¿QUÉ ESPERAMOS LAS MUJERES DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Durante septiembre y octubre de este año, Corporación Humanas realizó una encuesta a nivel nacional centrada en la inclusión de los derechos de la mujer en la nueva Constitución. La finalidad; develar qué esperamos las mujeres de este proceso y de qué manera creemos que la nueva carta va a mejorar o no nuestros derechos y condiciones de vida.

Los resultados, recopilados en el estudio Nueva Constitución y Mujeres: “Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos”, terminaron siendo una radiografía a las expectativas y percepciones de las chilenas respecto al aporte que puede llegar a ser en sus vidas cotidianas la nueva Constitución, y develaron que un 53,8% de las 1.000 mujeres encuestadas, estima que la nueva carta tendrá un gran impacto en el avance de sus derechos. Un 33,5%, en cambio, cree que tendría un impacto menor y un 12,7% considera que no tendrá impacto alguno. A las mujeres que sí consideran que la nueva Constitución tendrá un impacto en sus derechos (tanto grande como menor), se les preguntó, a su vez, con qué tendencia política se identificaban y cuáles eran los derechos en los que creían que se iba a poder avanzar. Las respuestas revelaron que según lo que se espera, se iba a avanzar en igualdad salarial, maternidad voluntaria, derecho al cuidado y una vida libre de violencia, en ese orden y de manera transversal, independiente de la posición política.

Como explica la directora de Humanas, Mariela Infante, esas respuestas dejaron en evidencia que hay ciertos temas que se han instalado como relevantes y que tienen que ser recogidos en las agendas de los candidatos presidenciales y en la de los constituyentes. “Lo que vemos es que hay expectativas positivas y que un grupo no menor de mujeres, especialmente en el rango etario de 18 a 30 años, tiene fe que la nueva Constitución va a mejorar sus derechos. Y además, es interesante ver, si comparamos con nuestras encuestas anteriores, que el ámbito laboral y la igualdad salarial siempre aparecen como preocupaciones prioritarias”, explica Infante. “La interpretación que hacemos es que no se trata únicamente de la necesidad de generar recursos, sino que nuestra capacidad de entender que la autonomía económica nos permite a su vez ejercer otros derechos; nos protege en una situación de violencia doméstica, por ejemplo, porque podemos abandonar al agresor si es que contamos con participación laboral. Estamos en un país en el que los derechos sociales no están garantizados y dependen del nivel de ingreso de la persona, por lo tanto desde ahí que la igualdad salarial siempre aparece dentro de los primeros derechos a considerar”.

A esto se le suma que gran parte de las encuestadas, independiente de su postura política, está de acuerdo con que es el Estado el que debe garantizar y resguardar estos derechos. De hecho, frente a la pregunta “¿Qué tan de acuerdo estás con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a asegurar que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo por el mismo trabajo?”, un 76,5% respondió que estaba muy de acuerdo; cuando se preguntó si el Estado debe aplicar políticas públicas de prevención, atención y reparación de la violencia de género, un 72% respondió estar muy de acuerdo. A su vez, un 71,3% respondió estar muy de acuerdo con que el Estado debe asegurar el acceso a la educación sexual en escuelas, y un 67,8% que el Estado debería estar obligado a asegurar que todas las personas dependientes reciban los cuidados apropiados. Como explica Infante, esto da cuenta de que existe una visión compartida en las mujeres respecto a que se necesita una intervención pública para poder desarmar las desigualdades estructurales que vivimos. “Estas desigualdades están en las instituciones y en nuestras conductas cotidianas, por lo tanto ahí es el Estado el que tiene un rol importante que cumplir. Eso ya lo entendimos, al menos en lo discursivo”, explica. “En el eje izquierda hay mayor apoyo a que el Estado intervenga de manera permanente, pero en las mujeres que se identifican con la derecha también hay apoyo significativo, al menos para que intervenga de manera temporal, y eso hace algunos años atrás era impensado”.

De hecho, como explica la especialista, considerando que un 21,72% de la población votó rechazo en el Plebiscito nacional del 2020, es interesante ver que hay mujeres dentro de ese espectro que igual están esperanzadas con el proceso constitucional. “Hay mujeres que no querían un cambio en la Constitución, pero a pesar de eso, ahora piensan que sus vidas pueden mejorar. Quizás esa idea de polarización que tanto se quiere plantear desde los medios, no es tan así y lo corroboramos con las mujeres. Quizás como hemos sido ciudadanas de segunda categoría por tanto tiempo, independiente de nuestra visión política, estamos de acuerdo con que hay discriminación histórica y luego de un mayo feminista, podemos identificarla. Hay un movimiento social que impulsa esta constituyente diversa y, al menos en lo discursivo, hay ciertos acuerdos”.

Es eso lo que llama la atención cuando se pregunta por el derecho a ser cuidados y cuidar: “Que más de un 67% considere –o está muy de acuerdo– que es un derecho cuyas condiciones deben estar garantizadas por el Estado, da cuenta de que el feminismo ha logrado sacar de lo privado, o de los hombros de las mujeres, temas que antes permanecían en esa esfera y que ahora se han posicionado en lo público y por ende tienen que estar resguardados. Entendimos que todas las desigualdades que se dan en lo privado tienen un correlato en lo público”, explica Infante. “Con este estudio vemos que ya no creemos en el concepto de igualdad abstracta y que necesitamos que nuestras realidades sean especificadas y nombradas. Y a eso se le suma que pasó a ser importante la intervención del Estado, aunque no sea permanente, en cuestiones que antes se entendían en la dicotomía de lo público-privado”.

Y es que hasta hace unos años era impensado hablar de un sistema nacional de cuidados; y plantear que los cuidados son una responsabilidad social, en la que debiesen estar involucrados tanto el Estado, sus instituciones, el sector privado y las familias extendidas (más allá de madre y padre) era, como explica la subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer, Virginia Guzmán, un discurso atribuido a la izquierda. “Pero lo que está pasando es que es un tema que ha sido abordado por distintas agendas; la de abogadas y economistas feministas, que plantean una economía que incluye tanto a productores y reproductores, que no se limite a lo mercantil, y la agenda medioambiental, entre otras. Es un tema que tiene la virtud de unir posturas”.

En especial luego de casi dos años de pandemia, en los que se develó la insostenibilidad de la actual organización social de los cuidados, que recae en mujeres y que intensifica las desigualdades económicas y de género. Porque hoy por hoy, si bien en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio de Desarrollo Social impulsó el programa Chile Cuida, que forma parte del Sistema de Protección Social del Estado y por el cual se busca acompañar y apoyar a las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras, no existe una ley que establezca que el cuidado es un derecho que se adquiere desde que nacemos hasta que morimos. Y Según la encuesta Casen realizada en 2017, un 19,4% de las mujeres chilenas mayores de 15 años se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres domésticos.

“El estudio evidencia el contraste entre lo que se está hablando a nivel de sociedad civil y lo que está pasando en la esfera política”, comenta Guzmán. “Estos son los temas importantes que los candidatos debiesen considerar. Detrás del tema de cuidados, y los aportes del cuidado a la economía y el PIB, está también la idea de la importancia de la calidad de los vínculos sociales. Cuando sacamos el cuidado de la esfera del trabajo y lo empezamos a ver como algo societal y también como la capacidad de generar vínculos sociales que permiten la creación y el desarrollo personal y colectivo, ahí adquiere la importancia política que tiene”.

A eso Infante le suma que los resultados de la encuesta marcan ciertas prioridades que los políticos –tanto los candidatos presidenciales como los convencionales constituyentes– deberían considerar. “Hay alertas, como que más de un 70% quiere que el Estado tenga que generar políticas de educación sexual preventiva; que la violencia contra las mujeres se aborde desde lo preventivo y no desde lo punitivo; o que los cuidados sean un derecho garantizado. Pero cuando revisamos los programas con los que se presentaron los convencionales electos, menos de un tercio habló de los cuidados. Estos son temas que hay que empezar a recoger”.

Artículo publicado en Revista Paula