Solo falta un par de semanas para que el proyecto de Constitución sea presentado por la Convención Constitucional al Presidente de la República, en una ceremonia oficial prevista para el lunes 4 de julio de 2022. Tras un año de arduo trabajo, los avances son enormes y la propuesta resulta muy nítida en relevar la dignidad humana y poner en el centro la protección de los derechos de todas las personas.
En base a las normas aprobadas por el Pleno de la Convención, la Comisión de Armonización ha ordenado el texto en 11 capítulos que contienen un total de 387 artículos. Estas propuestas de orden y redacción serán votadas por el Pleno a partir del 28 de junio. A ello se agregan las normas transitorias aprobadas por el Pleno, que permitirán la progresiva implementación de la nueva Constitución.
El proyecto de Constitución define a Chile como un Estado social y democrático de derecho y consagra un robusto catálogo de derechos fundamentales para la protección de todas las personas, incluyendo por primera vez a colectivos históricamente discriminados. A diferencia de la Constitución vigente centrada en la igualdad formal, en la nueva Constitución se plasma el mandato de la igualdad sustantiva o material y se relevan los derechos de las mujeres, de las diversidades y disidencias sexuales y de género, como también los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las personas privadas de libertad, así como los derechos de los pueblos y naciones indígenas, entre otros. Además, se destaca la relación de los derechos de las personas con la protección de la naturaleza.
La nueva Constitución señala que al Estado corresponde respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales a todas las personas, sin discriminación, proveer los bienes y servicios para asegurar su goce igualitario, y la eliminación de los obstáculos o barreras que dificultan el ejercicio pleno y la integración de todas las personas.
Asimismo, incorpora a la Constitución los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario en la materia, explicitando como obligación del Estado la prevención, investigación, sanción y reparación integral de las violaciones a los derechos humanos.
El nuevo texto constitucional inserta a Chile en el siglo XXI.