Hace un par de días el Frente Amplio presentó un proyecto de reforma constitucional para incorporar el mecanismo de la paridad para las próximas elecciones parlamentarias. Esta iniciativa, que integra el mismo mecanismo de elección que el utilizado para la paridad en la Convención Constitucional, se une a otras propuestas de diferentes coaliciones y partidos que no encuentran razones para mantener la subrepresentación de mujeres en las elecciones que tendrán lugar en el mes de noviembre y en general en los órganos del Estado.
La marea feminista, con el apoyo de la ciudadanía, encontró en el plebiscito por la nueva Constitución un respaldo sustantivo a la paridad para la Convención Constitucional. Es de sentido común que la democracia requiere de las voces y experiencias de las mujeres que en toda su diversidad participan de la vida social y política, de partidos, organizaciones barriales, movimientos sociales, empresas, entre otros, pero que difícilmente están presentes en la toma de decisiones.
Las feministas, sus organizaciones y movimientos tenemos claro que el derecho a participar de instancias políticas no se limita a la adquisición del voto, sino que en la posibilidad real de ser elegidas. Se trata de ser ciudadanas plenas.
Además, de acuerdo a las encuestas realizadas por Corporación Humanas durante el año 2020, la paridad es para una gran mayoría de las chilenas un componente central para avanzar hacia la igualdad de género, más aún en un contexto de pandemia en el que ha quedado al descubierto que la discriminación sistémica de género y la escasa participación de mujeres en las decisiones políticas han impedido, entre otras cosas, visibilizar el impacto diferenciado que esta ha tenido para nosotras.
El problema de fondo sigue siendo la voluntad política del colectivo masculino que concentra el poder político para avanzar hacia su democratización. Para quienes estamos convencidas que la paridad es una estrategia necesaria para avanzar hacia la igualdad de género y con ello hacia una democracia inclusiva, no existen razones para esperar el término de la Convención y luego los cuatro años entre una elección y otra. La mejor forma de apoyar el proceso constitucional, en el que sin duda la paridad será un tema central, es desde ya avanzar hacia un Congreso paritario. Poco importa quienes presenten un proyecto u otro, el objetivo de las feministas se juega en el proceso y en una estrategia común para lograrlo. Los partidos políticos representados en el actual Congreso, tendrán que mostrar credenciales democráticas en relación a cuán dispuestos están a empujar la igualdad de género en esta materia, más aún cuando el Estado ha adoptado acuerdos regionales que apuntan en ese sentido y lo comprometen, tal como lo establecen la Estrategia de Montevideo o la propia Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW).
Las feministas, sus organizaciones y movimientos tenemos claro que el derecho a participar de instancias políticas no se limita a la adquisición del voto, sino que en la posibilidad real de ser elegidas. Se trata de ser ciudadanas plenas. Se requieren de mecanismos concretos que permitan corregir las desigualdades que en la práctica nos limitan el acceso al poder. Conquistado ese derecho a plenitud, podremos hacer valer nuestras luchas, nuestras demandas y nuestras diferencias y diversidades.
Esperamos que el proyecto presentado recientemente y otras iniciativas, que, con distintas estrategias, apunten a lograr la paridad desde ya, permitiendo un proceso de confluencia entre partidos y organizaciones que mire más allá de las contiendas electorales coyunturales y entienda que después de la revuelta política social del 18 de octubre Chile requiere más y mejor democracia.