que nuestra superficie se ve afectada por las sequías, desertificación y suelo degradado.
La nueva propuesta de Constitución señala sobre el punto anterior que la naturaleza tiene derechos (Art.127, N°1) y a su vez en el Art.134, N°4 el Estado debe restaurar, preservar y conservar los bienes comunes naturales (en este caso el suelo), por lo tanto, tienen que tomar medidas a futuro para garantizar su protección y restauración.
En el segundo caso, el Banco Mundial indicó que los precios de los alimentos se podrían incrementar en un 37%, un hecho que según el senador de la región de Los Ríos, Iván Flores, “significa una catástrofe humanitaria si no se toman medidas”, según lo que indicó en la Radio Universidad de Chile. Esto se explicaría por múltiples razones, entre una de ellas el deterioro de nuestras superficies.
La última de las problemáticas que se enfrentan las mujeres trabajadoras de la tierra es el desabastecimiento de las semillas. Respecto a esto, la representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Francisca Rodríguez, señaló en el mismo medio de comunicación que “la crisis que se viene frente al grano, a lo que significa para los chilenos lo básico, que es el pan y harina, va a ser tremendo”. Es por eso que la representante enfatizó que se necesita garantizar la soberanía alimentaria, pues no solo afecta a la población mundial y a Chile, sino que en su rubro más importante: el sector agropecuario.
En la nueva propuesta constitucional, Art. 54, Nº 1 establece que: “Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Con este artículo y otros, los y las campesinas e indígenas buscan una protección de la agricultura, de los pequeños y medianos productores, de la pesca y recolección artesanal, de las ferias libres y el canal alimentario agropesquero tradicional, dice la carta pública a las y los convencionales constituyentes firmada por ANAMURI y otras organizaciones.
Para finalizar, ANAMURI explicó que la nueva propuesta constitucional tiene “los sueños, anhelos y esperanzas de nuestro pueblo. No es una casualidad. Es producto del arduo trabajo que con responsabilidad y tenacidad se llevó a cabo, no solo en el seno de la convención, sino también en terreno, con los diálogos populares, las presentaciones de expertos, personalidades del mundo político y económico (…) también nosotras junto a organizaciones campesinas e indígenas, de pescadores y feriantes, trabajando día a día para dialogar, explicar y dar a conocer nuestras iniciativas, para defender e incorporar a la constitución derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a las semillas”.